Por
Escrito en
OPINIÓN
el
Después de la aprobación de diversas reformas en el periodo ordinario de sesiones que concluyó en diciembre, son muchos los pendientes que tienen que resolverse para que puedan operar dichas reformas. Leyes secundarias por aprobar, integración de diversos órganos, el seguimiento de las reformas constitucionales aprobadas hasta que consigan el aval necesario por los congresos locales y, por supuesto, los amparos que legisladores de diversos partidos han presentado y presentarán contra algunas de éstas.
El problema de reformas de gran calado y que se anuncian como las reformas constitucionales que México necesitaba es que, al presentarse sin la regulación secundaria que da plena vigencia a estas reformas, se corre el riesgo de que, esas leyes aprobadas muchos meses, den un sentido distinto o una interpretación diversa a esas reformas y sus principales objetivos. El diablo está en los detalles.
Los detalles regulados en estas leyes son los que darán plena vigencia a las reformas aprobadas y a la finalidad que se perseguía en cada una de ellas. En el detalle de cómo se integrará un órgano, la regulación de sus atribuciones, los plazos, los procedimientos, las obligaciones, los derechos, las prerrogativas está el andamiaje que cristalizará una reforma o que la echará por tierra.
Al parecer, las reformas constitucionales aprobadas en diciembre del año pasado, llevan diferentes velocidades o son de importancia distintas para los partidos políticos. Mientras que la reforma energética logró el aval de las dos terceras partes de las legislaturas estatales en casi una semana, la reforma político electoral, aprobada antes que la energética, no ha logrado aún esa aprobación.
Al día de ayer, solamente siete legislaturas estatales habían aprobado la reforma en esta materia. La primera legislatura en hacerlo fue la del Estado de México, el 16 de diciembre; al día siguiente lo hicieron los estados de Puebla, Nayarit y Coahuila; el 20 de diciembre lo hizo Zacatecas. En lo que va de este año, el día 6 la aprobó Baja California Sur y el 7 Guanajuato.
Valdría la pena preguntarse si con tantas concesiones, negociaciones y acuerdos entre los legisladores y sus partidos se obtuvieron los resultados esperados, en especial, cuando la guerra de declaraciones entre los partidos respecto a cuál reforma tendría que aprobarse primero y cuál después o a supeditar la aprobación de una a la aprobación de otra, eran los principales argumentos de cara a la opinión pública.
En materia electoral, habrá elecciones este año en dos estados. El proceso electoral inició en el mes de noviembre en el estado de Coahuila y este mes en el estado de Nayarit. A nivel federal, tal como lo señaló el día de ayer el presidente provisional del Instituto Federal Electoral, el proceso electoral iniciará, en el mejor de los casos, en el mes de octubre de este año, pero para llegar a ese momento, hay un cúmulo de actividades que la autoridad electoral debe llevar a cabo para ese momento. La organización de las elecciones no se circunscribe al proceso electoral. Actividades de vital relevancia como las campañas de credencialización, la revisión y actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores, el procedimiento de registro de nuevos partidos políticos, la revisión de reglamentos y lineamientos que normarán la elección, son ejemplos de ésto.
A la par de la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales muchas otras leyes deben expedirse para regular la materia político electoral y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, deberán estar promulgadas y publicadas por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. En éstas deberá establecerse, por ejemplo, el procedimiento para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, designen a los consejeros Electorales locales que organizarán las elecciones en las entidades federativas. Estamos a menos de nueve meses del inicio del proceso electoral 2014-2015, las leyes secundarias no están expedidas, el Instituto Nacional Electoral no está conformado y, una etapa posterior e importantísima en la que la autoridad electoral contará con muy poco tiempo, consiste en la revisión y aprobación o, en su caso, modificación, de los reglamentos y lineamientos aprobados por el Consejo General de ese Instituto: reglamentos para la presentación de quejas, lineamientos para presentación de los informes anuales y de gastos de campaña, para el registro de candidatos, entre otros.
Los plazos son costos y la tarea sustantiva. Esperemos que nuestros legisladores cumplan con su obligación y no deleguen a los órganos administrativos la responsabilidad de cumplir con su trabajo con un marco jurídico incompleto y obsoleto como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones que, como seguimos a la espera de la expedición de la ley de telecomunicaciones, intenta cumplir con sus obligaciones sin el marco jurídico adecuado para ello.
Twitter: @C_Humphrey_J