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Las prioridades

No todo está perdido en el país.

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Escrito en OPINIÓN el

En el penúltimo día del periodo ordinario de sesiones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Sección Instructora para desechar la solicitud de juicio político, en contra del diputado del PRI, Tarek Abdalá, quien es señalado por la Fiscalía de Veracruz por las acusaciones que hizo Mauricio Audirac Murillo, ex secretario de finanzas de esa Entidad en contra de Abdalá por un fraude por 220 millones de pesos en contra de la Comisión de Agua del Estado (Animal Político, abril 10, 2017 http://tinyurl.com/kngxfh4).

La Sección Instructora en voz de su presidente, el también diputado del PRI, Ricardo Ramírez Nieto, afirmó que Abdalá cuenta con un amparo, lo que imposibilita establecerle responsabilidad política (Noticias MVS con Luis Cárdenas, abril 29, 2017, en http://tinyurl.com/luogm95).

Cabe recordar que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados es un órgano político, no jurisdiccional y, por tanto, sus atribuciones no se encuentran vinculadas a las resoluciones de los demás poderes de la Unión.

Ante uno de los mayores escándalos de corrupción e impunidad, como lo es, la corrupción en la administración veracruzana del ex gobernador Javier Duarte de Veracruz, nuevamente la impunidad encuentra un nicho de desarrollo, en las decisiones de quienes aprobaron desechar el juicio político. Lamentablemente no es el único, ya que se cree que otros 22 gobernadores en funciones y ex gobernadores podrían estar involucrados en graves escándalos de corrupción.

En este escándalo, junto con el escape de Karime Macías, esposa de Duarte, quien huyó a Londres junto con sus hijos, se sospecha de la protección oficial, toda vez que cabe la posibilidad de que cuando la autoridad argumentó que fueron confiscados miles de euros a un concuño de Duarte en el aeropuerto de Toluca y antes de partir a Guatemala para presuntamente encontrarse con los Duarte, este dinero haya sido entregado a Macías para su escape y sin que ella haya sido citada a comparecer, habiendo sospechas fundadas para ello.

También en la Cámara de Diputados, el diputado suplente Antonio Tarín García sobre quien pesa una orden de aprehensión expedida por la Fiscalía de Chihuahua por el posible delito de peculado en su desempeño como director de adquisiciones del gobierno de César Duarte en esa entidad norteña, pidió que se le tomara la protesta de ley, porque dijo que posee un amparo que lo protege en contra de la acción de esa representación social. Vaya cinismo de este personaje.

No obstante, los graves problemas de credibilidad que tiene el Estado mexicano, se le suman los de inseguridad en el país. El secretario de salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, advirtió del problema sanitario en esa entidad por la grave acumulación de cuerpos sin identificar, derivados de la acción de la delincuencia que azota a Guerrero (Proceso, abril 26, 2017, http://tinyurl.com/kjvlqzo).

Aquí no sólo se trata de la penosa identificación de cadáveres, sino de las fallas estructurales, tácticas y operativas de la seguridad de Guerrero, sino la posible penetración del crimen organizado en las estructuras políticas y de seguridad, para mantener llenos los espacios de las morgues en las localidades guerrerenses.

El problema es estructural, porque involucra a su clase política; es operativo y táctico, por la pobre o nula capacidad de respuesta de la Fiscalía de ese Estado. Esto quizás pueda replicarse en otras entidades como Tamaulipas, cuando la semana pasada Reynosa se manchó de sangre al dar muerte a dos capos.

Pero ante tan graves escenarios de corrupción, impunidad e inseguridad, no todo está perdido en el país. También antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, y no menos importante en su contribución a la polinización de las plantas y al ciclo de vida, se legisló para establecer el “día de la abeja”, en una magna aportación legislativa que contribuye y prioriza en la solución de los grandes problemas del país.

@racevesj