Hace un par de días se dio a conocer en diversos medios de comunicación, que el INE preparaba ya las multas a candidatos y partidos políticos por diversas irregularidades en el periodo de precampaña, en particular en el Estado de México.
Cabe recordar que a partir de la reforma del 2014, el INE se convirtió en la única autoridad encargada de realizar la fiscalización y vigilancia del origen y destino de todos los recursos de los candidatos y partidos políticos. Es decir, que si bien las autoridades electorales locales conservan diversas atribuciones en lo que tiene que ver con la organización y desarrollo del proceso electoral, la fiscalización de la precampaña y campaña corresponde en exclusivo a la autoridad nacional.
Ello implicó un cambio sustancial en las dinámicas electorales, y el INE de ser un mero espectador en los procesos locales pasó a ser autoridad corresponsable de éstos.
Para llevar a cabo esa tarea de manera eficiente, la autoridad electoral nacional implementó un mecanismo de fiscalización sumario, en el que la revisión de gastos de precampaña y campaña se lleva a cabo en tiempo real a través de un sistema informático, y los partidos se encuentran obligados a registrar sus ingresos y gastos en línea.
De acuerdo con la norma electoral, una vez concluido el periodo de precampaña (3 de marzo para el Edomex) los partidos políticos tienen diez días para reportar sus gastos, y los precandidatos de éstos son responsables solidarios de esa obligación.
Ya con toda la información contable, la Unidad de Fiscalización del INE debe revisarla y notificarle al partido que realice las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes, y una vez concluido su análisis se deberá emitir un dictamen, así como un proyecto de resolución a la Comisión de Fiscalización. La Comisión contará con seis días para aprobar los proyectos, y 72 horas para presentarlos ante el Consejo General del INE para su discusión y aprobación.
Si dejamos de lado los tecnicismos y la complejidad contable que implica la revisión de los ingresos y gastos de partidos y candidatos, el INE cuenta con una oportunidad histórica, valiosa e inmejorable para demostrar que su fiscalización es efectivamente eficiente y funciona.
En 2015, la Sala Superior conoció de diversas impugnaciones relacionadas con la fiscalización llevada a cabo por el INE y dejó entrever diversas deficiencias, en particular que la fiscalización no fue robusta ni profesional, y que no se cumplía con los propósitos que le fueron asignados al INE por la reforma electoral.
En víspera del 2018, de lo que ya se anticipa como las elecciones más complicadas de nuestra historia moderna, las elecciones de este año en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz son una prueba de fuego que deberán superar las autoridades electorales.