Prácticamente no ha pasado un día desde que inició esta ya no tan nueva administración, sin que se sigan acumulando víctimas como consecuencia de la pronunciada curva de aprendizaje, y sobre todo de las decisiones y omisiones gubernamentales que tienden más a la deconstrucción del país que a su transformación. Probablemente las primeras víctimas que vienen a la mente sean las más de 20 mil personas asesinadas -y sus familias- en estos casi ocho meses en que, a pesar del compromiso asumido por López Obrador y la creación de la Guardia Nacional, no han podido disminuir o siquiera contener los índices de violencia que lamentablemente están rompiendo los récords de homicidios.
Pero el número es mucho mayor y de distinta naturaleza, pues también se deben tomar en cuenta por ejemplo a las decenas de miles de personas que perdieron su trabajo por las supuestas políticas de austeridad y que pertenecían a los niveles medio y bajo de la burocracia -que muchas veces son los que realmente hacen que un gobierno funcione-, sin que mediara una evaluación a su desempeño, o siquiera una explicación y una liquidación justa.
A ello hay que sumar a los pacientes que no han podido recibir en tiempo sus tratamientos médicos por insuficiencia de personal o desabasto de medicamentos, a quienes se han visto limitados en el ámbito laboral por no tener con quien dejar a sus hijos ante la desaparición del programa de estancias infantiles, y a los que han quedado desempleados por la falta de inversión privada ante la incertidumbre y desconfianza que han generado las medidas adoptadas por el gobierno -como la cancelación del nuevo aeropuerto-, así como las clausuras o la negativa para otorgar permisos en el sector de la construcción.
No queda del todo claro si realmente no están conscientes de las consecuencias de sus actos y siguen pensando que con el mero voluntarismo es suficiente para lograr el esperado cambio en el país, o estamos ante un cálculo perverso que no tiene otro objetivo que desmantelar las instituciones democráticas, eliminar cualquier contrapeso y asegurar los recursos suficientes que les permitan construir clientelas electorales con las cuales garanticen su permanencia en el poder.
No parece fortuito que buena parte de los esfuerzos del grupo gobernante se hayan destinado a intentar capturar a los órganos reguladores como sucedió con la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuyos presidentes y algunos comisionados “sorpresivamente” decidieron renunciar a sus cargos, o a la descalificación permanente, asfixia presupuestal e iniciativas que pretenden la sustitución de organismos constitucionales autónomos como el INAI, el INE y la CNDH.
Tampoco se han salvado las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Los acontecimientos de los últimos días son muy ilustrativos. Después de una confrontación directa con el ombudsperson ante la recomendación que emitió sobre la cancelación del programa de estancias infantiles -lo que no se había visto ni en los momentos de mayor tensión con los respectivos gobiernos a lo largo de sus 27 años de existencia-, el presidente reclamó a algunos medios de comunicación por sus posturas críticas -como al periódico Reforma y la revista Proceso-, y los llamó a que tomaran partido por su gobierno en lo que se pudiera interpretar como una sutil advertencia. Otro hecho reciente que ha generado preocupación y suspicacia, es la destitución del secretario ejecutivo del Coneval, justo en el momento en que se preparaba para auditar los programas sociales creados por este gobierno, y unos días después de que Hernández Licona se negara a asumir los recortes presupuestales que podían poner el riesgo la operatividad de esa respetada institución. Son ya muchas las víctimas de la llamada 4T, y todo indica que seguirán acumulándose.