Una vez que el Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de diversas organizaciones de la sociedad civil, presentó la iniciativa constitucional en materia de matrimonio igualitario, que contemplaba que “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”, muchos pensaron que por fin el Ejecutivo daba una respuesta a las exigencias de los grupos minoritarios.
Sin embargo, meses más tarde, tanto el coordinador de la Cámara de Diputados y del Senado de la República del Partido Revolucionario Institucional coincidieron en que la iniciativa presidencial no formaba parte de las prioridades en su agenda. Esto implica que el trabajo del Congreso de la Unión no giraría en torno a dicha iniciativa a pesar de ser presentada por Enrique Peña Nieto, más aún cuando no fue presentada como iniciativa preferente que obliga a los legisladores a discutirla de manera prioritaria.
Desgraciadamente para los legisladores no es prioridad que México ocupe el segundo lugar en crímenes por homofobia, únicamente superado por Brasil, según el informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH).
Sin embargo, el 9 de noviembre pasado la Comisión de Puntos Constitucionales se reunió para discutir el predictamen que incluía la iniciativa presidencial, así como dos más, una de Francisco Martínez Neri del PRD y otra de Norma Martínez Guzmán del PES.
Con 19 votos en contra, 8 a favor y una abstención, fue rechazado el dictamen por el que se aprobaba la reforma constitucional sobre matrimonio igualitario. Los votos en contra del dictamen, se basaron en que corresponde a los congresos estatales legislar en la materia y no a la federación. Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo, mencionó que “es absurdo decir que porque se trata de una materia civil, la discusión debe irse a los estados. Tenemos la oportunidad de tutelarlos, respaldarlos y ampliarlos, lo otro es una argucia para evitar manifestarse sobre algo”.
Debemos preguntarnos a qué se debe la negativa por parte de los legisladores, si está fundamentada en su ideología o tiene que ver con un cálculo político provocado por las reacciones de grupos organizados como el Frente Nacional por la Familia, movimiento que inclusive presentó una iniciativa ciudadana en contra del matrimonio igualitario con casi 600 mil firmantes.
Si bien el Diputado César Camacho, está en lo correcto al afirmar que el matrimonio se encuentra salvaguardado por las tesis de la SCJN, debemos entender que los derechos deben ser ampliados y reconocidos para todas las personas.
En esta ocasión, los legisladores fueron en contra de la progresividad en derechos humanos para los grupos minoritarios, esperemos que más adelante se abran mesas de trabajo para incluir a los distintos sectores interesados, buscando que el reconocimiento al matrimonio igualitario cuente con la mayor legitimidad.
El autor es: Rodrigo Ramírez @rodrigo_rq
Egresado de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés académico y profesional se centra en temas del Poder Legislativo, sistema electoral, competencia y desarrollo rural. Es Coordinador de investigadores en el área de Análisis Político y Legislativo de Borde Político A.C. rodrigo@bordepolitico.com
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