Ante esta situación, vale la pena mencionar algunas implicaciones sobre el caso. Primero, me parece que queda en evidencia la falta de acuerdos y de consenso entre partidos políticos, dirigentes y sobre todo entre los legisladores, lo que genera incertidumbre sobre las reglas del juego con que operarán los procesos electorales en nuestro país. Pero además, algo que debemos de colocar en su justa dimensión; lo que se demuestra ante la ciudadanía, es decir, una falta de compromiso ante los tiempos que los propios legisladores establecieron.
Otro aspecto, y tal vez el más importante tiene que ver con la falta de parámetros para la operación electoral. Me explico.
La organización de los proceso electorales llevan un gran trabajo de planeación; desde la vertiente de la programación de las actividades que se deben de llevar a cabo, emanadas de la Ley (que hoy no está), pasando por la asignación presupuestal correspondiente para el cumplimiento de dichas actividades que, si no hay reglas del juego, veo difícil que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda conformar dicho programa presupuestal y con ello puede entrar en un estado de indefinición operativa, ya sea por la falta de recursos o bien, por la falta de alguna actividad no programada o peor aún, que existan actividades que luego en la Ley ya no exista su fundamentación. Como podemos ver de manera muy superficial, debido al reducido espacio de esta Columna, las implicaciones en la organización de elecciones (federales y locales) pueden ser de cuidado si esto se alarga demasiado. Recordemos que, hasta donde está establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el proceso electoral estaría iniciando a finales del año en curso y por ello existen ya muchas actividades que seguramente se están realizando como otras que se tienen programadas.
Pero además, existe la indefinición de la relación que guardarán los órganos electorales locales con el INE lo que de igual forma deja a dichas instancias en una posición difícil en su organización, planeación y operación. Ni qué decir de otros temas de gran trascendencia, del cual sólo apuntamos aquí uno: la Fiscalización. Dicho rubro constituye hoy día, desde mi punto de vista, el principal indicador para medir los procesos electorales; por ello, su definición exige reglas claras tanto para los entes electorales como para los partidos políticos, medios de comunicación y por supuesto, los ciudadanos. Caso contrario, podrían dejar a la instancia electoral a tratar de encauzar lagunas a través de Acuerdos que se generen en su máximo órgano de dirección (su Consejo General); lo que podría derivar en desacuerdos y hasta en impugnaciones. Con ello quiero decir que lo mejor es que queden de manera clara la forma en que deben de llevarse a cabo los procesos electorales en las leyes respectivas.
Por supuesto la Fiscalización no es el único tema, hay otros como lo son la uniformidad en la documentación y los materiales electorales, el uso del padrón y las listas nominales de electores, la conformación de la casilla única o no, el uso de tecnología para la recepción del voto de los ciudadanos, la delimitación de diversos criterios sobre encuestas y sondeos de opinión, de resultados preliminares, los procesos de redistritación y los medios de impugnación, por mencionar sólo algunos.
Como vemos los temas que esperan ser definidos con claridad no son pocos y sí muy importantes. Ante este panorama hacemos votos para que los legisladores puedan acordar las mejores reglas para la organización de los procesos electorales; los actores, partidos, medios y ciudadanos lo merecen.
De paso, me parece que debe salir también a la brevedad la Reforma Política del Distrito Federal; merecemos derechos y merecemos tomar nuestras propias decisiones. De este tema en particular hablaremos en nuestra próxima Columna.
Consultor Político y Ex Consejero
Electoral del IEDF
@fdodiaznaranjo