En democracia, la opinión de un jefe de Estado debe estar respaldada con información verificada y actualizada, ya que su palabra es susceptible de traducirse en actos de autoridad que permiten despejar incertidumbres o atajar especulaciones sobre el rumbo de la acción pública. Garantizar el derecho de acceso a la información pública o proveerla de manera proactiva es una forma de demostrar que las acciones del gobierno están basadas en evidencia y no son arbitrarias. La población tiene un poderoso instrumento para verificar esto al ejercer su derecho de acceso a la información. Es en este contexto que el INAI instruyó a la Oficina de la Presidencia entregar los documentos que sustentan la declaración del presidente, hecha en enero de 2019, sobre la falta de elementos para presentar denuncia penal por posibles actos de corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Esta resolución fue notificada el 27 de febrero pasado y el mismo día, el presidente se comprometió a entregar lo solicitado en su conferencia de prensa matutina. El plazo para entregarla vencerá el 13 de marzo próximo.
En campaña, Andrés Manuel López Obrador calificó a la obra del NAICM de “faraónica”, aseguró que su construcción estuvo manchada de corrupción y era un “barril sin fondo”. En octubre de 2018 se convocó a una consulta que dio pie a la cancelación del NAICM. Durante el debate previo a esta consulta se esgrimieron los argumentos a favor y en contra de la cancelación, pero una constante fue la existencia de posibles actos de corrupción. La promesa de campaña de cancelar el proyecto fue cumplida, pero aún queda una pregunta muy relevante en el aire: ¿se confirman o no estos posibles actos de corrupción?
La sociedad civil organizada dio seguimiento a la ruta del dinero relacionada con el NAICM. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió sobre posibles riesgos de corrupción en la implementación del proyecto. México Evalúa reconoció que, si bien existió un esfuerzo de mayor transparencia, quedó pendiente la publicación de datos básicos sobre la evolución del proyecto. Después de la consulta de octubre del año pasado, se publicó evidencia sobre posibles irregularidades referentes al proyecto en el cálculo de costos y desvíos de recursos públicos. Algunos medios de comunicación mencionaron sobrecostos de hasta el 89% en la construcción de la barda perimetral, la cual continuaba en construcción aún en enero del presente año. Recientemente la Auditoría Superior de la Federación publicó la revisión a la Cuenta Pública 2017 en la que detectó que la deuda contratada para la construcción del aeropuerto en Texcoco tuvo un incremento de 6 mil millones de dólares. Ante este contexto, ¿cómo se investigarán las posibles irregularidades señaladas por diversos actores?
Mientras tanto, se mantiene la polémica sobre si la cancelación del aeropuerto fue benéfica o no. Esto significa que persiste la falta información pública que permita dar cifras claras y concretas de la pertinencia de esta decisión. ¿Realmente habrá ahorros y a cuánto ascenderán? La información pública y la transparencia permitirán a las autoridades competentes mostrar la ruta de cada peso y, en este caso en particular, si existieron o no actos irregulares en la construcción del NAICM.
Sin duda, la gestión y el nuevo modelo de comunicación del actual titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, dio pie a una nueva forma de interacción entre la población y sus instituciones que podría ser fortalecida con una clara política de difusión de información pública y transparencia proactiva en los temas de mayor repercusión social. En un estado de derecho, los actos de autoridad deben ser sustentados con evidencia y cuando existan dudas, los contrapesos democráticos deben activarse para dar certeza y fortalecer la democracia mediante un debate público informado. Hoy el INAI reitera su vocación de ser un puente o camino de dos vías entre autoridades y población en el cual la garantía del derecho de acceso a la información permite construir un lenguaje común que favorezca el diálogo, eleve la calidad del debate y las políticas públicas, propicie con evidencia la generación de acuerdos e inicie procesos reales de rendición de cuentas. Hoy en nuestro país la democracia no se agota en las urnas, aspira (como lo establece el artículo tercero constitucional) a ser un sistema de vida, en el cual la información y la educación son la base para construir un mejoramiento constante en lo económico, social y cultural en nuestro país.