Las tecnologías de la información y la comunicación históricamente han determinado el rumbo de las civilizaciones. Son herramientas sumamente valiosas, útiles para propiciar el desarrollo de las sociedades, su avance en lo económico y mejores condiciones para el bienestar de los individuos. Su centralidad es reconocida por la comunidad internacional, que cada 17 de mayo celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en conmemoración de la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado de Naciones Unidas en ese rubro; así como la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865, celebrado para regular la telegrafía, incluyendo su uso uniforme y principios comunes sobre tarifas.
Vale señalar que la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 también ha hecho patente la relevancia que tienen los dispositivos, herramientas e infraestructura tecnológicas en el plano del trabajo y de la economía. En el contexto de la pandemia, la continuidad de actividades familiares; sociales; comerciales; empresariales y públicas, se ha sostenido en la utilización de programas de cómputo, aplicaciones, conexiones a Internet y dispositivos digitales. Esto hizo evidentes las asimetrías que existen para el acceso equitativo a las tecnologías, tanto a nivel global, como en nuestro país en lo particular.
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet, la penetración de esta herramienta digital es del 74% entre las personas mayores de seis años; en lo que respecta a la conectividad de hogares, de acuerdo con la OCDE, con información de 2019, México se ubica en el penúltimo lugar de sus miembros, con un porcentaje de 56.4. Estos datos son una muestra de los retos pendientes que deben afrontarse para materializar las disposiciones contenidas en el artículo 6 de la Constitución, que establecen que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Esto hace primordial que el diseño e implementación de las políticas públicas en la materia se basen en un enfoque de garantía de los derechos de las personas, que procure la construcción de un esquema de reducción de las desigualdades en cuanto a conocimiento, acceso y goce de los avances tecnológicos.
La vida ha cambiado en el contexto de la emergencia sanitaria y es posible adquirir importantes aprendizajes de esto. Por ejemplo, es claro que es primordial maximizar las oportunidades que ofrece la tecnología para los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Su uso hace posible acercarse a una amplia oferta de contenidos educativos, a herramientas que fomentan el ejercicio de la creatividad y el intercambio cultural.
De igual forma, en el rubro del trabajo, es muy probable que la adaptación al desarrollo de actividades laborales de forma remota perdure e, incluso, se acentúe en lo futuro, por lo que habrá que invertir esfuerzos en mayor capacitación y creación de capacidades digitales en la población, pues de lo contrario, se estaría acentuando una circunstancia de desigualdad digital que tendría consecuencias de exclusión y rezago en la población. El reto para el Estado mexicano es encontrar las formas para promover los avances tecnológicos y asegurar que estos y sus beneficios sean asequibles de manera amplia, equitativa y segura entre toda la población.
Las tecnologías son aliadas indispensables para la recuperación económica y social de nuestro país, que tiene desafíos importantes que atender en cuanto al desempleo y el cierre de empresas. En este contexto, la alfabetización digital y el acceso universal a las distintas herramientas informáticas son aspectos para considerar en el corto y mediano plazo.
Al respecto, es importante abrir un debate en la sociedad para poder establecer las diferentes acciones que tendrían que acompañar la instauración de un modelo de ampliación tecnológica para México. Para ello, sería pertinente sumar las ideas que surgen en diversas instancias sobre el tema, por ejemplo, las expuestas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en su informe especial “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del covid-19”, propone a los países de la región garantizar a sus pobladores una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones, consistente en una computadora portátil, un teléfono inteligente, una tableta y la conectividad a Internet, para aquellos hogares que no cuenten con ella.
De acuerdo con el análisis del organismo económico, la propuesta tendría un costo anual por debajo del 1% del PIB. Este planteamiento tiene un enfoque claro acerca de la fuerte relación que existe entre el desarrollo económico, la salvaguarda de los derechos de las personas y el bienestar de las naciones. Las tecnologías tienen que ser utilizadas para construir un futuro post-pandemia en mejores condiciones para las personas, con inclusión y sustentabilidad.