La ley federal del trabajo hace decenas de años se convirtió en mercancía. Desde los años ochenta en que insertaron ese artículo 923 para legalizar los contratos colectivos de protección; después, el primero de diciembre de dos mil doce cuando Felipe Calderón y Peña Nieto, de la mano con grupos empresariales metieron los contratos basura de carácter temporal en la ley laboral, cortaron los salarios caídos a un año y facilitaron los despidos sin indemnización alguna.
Este gobierno del actual régimen promovió el 24 de febrero de 2017 una reforma al artículo 123 constitucional, la más regresiva desde su creación, hace más de 100 años, en perjuicio de los trabajadores. Con el pretexto de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que todos los juicios fueran del conocimiento del poder judicial, se encargó de mantener el negocio de los contratos colectivos de protección, de legalizar las empresas outsourcing (para defraudar a los trabajadores) y una mayor intervención del gobierno federal en el control de los salarios para mantenerlos en el piso.
En el mismo artículo 123 constitucional el gobierno federal ideó una super dependencia para controlar el registro de todos los sindicatos del país, ya sea locales y federales, para quedar en manos del presidente de la República (léase empresarios).
Se le otorgó al ejecutivo la facultad para designar al titular de ese bodrio, aun ante la oposición del Senado de la República, durante seis años, con la posibilidad de reelegirse otros seis años más y con el carácter de inamovible. Tuvieron el cinismo de darle un carácter “autónomo” a esa dependencia del monopolio del registro sindical, a pesar de ser un organismo totalmente dependiente de la estructura presidencial. Pero solo afirmarlo es una burla porque es como si se argumentara que una marioneta se puede mover por sí misma.
Un gran regalo de este gobierno para los empresarios y grupos financieros fue concederles la creación de un órgano de control sindical presidencial para asegurar que la libertad sindical se cancelaría desde la misma Constitución.
En la iniciativa de marras para reformar la ley federal del trabajo que promovieron dos senadores del partido revolucionario institucional (PRI) el pasado 7 de diciembre, por encargo gubernamental y de los empresarios, se han atrevido a proponer darle un carácter tripartito a este instituto del monopolio del registro sindical. Permitir que los empresarios y líderes sindicales adictos al régimen que los solapa puedan participar en las decisiones de esa institución, con total “autonomía” ajena a los intereses de los trabajadores.
Privatizar el derecho laboral
La reforma constitucional del pasado 24 de febrero de 2017 cancela el carácter social del derecho del trabajo. Se formaliza el retiro del Estado en la vigilancia de las relaciones laborales para que los patrones, los empresarios o empleadores o como se les quiera decir, hagan de las suyas y apliquen la ley como les venga en gana sin que nadie los sancione.
Se acaba eso de los derechos irrenunciables y derechos adquiridos para que impere únicamente la voluntad del patrón.
Se le otorga al patrón, en la iniciativa priísta de esos senadores disparados, la posibilidad de imponerle a trabajadores convenios leoninos y darles el mayor valor, como si fueran suscritos ante un notario público.
Para confirmarlo basta revisar la redacción del segundo párrafo del artículo 1050 de la propuesta de marras de reforma laboral para darse cuenta de los retrocesos que implica la intención empresarial:
-Los convenios privados celebrados entre trabajadores y patrones tendrán validez, aun cuando no hayan sido ratificados, siempre que no contengan renuncia de derechos previstos por esta Ley.
Se establece en el artículo 53 fracción VI de esa basura de iniciativa, que una manera de terminar la relación laboral sin responsabilidad del patrón lo será:
-VI. La renuncia voluntaria del trabajador.
Es sabido que los patrones tienen posibilidades de imponer al trabajador convenios leoninos, renuncias en blanco desde el inicio de la relación laboral y con ello dar manga ancha para que hagan lo que quieran, al fin que la ley, dicen ellos, se los permitirá.
Serán las leyes de mi patrón, las que quieren se impongan con el auspicio de este mal gobierno, para que sigan los salarios miserables, condiciones de trabajo en las peores condiciones, sin seguridad social, sin protección por enfermedades o accidentes de trabajo, de jornadas extenuantes, sin organizaciones sindicales, contratos colectivos a modo, con despidos impunes para que capital se harte de ganancias a costa de la vida de hombres y mujeres presas del trabajo esclavizado que ya se impone en nuestro país.