Opinión

Las modificaciones a la ley de transparencia de la CDMX

Menos comisionados con menor salario tendrán que resolver mayor número de inconformidades contra sujetos obligados. | Adolfo Gómez Vives

  • 05/11/2018
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Esta semana se publicarán reformas a la Ley de Transparencia de la Ciudad de México que buscan armonizar su contenido con la constitución capitalina.

Inmediatamente después de la divulgación de la ley se emitirá la convocatoria para la selección de los comisionados que habrán de ocupar cuatro de los cinco asientos disponibles en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.

Hay que recordar que la comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández continúa en su lugar, en razón de haber arribado con posterioridad al instituto, además de haber obtenido un amparo que la protege de cualquier intención de removerla.

Una de las modificaciones que más interesaba a Morena desde la VII legislatura de la extinta ALDF, es la reducción en el número de consejeros, que ahora serán cinco en lugar de siete, como quedó establecido en la constitución local desde su publicación, el 5 de febrero de 2017.

El perfil

Según la propia constitución capitalina, los aspirantes a comisionados deberán contar con una experiencia mínima de cinco años en el tema del derecho de acceso a la información, argumento que será reiterado en la ley, pero que constituye un aspecto subjetivo, cuya interpretación quedará a cargo de la Comisión de Transparencia, en primera instancia, y del pleno del Congreso, posteriormente. En este punto debe destacarse que probablemente no exista un reglamento a la ley de transparencia como correspondería y que ayudaría a precisar estos aspectos subjetivos de la norma secundaria.

Tanto en la constitución como en la ley reformada resulta un acierto que los comisionados no pertenezcan o militen en algún partido político o hayan sido candidatas o candidatos a ocupar un cargo de elección popular durante los cuatro años anteriores al día de su designación.

Sin embargo, el bosquejo del perfil propuesto en la constitución y en la ley modificada abre la posibilidad de que repitan en el puesto personajes como David Mondragón Centeno, quien ya fue comisionado pero que se presentó a la fallida convocatoria que emitió la legislatura pasada, o el propio Mucio Israel Hernández Guerrero, personaje originariamente vinculado al PRD y principal muro de contención de la información relativa a las fechorías cometidas por Manuel Granados Covarrubias, cuando éste fue presidente de la Comisión de Gobierno de la extinta Asamblea Legislativa.

Mucio Hernández terminó por renunciar al instituto para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, en momentos en que la opacidad de la información en relación al colegio Rébsamen, constituía un problema para la entonces candidata.

Sería perturbador que personajes que se dedicaron a ocultar información de interés público —como es el caso del desvío de más de cien millones de pesos para los proyectos del PAN-PRD, vía Granados Covarrubias, Federico Döring Casar y Ariadna Montiel Reyes— vuelvan por sus fueros y con el visto bueno de Morena a ocupar los asientos de comisionados en el Instituto de Transparencia capitalino.

Frente a este perfil, sería deseable que las y los próximos comisionados provengan de organizaciones de la sociedad civil como Fundar o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, quienes le han dedicado tiempo y esfuerzo al análisis y a la documentación de la opacidad en los ámbitos local y federal, por lo cual se lograría un avance significativo en materia de transparencia.

No debe perderse de vista que, para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tanto las organizaciones de la sociedad civil, como los comisionados de transparencia federales, le provocan prurito. De las primeras ha dicho desconfiar y a los segundos los ha calificado como integrantes de la “burocracia dorada”, lo que seguramente ha dado como resultado el que se haga una evaluación sesgada de la importancia que pueden llegar a tener las personas que formarán parte del cuerpo de gobierno del instituto de transparencia capitalino. Hoy por hoy, los órganos de autonomía constitucional tampoco gozan del visto bueno del presidente electo.

Menos comisionados, menor salario; ¿mayor calidad?

Alineados con las ideas lopezobradoristas, los integrantes de la Comisión de Transparencia del Congreso capitalino, por voz de su presidente, el diputado Carlos Castillo Pérez, anunciaron que las reformas a la ley también contemplan la reducción de los salarios de los futuros comisionados, quienes no podrán ganar más que la jefa de Gobierno. Esta medida les representará “un ahorro de 4 millones de pesos anuales”, además de que la reducción en el número de asientos también supone menores recursos para esa institución.

Sin embargo, según cifras consignadas en el Sexto Informe de Actividades 2017 del Instituto de Transparencia capitalino, durante 2016 los sujetos obligados recibieron “el mayor número de requerimientos de información desde 2004, con 113 mil 965 solicitudes, lo que representó un incremento de 18.4 por ciento comparado con el año anterior”. Asimismo, en 2017 los sujetos obligados recibieron 145 mil solicitudes, lo que representó un incremento de 27.5 por ciento respecto de 2016.

El mismo informe precisa que en 2017, se interpusieron 2 mil 955 recursos de revisión, lo que representa el 2.03 por ciento del total de solicitudes, es decir, un porcentaje muy bajo, que puede explicarse, entre otras causas, por el desconocimiento de los peticionarios respecto de este procedimiento.

El total de recursos interpuestos en 2017 representa un promedio de 11.6 asuntos diariamente. Lo que significa también que los comisionados —que en su momento fueron siete— elaboraron cada uno, 422 proyectos de resolución para presentarlos al pleno.

Es dable suponer que el menor número de comisionados y la reducción de los salarios tendrán un impacto negativo en la calidad de las resoluciones que emitirán los comisionados, no en razón de su capacidad analítica y argumentativa, sino de las cargas de trabajo a las que se enfrentarán a partir del 31 de diciembre. Tanto el Constituyente, como los integrantes de la Primera Legislatura capitalina olvidaron muy pronto que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

El Senado, Manuel Velasco y el derecho de petición

@gomezvives  | @OpinionLSR | @lasillarota


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