El proceso para designar ministras y ministros mejora, la participación de la sociedad civil aumenta y la prensa cubre cada vez más y mejor las comparecencias de candidatas y candidatos a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con todo, lo hemos dicho antes, sigue quedando un aire de insatisfacción una vez que sabemos el resultado. Y es que no parece que el diálogo, la discusión, los pronunciamientos, las investigaciones, o los instrumentos de evaluación estén incidiendo de forma decisiva en quienes designan las más altas investiduras judiciales del país. Investiduras que pesan y que pueden ser determinantes para el presente y el futuro de la protección de derechos en el país.
Permítaseme desviar un poco el tema para construir un argumento alrededor del fenómeno de designación de ministras y ministros de la SCJN. El gobierno federal ha tomado el tema de la evaluación a las profesoras y profesores de educación básica como uno prioritario en la transformación del país. Según sus defensores, esta evaluación llevará México hacia una mejora sustantiva pues apunta tanto a la justicia laboral (supresión de privilegios injustificados), como a elevar los estándares de calidad de la educación que recibe la infancia mexicana.
Ha habido una enorme campaña mediática a favor de esta evaluación y se ponen en ella las esperanzas de una transformación profunda en la impartición de educación básica. Según esta lógica, a través de una evaluación como la que se está realizando en todo el país (con todos sus bemoles y dificultades), le estamos asegurando un futuro mucho más promisorio a las generaciones venideras.
No es el objetivo de este artículo profundizar en los pormenores políticos, sociales o técnicos ni de la Reforma Educativa, ni de su implementación, sino manifestar sorpresa en que se insista tanto en la evaluación de maestras y maestros de educación básica como condición necesaria para la mejora de las oportunidades que tendrán las niñas y niños de hoy, y que por otro lado, no exista la misma insistencia en una evaluación concienzuda, objetiva y abierta de las y los candidatos a vestir la pesada toga de la Suprema Corte.
Instituciones educativas, colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y especialistas de la más diversa índole se han cansado de señalar las expectativas razonables de un proceso de designación de Ministra/o como el que ahora se desarrolla en el Senado de la República. Se ha repetido desde hace años que es indispensable que quien ocupe un cargo de esa naturaleza debe garantizar su independencia de poderes públicos, económicos o de cualquier otra clase; se ha enunciado con especial énfasis que se requiere de personas que demuestren de forma contundente sus aptitudes jurídicas; se ha explicado incansablemente que la SCJN es la última barrera de protección de derechos y que ello supone que quien la integre, debe entender perfectamente bien qué son los derechos humanos, cuál es su papel para la consolidación de sociedades más justas y cuál es la función del poder judicial respecto a ello; también se han construido esquemas teóricos sobre la importancia de la Corte en la vida institucional mexicana con los que se pretende aclarar cuáles son las necesidades específicas de nuestro Tribunal Constitucional a presente y a futuro.
Con todo el Presidente de la República toma la designación como una decisión eminentemente política y nada nos dice de las personas que propone al Senado de la República para ocupar los cargos mencionados. No tenemos indicios de los criterios que se usaron para realizar las propuestas, ni noticias de cómo se evaluarán en la Cámara Alta las comparecencias o los documentos presentados por las candidatas y los candidatos Nos hace falta tanto una interpretación del art. 95 Constitucional (que establece los requisitos para integrar la SCJN), como las razones por las cuales las personas que se proponen son idóneas para integrar la Suprema Corte en el contexto actual de administración de justicia en el país.
Desde luego se trata de una decisión que no se puede despolitizar del todo, nadie aspira a una designación de juezas o jueces puros que no tengan ningún vínculo con integrantes de los poderes públicos o económicos. Postular eso sería sólo posible en una novela de ciencia ficción donde las y los destinados a desempeñar esa función fueran aislados desde su nacimiento y puestos a la disposición de alguna institución dedicada exclusivamente a la crianza de juezas y jueces absolutamente independientes.
Todas y todos quienes estamos discutiendo este tema entendemos la dimensión política de la decisión, el objetivo no es la pureza de la decisión, sino la justificación de ella tanto por el Presidente, como por el Senado de la República. Sabemos que quizá no existe una obligación clara y explícita de realizar dicha justificación, pero en un país que ha sufrido tanto en los últimos años en materia de violación a derechos humanos no sólo resulta deseable, sino imperioso que se tomen estas decisiones con un ánimo republicano que apunte a mejorar la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Ya lo he dicho antes y creo que vale la pena reiterarlo aquí: Un país en donde las ciudadanas y ciudadanos no confían en las instituciones de administración de justicia, es un país que está construyendo condiciones para que la venganza se vuelva una práctica social aceptada. Si germina la venganza y se pudre la justicia ya no podremos hablar de la construcción del Estado de Derecho, es más, ya no podremos hablar ni de derecho, ni de Estado. Eso es lo que se juega en las designaciones que vienen.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM Iztapalapa y doctorante por la misma Universidad. Dirigió Borde Jurídico de agosto de 2013 a agosto de 2015, actualmente se desempeña como Investigador Asociado del proyecto. Es profesor de la Escuela Libre de Derecho y del Claustro de Sor Juana. Su investigación está enfocada en la teoría de la justicia y la teoría del estado.