La Comisión de Quejas y Denuncias del INE en días pasados resolvió por mayoría rechazar la cancelación del registro del Partido Verde, por considerar que las faltas cometidas no son graves. Finalmente corresponderá al Consejo General tomar la decisión definitiva. La justificación de la mayoría se sintetiza en la expresión de que las faltas no son de la suficiente magnitud.
Dicho esto, significa que el Verde ha cometido faltas reiteradas que son violaciones directas a la Constitución, pero que esto no es grave. Se ha lesionado el modelo de comunicación política, se ha violado la equidad electoral, pero no lo suficiente. ¿De qué depende que las faltas sean graves y suficientemente graves? Hay en esto la calificación que proviene de la normatividad que regula las faltas, pero también se involucra la valoración que realizan quienes toman la decisión, su discrecionalidad y, por supuesto sus motivaciones e intereses.
Pareciera ser que la calificación se ha centrado en las conductas realizadas. Restaría analizar si se ha considerado la posición de quién las realiza y la lesión que causa en el proceso democrático. No es trivial que quien realiza la conducta sea un partido político. Los partidos políticos en nuestro país tienen una posición privilegiada: Como entidades de interés público tienen un estatus que los coloca en una posición en la que sus abusos causan daños sistémicos. Los partidos como ningún otro sujeto cuentan con prerrogativas, es decir tratos privilegiados: financiamiento público, tiempos en medios de comunicación.
Los partidos como ningún otro sujeto, participan en los procesos de toma de decisiones de la autoridad electoral. Los partidos como ningún otro sujeto, deciden quiénes integrarán los órganos electorales que serán sus reguladores.
Los anteriores aspectos entre otros, les dan una posición privilegiada desde la que pueden abusar. En caso del Verde es ya el paradigma de un sujeto que ha desarrollado pericias para jugar con las reglas y el árbitro.
Pero los daños son sistémicos a la democracia. La primera lección que nos da el Verde y la posible anuencia del INE es que parte de las reglas no escritas, pero ya a punto de institucionalizarse, es que la obtención del voto es válida aun cuando se viole la ley. Las sanciones impuestas por el INE o los tribunales, son solamente costos que autorizan la obtención de un bien mayor: el poder y sus usufructos.
Uno de los principios del Estado de Derecho es la sujeción del poder a la ley; la obtención del poder no tendría porqué ser distinto, por el contrario, la obtención del poder respetando la ley tendría que ser su fuente de legitimación. Es la esquizofrenia pensar que quien obtiene el poder violando la ley, lo ejercería respetándola.
La validación de la violación reiterada a la Constitución daña la legitimidad del INE, no solamente porque validaría la práctica, sino porque cuestiona su utilidad como garante de la ley y de los procesos democráticos.
La decisión de la Comisión muestra uno de los efectos más perversos en la integración de los órganos electorales y las consecuencias de su funcionamiento. La elección por cuotas no integra a una autoridad que tome decisiones con autonomía. La heteronomía supone una distancia entre los regulados y los reguladores de manera que la autoridad tenga, no los intereses de los regulados, sino el interés público como horizonte.
La perversión se aprecia, si la decisión está animada más por la búsqueda de un fin estratégico en la lucha por el poder que en la decisión de la autoridad para hacer respetar la ley y la Constitución. El dilema para el INE está en si es autoridad o correa de transmisión.