El Congreso cerró su periodo ordinario de sesiones con algunos pendientes legislativos: En el Senado, la reforma política del DF, los límites a las deudas de los estados; y en diputados, la reforma anticorrupción.
Sobre la reforma que elevaría al Distrito Federal a rango de entidad federativa, senadores del PAN y PRD se acusaron mutuamente de no tener voluntad para avanzar en este tema, políticamente acariciado por muchos.
Sobre la limitación de la deuda pública que pudieran contraer las entidades federativas, fue un tibio intento de moderar la facultad para endeudarse que quedó sólo en atribuirle al Senado la facultad para observar los montos. Vaya reforma, caray.
Por cuanto a la reforma que debió de impulsarse entre las primeras, derivada del compromiso 85 y 86 del Pacto por México, pareciera que el tema anticorrupción ha quedado premeditadamente hasta la última de las últimas, y de ser necesario para la clase política, puede postergarse quizás para la siguiente legislatura, o mejor, para el siguiente sexenio.
La parte nefasta del sistema político mexicano está compuesta de dos clases de integrantes: Los aduladores y los simuladores. Los primeros son aquellos que tratan a toda costa de agradar a su superior jerárquico, -incluso- pasando por encima de los demás; los segundos son los que tratan de mostrar una realidad, política o de conocimiento, para ilusionar o sorprender a su superior jerárquico, sus compañeros o subalternos, con manejo o apoyos políticos, muchas veces inexistentes. En ambos casos el propósito es obtener un beneficio económico a cambio de su lealtad. De estos hay enquistados en los tres órdenes y en los tres niveles.
Es probable que esa parte nefasta arriba señalada sea la que trate de evitar a toda costa que sea aprobada la reforma anticorrupción, anhelada por la ciudadanía, cuando en estos momentos el hilo se rompió por lo más delgado.
La crisis en el PRD y su militante incómodo en la persona de José Luis Abarca y el silencio político de su dirigencia en los señalamientos que hace José Luis Mireles a la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza de pertenecer a la organización delictiva de los Caballeros Templarios, mientras que se da a conocer que el exgobernador de Baja California posee una isla en el Pacífico mexicano para su goce y disfrute presuntamente adquirida con recursos del erario público y la colisión vehicular del delegado en Iztapalapa a bordo de un vehículo de un contratista, y otros más.
La Casa Blanca, escándalo derivado de la cancelación de la licitación del Tren Rápido México Querétaro y que para la Presidencia es asunto terminado, el escándalo de la administración del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo, los señalamientos al Fiscal de Jalisco de pertenecer al crimen organizado, la presunta participación de la Policía Federal y del 27º Batallón de Infantería del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la desaparición de los documentos comprobatorios de la deuda de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira, la percepción de injusticia en la inocencia y devolución de todos los bienes confiscados a Raúl Salinas de Gortari y otros más.
Por supuesto, en el PAN no podía faltar el tema de los moches, expresión tan socorrida por diputados de todos los grupos parlamentarios, entre otros, claro.
Un alto en el camino para señalar que se ha dicho que el presidente debe pedir perdón, pero la realidad sería como que no se ha sabido leer e interpretar el reclamo social y con ello, podría enviarse el mensaje de insensibilidad y de autoritarismo. Las formas también hablan.
Este tema de la corrupción parece que es el talón de Aquiles de la administración del presidente Peña Nieto, ya que según la calificadora Standard & Poors se asoman riesgos importantes relacionados, claro está, con la corrupción.
Mientras en el Congreso transitaban las reformas educativa, energética, laboral, financiera, hacendaria, la reforma anticorrupción era subestimada y vista como el patito feo por algunos.
En contraste, si uno de los primeros compromisos en salir adelante haya sido la anticorrupción, es probable que las crisis derivadas como consecuencia de hechos como Tlatlaya, Ayotzinapa, por citar algunos, pudieran haberse realizado un mejor control de daños.
Ahora que el tema se va a posponer hasta 2015, deberá hacerse bajo la influencia mediática y presión política del proceso electoral federal en curso, pero parece que difícilmente se aprobará la propuesta que el Ejecutivo Federal y los Gobernadores encabecen el organismo anticorrupción.
Debe revisarse un esquema de participación y decisión ciudadana, le pese a quien le pese. La transparencia no es negociable en un país vulnerado y corrompido.