Opinión

Las discordancias de la reforma de pensiones

La iniciativa presidencial en esta materia no puede ni debe ser aprobada en los términos propuestos. | Manuel Fuentes

  • 07/10/2020
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La iniciativa presidencial del pasado 25 de septiembre que pretende reformar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (LSS) y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, tiene una serie de discordancias que no sólo significan un retroceso en los derechos de seguridad social de los trabajadores, sino que proponen condiciones que, con el paso de los años, serán un rotundo fracaso.

En primer término, las graves repercusiones de querer anular el concepto del Salario por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en la concepción de los derechos que tienen los trabajadores en la Seguridad Social, es no tener idea por parte de los redactores de esta magra iniciativa, del sustento que da origen a este derecho.

El Salario es la retribución que se paga por el trabajo, y todo lo que deriva de este concepto son derechos humanos que están protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que son la norma máxima en nuestro país. 

Pretender desaparecer el Salario de la Seguridad Social para sustituirlo por la UMA no sólo es una acción violatoria de los principios de progresividad y pro persona, sino es desconocer el papel esencial que debe guardar el Estado Mexicano en salvaguardar esos derechos.

El pretender utilizar la UMA ($86.88) y no el Salario Mínimo General (SMG) ($123.22) para pagar las pensiones, es generar una diferencia porcentual sin regreso del 29.49% en perjuicio del trabajador, casi una tercera parte menos de sus aportaciones. Porcentaje que de mantenerse del 2023 al 2030 en que se pretende consumar esta regresiva reforma, sería una afectación con consecuencias irreparables. 

En segundo término, la pretendida modificación al segundo párrafo del artículo 154 de la LSS, genera una discordancia cronológica que no empata la edad inicial de cotizaciones, al tiempo para cubrir las 1000 semanas que ahora se requieren y la diferencia con la edad de retiro (60 años). 

En el supuesto de aquel trabajador que inicie sus cotizaciones a la edad de 18 años, y que a los 38 años ya cumplió las requeridas 1000 semanas, resulta una diferencia de ¡22 años en que deberá seguir cotizando para alcanzar los 60 años de edad y adquirir derechos!, sin mayor beneficio en términos de la tabla propuesta en el artículo 170 de la LSS

En otras palabras, si consideramos que normalmente, la mayoría de los trabajadores son dados de alta con el salario mínimo general, su aspiración será obtener un máximo de $3,746.00 mensuales tomando en cuenta el valor del SMG como en la disposición vigente ($123.22), resultan $3,696.60, esto es, deberá cotizar esos 22 años para obtener una diferencia favorable de apenas $48.40. Sin duda la pálida iniciativa presidencial no es favorable, tomando en cuenta la inflación y depreciación del peso que se generaría en tiempo futuro.

Es destacable que, en las modalidades de cesantía en edad avanzada y de vejez, el mantener una edad de retiro en una modalidad financiada por cuentas individuales, no guarda un sentido necesario, pues la carga, atendiendo a la naturaleza primordial del sistema, no es solo para el Estado (o al menos no debe ser así), sino que, es a cargo del patrón, considerando las aportaciones dentro del término de salario base de cotización (obrero-patronales).

Considerando lo anterior si el trabajador ingresa a edad temprana al sistema, y se gestiona una pensión tomando en cuenta las semanas y salario de cotización, es viable ver el futuro de ese trabajador activo en otra fuente de ingresos, adicional a la jubilación por retiro que puede obtener si se eliminaran los requisitos de 60 y 65 años de edad innecesarios en este sistema, por lo que, incluso, sería viable derogar el artículo 158 de la LSS o reformarlo de manera que sea expresa la prerrogativa y no limitativa.

La iniciativa presidencial tiene enormes carencias metodológicas de visión social al pretender dar una salida emergente a los trabajadores sujetos a la reforma que privatizó las pensiones y que se quedarán con las manos vacías al término de sus cotizaciones con una edad de más de 60 años.  

A cambio el Estado “solidario” otorgará a aquellos que tengan 750 semanas de cotización en adelante y la edad requerida (60 años) el pago de un salario mínimo general no importando que su percepción haya sido superior al menos en 4 tantos de ese monto. En esta condición estarán al menos el 70 por ciento de los cotizantes.

La iniciativa presidencial, por razones que no explica, salva la vida a las instituciones financieras que han sido las únicas que han esquilmado y se han regocijado en las cotizaciones de los trabajadores; acotarlas no es suficiente, debe retirarlas de este negocio mal habido que no ha tenido límites.

La iniciativa presidencial no puede ni debe ser aprobada en los términos propuestos. Parece producto de un forcejeo mezquino entre las grandes corporaciones financieras y este gobierno para que al final de cuentas el trabajador salga perdiendo, como siempre, en sus derechos fundamentales. 

¡Esto es inadmisible!

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