El martes 5 de julio, en la Ciudad de México se efectuó la segunda Audiencia Pública sobre la Ley general de Cultura y allí leí el siguiente texto, que divido en dos partes para los lectores de La Silla Rota:
Las Políticas públicas
Como inicio es necesario reconocer la ausencia de políticas públicas integrales relativas a la educación y la cultura, en todas sus articulaciones institucionales, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Los objetivos de las políticas públicas se pueden concentrar en tres puntos:
- Impulsar la democracia participativa y autogestionaria.
- Combatir la desigualdad y la pobreza para implantar la justicia social.
- Desterrar la corrupción en todos los niveles del Estado y de la sociedad.
Los derechos humanos son reconocidos como la base del desarrollo democrático de nuestra sociedad y elemento básico del individuo. Como tal, la lectura queda inmersa como un derecho humano, que se ampara, además, en el precepto constitucional de libertad de expresión y derecho a la información. En ese mismo orden de ideas, para que la lectura se dé es necesaria la existencia de la cultura escrita, del libro en todas sus expresiones, libros, publicaciones periódicas, diarios y en todos sus formatos.
Como tal es obligación del Estado tutelar su preservación, desarrollo y garantizar el acceso de todos los habitantes del país, en sus diversas lenguas y, además, reconocer la existencia de las industrias culturales sobre el tema.
Los desafíos presentes para garantizar el acceso a la lectura y al libro pasan porque la industria editorial logre un crecimiento sostenido y con rentabilidad, superando el campo minado y lleno de obstáculos que hoy se presenta.
Como ejemplo, y según los datos del Censo de Población del 2010, podemos concluir que existe una insuficiente cobertura educativa y cultural (al igual que de las otras necesidades básicas: empleo, salud y alimentación, vivienda y transporte público, por citar algunas) y se constata un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad social.
Si reconocemos que existe un vínculo entre educación de calidad y comportamiento lector, debemos reconocer cómo se ve afectado dicho comportamiento con base en los datos censales. En México, sólo el 2% de los 120 millones de habitantes son considerados lectores frecuentes. Según datos de la ONU, la situación en otros países oscila entre el 18% de lectores frecuentes en Chile y 91% en Japón.
Por lo demás, existe una oferta editorial tradicional, variada y múltiple en todos los temas y subgéneros de la edición; sin embargo, el cuello de botella está en los bajos índices de lectura y en los canales defectuosos de promoción, exhibición y venta, en los llamados “escenarios del libro”, tales como la falta de librerías y puntos de venta.
Nos hace falta información adecuada y oportuna para el análisis básico de la oferta editorial y la demanda social, fundamentales para una “orientación al mercado”, una selección apropiada de títulos y una política comercial y de promoción idóneas.
Se requiere generar un modelo estadístico para superar lo que algunos autores llaman “síndrome crónico de insuficiencia estadística”, que nos permita la mejor toma de decisiones y la generación de las mejores políticas públicas. Las únicas cifras consistentes son las que genera la propia CANIEM; habría que insistir en la generación de información por otras fuentes, entre las que se encuentra la Agencia Nacional del ISBN (que por cierto debería de ser administrada por el sector editorial), para conseguir su transformación profunda y levantar información que nos permita tener un panorama cierto de las librerías, las bibliotecas y el estado de la lectura.
Es urgente la generación de políticas públicas que auspicien y promuevan el desarrollo de empresas editoriales fuertes que logren terminar con la precariedad e inmadurez que se presenta: pocas empresas grandes, con capacidad internacional, por una parte, y muchas y variadas editoriales pequeñas que intentan promover la bibliodiversidad, pero que se encuentran sin alternativas de comercialización, por la otra.
Objetivos estratégicos
- Impulsar la lectura en todos los niveles de la sociedad y multiplicar los lectores.
- Atender la demanda potencial suprimida.
- Conquistar a los lectores infantiles y juveniles.
- Revitalizar los fondos editoriales.
Las políticas públicas estratégicas deben impulsar el desarrollo de la industria editorial en la sociedad.
Para el desarrollo de las industrias culturales, se requiere de democracia, es decir, del reconocimiento y participación de la sociedad en la toma de decisiones y el desarrollo del país.
En ese sentido, las políticas públicas deben permitir que las decisiones de los contenidos de las acciones educativas y culturales del Estado, entre otros los programas escolares y los libros de texto obligatorios, además de los acervos de las bibliotecas públicas y escolares, se acuerden con la propia sociedad. (Continuará.)
Facebook: carlos.anayarosique
Twitter: @anayacar
(Advertencia: La única intención de esta columna es llevar al espacio público una serie de reflexiones que buscan aportar elementos para la construcción de propuestas y alternativas de solución. Esta opinión no intenta ser criterio de verdad).