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Las muertas del periodo conservador

El total de los casos documentados del asesinato de mujeres en los últimos cinco sexenios fueron 53 mil 639. | José Luis Pérez Canchola

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Escrito en OPINIÓN el

Durante el período conservador, de Miguel de la Madrid a Peña Nieto, la clase gobernante toleró la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Todas las reformas a la Constitución y a las leyes sobre los derechos de la mujer terminaron siendo letra muerta. La consecuencia fueron decenas de miles de mujeres asesinadas y violadas con la mayor impunidad. Después de 36 años de gobiernos que se opusieron a cualquier cambio radical en lo político y en lo social, la herencia son instituciones insensibles a todo agravio a las mujeres.

Cuando una mujer o una niña es maltratada en el seno familiar o en su comunidad, las instituciones de la federación y de los estados deberían intervenir en su defensa y castigar a los responsables. ¿Pero qué hacer cuando se les ofende y discrimina desde el mismo poder?

En septiembre de 2006, por ejemplo, Vicente Fox siendo presidente soltó aquella frase de “Ahora los mexicanos ya tienen lavadoras y no precisamente de dos patas”. Por su parte Peña Nieto, a una pregunta sobre el precio de la tortilla, simplemente respondió “yo no soy la señora de la casa”. En la campaña presidencial de 1994, Diego Fernández de Ceballos se refirió a las mujeres como “el viejerío”. Estas expresiones siempre alientan la discriminación hacia las mujeres.

Hace 20 años el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, afirmaba que “La violencia contra las mujeres y las niñas es una calamidad mundial que sigue provocando muerte, tortura y violaciones”. En México, gobiernos van y gobiernos vienen y todo sigue sucediendo sin que se haga justicia a la mayoría de las víctimas. 

En el gobierno de Salinas las investigaciones iniciadas por las procuradurías estatales relacionadas con el asesinato de mujeres sumaron un total de 7,983; en el sexenio de Zedillo fueron 8,547; con Fox las denuncias fueron 7,713; con Calderón se llegó a un total de 12,416 y con Peña Nieto los homicidios de mujeres y niñas sumaron 16,980. El total de los casos documentados en estos 5 sexenios fueron 53 mil 639. Y qué decir de la violación sexual en contra de mujeres y niñas, que según el Sistema Nacional de Seguridad, en este mismo periodo se iniciaron más de 285 mil investigaciones. 

La pregunta es ¿qué harán las instituciones de seguridad y justicia del gobierno de la 4T ante el asesinato y la violación sexual de decenas de miles de mujeres y niñas, que exigen justicia, reparación del daño y castigo a los responsables? Sabemos bien que estos delitos son del fuero común, pero lo cierto es que los gobiernos locales no garantizan los derechos humanos de sus habitantes en los términos del artículo 1º de la Constitución. Tampoco cumplen con su responsabilidad de salvaguardar la vida y la seguridad de las personas como lo ordena el artículo 21 en su párrafo 9.

La campaña de “contar hasta 10” anunciada por algunos funcionarios federales esperando detener la violencia contra las mujeres, resulta ligera e insuficiente. La sociedad en general y las mujeres en particular esperan mucho más que eso; sobre todo por el compromiso presidencial del pasado 8 de marzo, cuando se anunció que “la violencia en contra de las niñas y mujeres no es compatible con nuestros ideales ni la permitiremos”. Todos deseamos que se cumpla con este mensaje del presidente y no esperamos menos.