Opinión

Las radiodifusoras indígenas: una cuestión de derechos

Es importante el papel de la radio como instrumento funcional para la preservación de la identidad comunitaria. | Areli Cano

  • 07/07/2021
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Nuestro país se caracteriza por una amplia diversidad cultural y étnica, derivado de los múltiples pueblos originarios que hay en el territorio nacional. Es necesario admitir que estas comunidades indígenas, durante el trayecto histórico de la nación, no se han visto incorporados de manera plena al desarrollo económico y social en México, lo que ha resultado en condiciones de precariedad y marginalización en múltiples ámbitos.

En el terreno de los derechos, hasta hace poco tiempo se empezó a construir un andamiaje normativo orientado a la salvaguarda de las prerrogativas de los colectivos indígenas, así como de sus expresiones culturales y su patrimonio.

En este sentido, uno de los aspectos que han tenido un especial impacto en la vida de las comunidades originarias, desde mediados del siglo pasado, es el uso de la radiodifusión como instrumento de comunicación de alcance comunitario, que ha servido para preservar su cultura y sus formas de organizarse.

Con la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos de los pueblos indígenas, se incorporó en nuestra norma fundamental, específicamente en el artículo 2, apartado B, fracción VI, la obligación del Estado de extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicaciones, así como del establecimiento de condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos legales para ello.

A inicios de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió sobre el amparo directo en revisión 603/2019, en el cual una asociación civil concesionaria de radiodifusión indígena solicitó la protección de la justicia federal para ser excluida del pago de los derechos de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, alegando la existencia del derecho de los pueblos originarios a que se instauren acciones afirmativas en la operación de medios de comunicación.

Al analizar el asunto, los integrantes de la Primera Sala de la Corte estudiaron el marco normativo en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se establece que la finalidad de otorgar una concesión de radio a las comunidades indígenas es promover el desarrollo y preservación de su cultura, tradiciones y normas internas bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas, todo esto sin fines de lucro.

Asimismo, del examen al bloque de constitucionalidad, incluyendo instrumentos internacionales tales como el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas; los integrantes de la Primera Sala de la Corte concluyeron que las comunidades originarias tienen un derecho constitucional a gozar de medidas remediales en lo tocante a la adquisición y a la operación de los medios de comunicación. Este razonamiento derivó en la consideración de que, siendo el pago de derechos una condición central en la operación de las concesiones indígenas, las acciones en su favor son especialmente relevantes, considerando que su uso no es lucrativo.

Con base en lo anterior, se tuvo como inconstitucionales a las disposiciones que establecían el pago por las concesiones de radiodifusión indígena, al considerarse que el legislador tendría que haber establecido medidas diferenciadas en la materia. Así, ordenó dejar insubsistente cualquier acto de aplicación de la obligación de pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico de los promoventes.

La decisión de la Corte permite advertir cómo, el establecimiento de una medida de índole económica con apariencia de igualdad, puede convertirse en una medida restrictiva para el ejercicio de las libertades de expresión e información de un colectivo en situación de inequidad.

Asimismo, dota de efectividad al derecho de los pueblos originarios de tener acceso a los medios de comunicación, en este caso, la radio. De esta forma, podrán continuar difundiendo, en sus lenguas, información útil para las comunidades, cuestión que sirve de paliativo ante el analfabetismo aún presente, que impide que muchas personas tengan acceso a otras fuentes, como sería la prensa o la radio comercial. También es importante el papel de la radio como instrumento funcional para la preservación de la identidad comunitaria y que ayuda a evitar la asimilación cultural y la imposición de formas de ver el mundo que diluyen la cultura originaria.

Nuestro máximo tribunal se ha posicionado como una instancia que apuntala las libertades de los pueblos indígenas en nuestro país. Vale señalar como un precedente importante que, en 2016, en la revisión de un amparo interpuesto por el escritor y periodista Mardonio Carballo, la misma Primera Sala declaró inconstitucional una porción del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establecía la obligación de las radiodifusoras comerciales para usar en sus emisiones el idioma español, limitando el uso de las lenguas originarias únicamente a las concesionarias indígenas. Decisiones como la que se reseñan en estas líneas, dotan de regularidad constitucional a los instrumentos legislativos, en un ejercicio jurisdiccional que tiene la intención de proveer el entorno adecuado para alcanzar los postulados constitucionales en lo que atañe al desarrollo económico y social de los colectivos originarios, como sujetos de derechos.

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