Como cada inicio de periodo de sesiones del Congreso, por disposición legal los grupos parlamentarios presentaron sus respectivas agendas legislativas que generalmente incluyen un largo listado de temas muchos, de los cuales se quedan en el tintero o únicamente turnan las correspondientes iniciativas a comisiones sin que siquiera se analicen, pero hay algunas otras que son prioritarias -particularmente para el grupo mayoritario que por la correlación de fuerzas son las que tienen posibilidades reales de prosperar- que se pondrán a discusión e incluso podrían ser aprobadas en los próximos tres meses.
Entre los diversos temas que se han anunciado podemos mencionar la reforma al artículo 4º constitucional para elevar a rango constitucional la política social del gobierno, la regulación de la cannabis para uso medicinal o su aprobación para fines lúdicos, la regulación del outsourcing, así como dotar de mayores facultades a la UIF para el combate al lavado de dinero, y están pendientes la ley de amnistía o la eliminación del fuero.
Pero sin duda, dos temas de gran relevancia que se abordarán en este periodo de sesiones serán el penal y electoral, por lo que vale la pena hacer un repaso de ambos para tener claro lo que puede estar en juego. En lo que respecta a la reforma penal, se ha detonado un intenso debate a partir de un proyecto supuestamente elaborado por la Fiscalía General de la República junto con la Consejería Jurídica de Presidencia que se iba a presentar en el Senado hace un par de semanas, pero ante la oposición casi unánime se pospuso y en realidad no sabemos cual será el contenido que finalmente se pondrá a consideración del Congreso.
En el mencionado proyecto que circuló entre legisladores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, se proponía la desaparición de los jueces de control, las intervenciones telefónicas para temas fiscales y electorales, ampliar la figura del arraigo hasta por 40 días para cualquier delito, otorgar validez a las pruebas obtenidas ilegalmente como la tortura, el nombramiento de jueces y magistrados por el Senado, o tipificar como delitos las noticias falsas o las declaraciones que desprestigien a las instituciones, lo cual despertó una gran preocupación ante la grave regresión autoritaria que ello representaría. Por su parte el Fiscal General, Alejandro Gertz propuso hace unos días eliminar el tipo penal de feminicidio, generando una nueva polémica.
En lo que se refiere al ámbito electoral, parece que ya desistieron de su pretensión de remover al Consejero Presidente y nombrar a uno afín al gobierno así como de controlar la estructura del INE -aunque no se han retirado las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados-, también han anunciado que insistirán en la disminución del financiamiento público a partidos en 50% a pesar de que ya fue rechazada apenas en noviembre -e incluso se llegó a mencionar que el presidente López Obrador la podría enviar como iniciativa preferente sin tomar en cuenta que no es viable tratándose de reformas constitucionales-, y está pendiente la regulación de la reelección legislativa que aplicará para los legisladores federales en 2021.
Adicionalmente, antes del 4 de abril la Cámara de Diputados deberá nombrar a cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE, por lo que habrá que estar atentos ante la posibilidad de que el partido gobernante caiga en la tentación de utilizar su mayoría legislativa para imponer la designación de personajes que sean incondicionales al grupo en el poder, replicando la lógica de cuates que tanto cuestionaron, tal y como ocurrió en el caso de la CNDH. Esperemos que en esta ocasión sea distinto, y se privilegien perfiles independientes que den confianza a todos los actores políticos para fortalecer con ello al árbitro electoral.