Abatir la corrupción es una prioridad del gobierno y la sociedad. Todos estamos en contra de la ella; pero la corrupción es un concepto amplio. Reconocer sus diferentes formas es fundamental para entender el enfoque del nuevo gobierno y la consulta popular que se pretende implementar para determinar si se enjuiciará a los expresidentes.
La corrupción se refiere a actos ilegales tipificados en el código penal y la ley de responsabilidades administrativas, como los sobornos, el robo del dinero público, entre otros. Sin embargo, hay otras formas de corrupción más dañinas como la institucional y estructural. Estas se refieren a cómo funcionan las instituciones y cómo suelen llegar a servir a los intereses de unos pocos, privilegiando sus intereses.
La corrupción estructural es un concepto desarrollado por la hoy Secretaria de Función Pública, la Dra. Irma Sandoval apunta a la dominación y el ejercicio del poder por grupos sociales y políticos. Estas formas de corrupción no tratan de la conducta de individuos ni siempre a actos ilegales, sino del uso del poder y del presupuesto para controlar (capturar) la política y hacer que el gobierno se incline por los intereses de los poderes fácticos. Tomando en cuenta estas formas de corrupción, vale subrayar algunos puntos respecto a la lucha anti corrupción de la 4a Transformación.
Primero, no cabe duda que López Obrador y su equipo anticorrupción entienden estas distinciones y se enfocan en combatir la corrupción estructural e institucional del sistema. El presidente, en su libro 2018 La salida declara que “la corrupción es el principal problema de México”, por ejemplo, destaca la privatización del neoliberalismo, el Fobaproa, y las reformas estructurales como formas de corrupción, los cuales ubican como producto del control de ciertos grupos de interés sobre las instituciones (congreso, partidos políticos, INE, tribunales, etcétera): o sea, formas claras de corrupción institucional y estructural.
Segundo, atacar estas formas de corrupción exige estrategias diferentes. Para combatir la corrupción individual hay que fortalecer la capacidad del estado para detectar, investigar y sancionar a los actos ilegales: algo en proceso. Pero para atacar la corrupción estructural e institucional, hay que cambiar los procesos de la toma de decisiones para que las instituciones sirvan de verdad a los intereses del pueblo, y no de unos pocos. Es decir, se trata de desmantelar los privilegios, transparentar y democratizar los procesos, y promover la participación ciudadana. En este sentido, la lucha contra la corrupción institucional y estructural es la lucha para democratizar la democracia.
La consulta popular preguntará si el público quiere enjuiciar a los presidentes anteriores por corrupción. Pero aparentemente por corrupción se refiere a las políticas de privatización de Salinas, el Fobaproa de Zedillo, la militarización del país por Calderón, y la reforma energética de Peña Nieto, como ha mencionado el presidente: formas de corrupción estructural, institucional y en muchos casos, legal.
Estoy de acuerdo; estas políticas fueron ilegitimas y corruptas en el sentido de que no representaron ni promovieron los intereses del público, sino de los intereses de un pequeño grupo de élites, pero tal vez fueron legales dentro de las leyes que ellos mismos aprobaron. Hasta cierto punto, el juicio político contra ellos se hizo durante las elecciones. Si son culpables de corrupción ilegal, entonces merecen todo el peso de la ley; pero si son culpables de aprovechar y promover cínicamente la corrupción institucional y estructural, entonces, ¿Cuáles serían los cargos criminales? No es amnistía, ni punto final, sino un problema de las diferentes formas de la corrupción.
*Stephen D. Morris
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Arizona Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Middle Tennessee State University y participa en el Mexico Institute del Baker Center of Universidad de Rice (Houston, Texas).
Integridad Ciudadana
Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida.
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