Esta semana se cumple un año más de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la cual aprobó la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989, y se ratificó por el Estado mexicano al año siguiente. En la actualidad, 196 países forman parte de ella, lo que la convierte en una de las más suscritas.
Este instrumento representa el consenso internacional más importante generado en torno a la niñez, y cuyos alcances permitieron un cambio sustantivo en la manera de concebir a los integrantes de este grupo etario, ya que además de enfatizarlos como sujetos de especial protección, fueron reconocidos también como receptores de derechos a través del establecimiento de un amplio catálogo de prerrogativas, lo que consecuentemente, se acompañó de la definición de obligaciones que los Estados tienen en la materia, así como las de otros actores que concurren en el cuidado y desarrollo de los infantes.
En 1980, nuestra Constitución Política reconoció el “deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental”. Sin embargo, esta disposición fue modificada en el 2000, al incorporarse a la luz de la Convención, la denominación de niñas y niños, dejando atrás el enfoque de “menores”, que también refiere una condición de inferioridad e incapacidad; al mismo tiempo que les son reconocidas prerrogativas y se establece el deber de sus ascendientes, tutores y custodios, así como del Estado de darle cumplimiento a las mismas. En 2011 se introduce el principio de interés superior de la niñez, piedra angular para el cumplimiento de sus derechos.
Estas transformaciones derivaron en la creación de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en las leyes análogas vigentes en las 32 entidades de la República, que prescriben las libertades fundamentales de los integrantes de este sector de la sociedad, el cual está conformado por 43.5 millones según datos del INEGI, lo que representa la tercera parte del total de la población[1]. Se trata de un robusto desarrollo legislativo, sólo comparable al desplegado en favor de la protección de las mujeres, que ya forma parte de la agenda pública y social de nuestro país y, que tendrá que potenciarse para hacer frente al cúmulo de problemas y rezagos que enfrenta la infancia.
El marco jurídico generado en las últimas décadas, a partir de la entrada en vigor de la Convención, comprende a los infantes en su parte individual, pero también como integrantes de su familia y de su comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad, grado de desarrollo y madurez.
En este sentido, es de destacar algunas de las acciones públicas desplegadas en los últimos tiempos, que dan cuenta del impacto que ha tenido esta nueva perspectiva. Entre algunas de estas buenas prácticas, se encuentran el Parlamento Infantil, que el Congreso de la Unión organiza desde 2002, replicado por los parlamentos locales; los participantes asumen por un día el rol de legisladores y celebran una sesión del pleno parlamentario, en la que externan su opinión sobre lo que acontece en su entorno y en el país. Otro referente es la Consulta Infantil y Juvenil, que desde el 2000 lleva a cabo el INE, antes IFE, en el marco de la elección federal. En la última edición, registrada en 2015, participaron alrededor de tres millones de niñas, niños y adolescentes, quienes opinaron sobre aspectos que les afectan, cuyos resultados son públicos y puestos a consideración de las autoridades[2].
En la esfera judicial destaca, la reciente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, en la que ratifica el derecho de los integrantes de este grupo poblacional a contar con información sobre su salud sexual y también con aquella que le permita acceder a anticonceptivos. Asimismo, reconoce que corresponde tanto al Estado como a los padres, actuar y orientar a la niñez para evitar que se expongan a prácticas que pongan en peligro su integridad; y apunta que el ejercicio de la patria potestad no puede estar exento de límites jurídicos ni de constreñirse al cumplimiento de los deberes legales necesarios para el correcto desarrollo del menor, ya que esto podría atentar contra su dignidad y seguridad.
Por su parte, el INAI, como garante del acceso a la información y a la protección de los datos, es responsable de la promoción de estos derechos entre la población. En particular, ha generado materiales dirigidos a los infantes y adolescentes, entre los que se encuentra Ina y el cuervo de nunca más, historieta que busca a llamar la atención sobre el cuidado de la información personal y los riegos existentes en las redes sociales e internet.
Recientemente, el Instituto busca incursionar en otras modalidades de divulgación, como el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2016, organizado para fomentar en ellos la conciencia sobre la privacidad y el interés respecto a estos aspectos sociales. Los aspirantes deberán expresar su punto de vista sobre este tema, de entre los cuales se seleccionarán a siete que fungirán como comisionados por un día, y podrán exponer sus ideas en una sesión plenaria.
En los 27 años que han transcurrido desde la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño, México ha ido adoptado el nuevo paradigma que ésta prescribe, lo que se ve reflejado en su sistema jurídico; sin embargo, es necesario ampliar y profundizar los esfuerzos públicos a fin de que todos los integrantes de este grupo gocen de mejores condiciones para desarrollar su personalidad y sus capacidades. Esto forzosamente requiere que todas las instituciones, no sólo les reconozcan la condición de sujetos plenos, sino que estimulen la concientización y el ejercicio de los derechos de la infancia en el quehacer cotidiano, sin importar el ámbito o tema de que se trate. Sólo superando la perspectiva de que el mundo está construido únicamente desde la visión de los adultos, lograremos sentar las bases para el México que anhelamos, lo que conlleva formar a los ciudadanos del futuro, considerando sus puntos de vista, opiniones y, por supuesto, sus derechos.
@INAImexico
[1] http://www.leyderechosinfancia.mx/2015/12/actualizacion-de-las-entidades-federativas-que-han-aprobado-su-ley/
[2] http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/