Cuando alguien tiene las manos llenas de lodo no lo puede disimular. Por más que lo quiera ocultar, la podredumbre es evidente. Así los personeros del presidente Peña Nieto no pueden ocultar la porquería de sus actos, la desvergüenza desmedida.
Gerardo Ruiz Esparza con la tragedia del socavón, que ni lo inmutó por estar protegido por su jefe, a pesar de la notoria negligencia en la que perdieron la vida dos personas. Todos los medios lo cuestionaron y ni siquiera se despeinó a pesar de tanto revuelo que causó tan lamentable hecho.
Como si fuera un rey de los de antaño, como si fuera una persona superior sobre todas las demás, como un vil jefe de pandilla, al referirse al pago de una indemnización a los deudos, dijo que no era por el hecho, por la negligencia cometida, que no era por otra cosa, sino “por el mal rato que pasaron”.
¿Un mal rato la muerte de dos personas que cayeron a un socavón producto de la corrupción y negligencia gubernamental? ¡Que insensibilidad de sujeto! ¡Esos comentarios no son inadmisibles en cualquier persona, pero menos, en quién porta el cargo de servidor público!
Sabe que no se le va a tocar, porque su cargo tiene relación con los sectores estratégicos de la corte presidencial. Este funcionario está enraizado en el grupo Atlacomulco desde 1981 cuando llegó a servir a Alfredo del Mazo González, tío de su ahora jefe Enrique Peña Nieto.
Nada lo ha podido mover, ni el escándalo originado por la revocación del fallo del tren de alta velocidad México-Querétaro, por la cuestionada licitación del tren México-Toluca, el conflicto de intereses con Grupo Higa a la cual se le han otorgado cuantiosas obras, por los contratos millonarios en cascada a la cuestionada empresa OHL, la actitud permisible al consentir la concentración del mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y el mal manejo en la transición digital terrestre. Nada lo puede tocar.
Es un hombre poderoso sin duda, porque está al mando de una Secretaría de Estado que puede influir en las licitaciones de las grandes obras en el Estado de México como el otorgado al Grupo Higa para la construcción de 58 caminos, pero también en las de todo el país.
La empresa española Construcciones Aldesem o Aldesa, responsable de la construcción del paso exprés de Cuernavaca que originó el socavón es beneficiaría de importantes contratos millonarios. Sabe cómo hacerle al juego de ganar concesiones. Proponer la más baja para luego de obtenido el contrato elevarlas en un ciento por ciento más, sin que nadie le objete nada. De mil 45 millones de pesos a dos mil 200 millones de pesos, como si fuera una baraja de fortuna a costa del erario nacional. Estas adjudicaciones a modo sólo pueden lograrse con la colusión gubernamental. Con el lodo inocultable.
A las empresas mexicanas que participan en los concursos simplemente las hacen a un lado. La española Aldesa implicada en donativos ilegales al Partido Popular para recibir concesiones gubernamentales, sigue con negocios crecientes en México bajo la protección del secretario Ruiz Esparza.
En el escándalo de la Casa Blanca el secretario de comunicaciones fue un factor clave en medio de la crisis. El periódico estadounidenseWall Street Journal dio cuenta que se reunió un par de ocasiones entre junio y julio de 2015 con Armando Hinojosa Cantú dueño del grupo Higa, dador del inmueble controvertido. El diario relata que una persona cercana al caso dijo que uno de los temas a tratar fue la indagatoria en la que estaban implicados. En agosto de 2015 el alfil presidencial, secretario a modo de la función pública, Virgilio Andrade Martínez, los exculpó sin el menor rubor.
Al secretario Ruiz Esparza le han pedido, que se calle la boca, porque el lodo se le escurre por todos lados y al menos, dicen ellos, hay que disimular…
Hablando de otros lodos
¿Qué ocurre con el juicio en contra del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte? ¿Por qué tanta estupidez del cuerpo jurídico de la Procuraduría General de la República? ¿Es intencional o es complicidad para proteger a quién con dinero a manos llenas entregó a las arcas priistas y a amigos cercanos sin comprobante alguno, según refieren denuncias al respecto?
Acusar al ex gobernador de lavar dinero por más de 438 millones de pesos provenientes de dineros públicos y luego apenas, medio explicar ante el juez, entre tartamudeos y contradicciones 38.5 millones de pesos, es una vileza sin límites.
El juez cuestionó a los personeros de la PGR al señalar que daban datos “incongruentes”, que las cifras se contradecían con las que había dado con anterioridad. ¿De qué se trata señor procurador? Disimulen al menos, ¡ahh! pero es cierto, el lodo no se puede ocultar.