En días pasados, las denuncias por abuso y violación en contra del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio, y aspirante a contender por la gubernatura del estado de Guerrero, colocó en el ojo del huracán la legítima demanda feminista de que ningún agresor de mujeres ocupe algún cargo público.
Las palabras del presidente de la República, en donde minimizaba el hecho y lo explicaba como parte de la guerra sucia durante las campañas electorales, detonó la exigencia en redes sociales de no poner en duda las denuncias, así como tampoco avalar desde el poder, la candidatura de un personaje con el historial de denuncias como las que pesan sobre el Senador con licencia y que hoy son del dominio público.
Sin embargo, la reclamación de las feministas esta vez tiene un matiz diferente. A las ya conocidas y posicionadas demandas de #NiUnaMas #NiUnaMenos, y en contra de las instituciones que no trabajan a favor de la justicia, en esta ocasión se suma la de pedirle al presidente que rompa con el pacto patriarcal. Esta diferencia podrá parecer sutil, pero en realidad, le da un giro nuevo a las demandas feministas actuales en su camino por afianzarse como una corriente crítica con agenda propia y propuesta concreta.
Empecemos por decir para abonar a este punto, que la demanda de romper el pacto patriarcal es más amplia y está dirigida no sólo a las instituciones, o a las figuras del poder dentro de ellas. Sí. Es verdad que el presidente de la República es el primero que debería estar llamado a hacerlo. Y más allá de su lamentable respuesta de ni siquiera considerarlo, está claro que el pacto no sólo depende de que las élites políticas del país otorguen su anuencia, o crean que “nos dan permiso”.
El pacto patriarcal representa la estructura social, política y cultural que invisibiliza, normaliza y recrea la cultura de la violación. Ese acuerdo no escrito, asume en la práctica que existe un mandato de lo masculino, basado en la idea de que las mujeres están disponibles para satisfacer los deseos de los hombres en todo momento, sin tomar en cuenta su consentimiento.
El pacto minimiza, niega, esconde y desestima las denuncias de las mujeres, porque no las mira como iguales. En cambio, a los perpetradores si les otorga un rango de respeto y de compromiso, que permite guardar silencio frente a las denuncias de abuso o acoso sexual, ya sea que se trate de mujeres, jóvenes, niñas e incluso de personas diversas.
Ese pacto está en todas partes. En las familias, las escuelas, los trabajos, el espacio público. Le otorga a las mujeres y a las personas violentadas el mismo estatus marginal en el que se encuentran otros grupos oprimidos por distintas causas, como es la condición económica, el color de piel, la orientación o preferencia sexual, la discapacidad, entre muchas otras, que se consideren válidas para discriminar.
Es aquí donde el asunto se complejiza, porque al final, las sociedades se han construido negando sus bordes de marginación. Sólidas estructuras fincadas en diferentes formas de exclusión, parecen ser la constante de la organización social.
Podemos identificar que, a lo largo de la historia, los criterios para incluir o excluir a grupos, personas y comunidades, obedecen a distintos criterios, ideologías, prejuicios o temores colectivos que se van transformando dependiendo del contexto. Lo que no cambia es la marginación misma, la estructura de dominación que permite – o no- que las personas se desarrollen, tengan acceso a sus derechos, opinen, trabajen, decidan o se defiendan.
Así, hay grupos de personas que importan y otros que no. Y de ese permanente escenario de tensión, es de donde surgen los movimientos sociales, que diría la teoría marxista, son el motor de la historia.
Al final, es claro que no son sólo los hombres con poder los que sostienen el pacto. La estructura que lo mantiene vigente se encuentra en muchos otros lugares, y se perpetúa cuando ni hombres ni mujeres nos cuestionamos cosas como la precariedad del trabajo femenino, las cifras de niñas y jóvenes que no van a la escuela, la discriminación por embarazo en los centros de trabajo, el feminicidio, entre una interminable lista de acciones cotidianas que colocan a las mujeres y sus derechos en un segundo plano.
Hoy, sin embargo, vivimos tiempos en los que muchas cosas están cambiando. Una de ellas es la capacidad de la agenda feminista para posicionarse y ganar espacios. La discusión política derivada de la exigencia de romper el pacto patriarcal, está hoy ocupando un lugar diferente en el espacio de lo público, logrando reacomodarse de manera distinta frente a las discusiones polarizadas que protagonizan tanto simpatizantes como opositores al régimen en temporada de elecciones.
El feminismo así representado, tiene hoy suficientes argumentos para demandar no sólo que se otorgue o no una candidatura, sino la acción efectiva y con resultados de un estado que parece paralizado mientras las cifras de violaciones, secuestros, trata, violencia y feminicidios aumentan cada día, sin señales de que estén intentando ser detenidos
Mientras la oposición no encuentra una postura crítica sólida que le valga la credibilidad que perdió en las urnas, los reclamos feministas están encontrando eco y apoyo en una población que, en búsqueda de referentes de opinión y crítica fundamentada, están empezando a considerar justa la exigencia de denunciar y obtener justicia ante el abuso, el acoso, la violación y el maltrato.
Todo régimen excluye a quien considera peligroso. Mantiene la tensión en un nivel manejable con quienes no quieren seguir siendo marginados. Estamos en un momento en que quizás seamos las mujeres las que logremos que esa tensión deje de estar en los límites de lo manejable. Sí, podríamos ser las que arruinen todo: el pacto y la estructura que lo sostiene.
Resulta esperanzador que podamos ser nosotras las que estemos cerca de romper un pacto tan siniestro, porque eso no vendrá de los partidos ni el gobierno, como ya hemos comprobado. Y esta capacidad de reacción ante la invisibilización en todos los niveles del poder, no debería tomarse tan a la ligera.
*Norma Lorena Loeza Cortés
Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el Exorcista.