Opinión

Las culpas que vienen con las reformas energéticas

En México la apertura al capital privado en el sector energético llevó poco más de diez años de proceso para su culminación.

  • 05/06/2016
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Con la llegada de la apertura económica de los países latinoamericanos en la década de los noventa, los flujos de capitales a hacia naciones como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y México, fueron sólo cuestión de tiempo. La globalización había dado sus primeros pasos para permear en economías que por muchos años, permanecieron cerradas bajo la cortina del proteccionismo.

 

Junto con ello, llegaron también las controversias entre inversionistas y estados receptores del capital, por lo que al amparo del consenso de Washington que tiene como objetivo proteger y resguardar las inversiones extranjeras a nivel mundial, se creo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para reclamar indemnizaciones.

 

El CIADI es un organismo internacional que forma parte del grupo del Banco Mundial y fue constituido en 1965, actúa como un foro con reglas de arbitraje. Entre sus tareas, está el ayudar a los Estados a dirimir controversias cuando firman tratados bilaterales de inversión, mientras que para los inversionistas, se convierte en una instancia ante la cual pueden presentar inconformidades en caso de considerar que los países incurren en violación o incumplimiento de los contratos firmados.

 

La instancia recibe cada año entre 50 y 60 nuevos casos a nivel mundial en donde el inversionista demanda al estado por incumplimiento de contrato o simplemente porque las reglas económicas o de juego se modificaron.

 

La globalización de las economías en Latinoamérica cambió el panorama de la región, pero el común denominador fue que cada uno de los países mencionados, terminó abriendo sus sectores energéticos a las inversiones privadas, principalmente a las foráneas.

 

Primero fue Argentina quien abrió su sector energético a los inversionistas internacionales. En 1989, se desreguló la Ley de Hidrocarburos que tenía 22 años vigente y había dado paso a la creación de la empresa estatal YPF. En 1991 bajo el “Plan Argentina”, se entregaron en concesión 140 áreas de explotación y eventual explotación de yacimientos de hidrocarburos. La reforma energética tuvo su punto culminante en 1992 con la privatización de YPF.

 

Después fue Venezuela; en 1992 el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, otorgó en concesión 32 contratos para la explotación y exploración de diversos campos de gas y petróleo. Los convenios contemplaban también la construcción de varias refinerías y la concesión de la distribución y almacenamiento de hidrocarburos a los inversionistas extranjeros. En cinco años, los convenios modificaron y transformaron el sector energético venezolano que tuvo un auge de 10 años.

 

Brasil tuvo un proceso similar con la apertura a la inversión extranjera de su sector energético, permitió la asociación de la paraestatal Petrobras con empresas privadas; en 1995, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, creó la Agencia Nacional del Petróleo, órgano que fiscalizaría y regularía la nueva figura jurídica de la petrolera más grande de América Latina.

 

En México el proceso de apertura de la participación de capital privado en el sector energético, apenas culminó el año pasado, sin embargo fue un proceso que llevó poco más de diez años para su culminación.

 

Pero más allá del proceso de apertura en cada país y sus respectivos resultados, todos los países que iniciaron la apertura de su sector energético en la década de los noventa, tienen otro denominador común. Todos han sido demandados por los inversionistas en algún momento posterior a la ola privatizadora.

 

Con el cambio de gobierno en cada uno de esos países, los nuevos gobiernos en turno, cambiaron o modificaron las reglas o leyes que habían sido establecidas para permitir la inversión privada en sus sectores energéticos. En Venezuela por ejemplo, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de ese país, se modificaron las condiciones de cada concesión otorgada en el periodo de Andrés Pérez y las empresas afectadas demandaron al gobierno venezolano ante el CIADI.

 

Los 32 convenios que fueron firmados entre 1992 y 1997 fueron declarados ilegales durante la administración del presidente Chávez, y bajo el nuevo formato de convenios, PDVSA debía poseer una participación mínima del 60 o 70% de las acciones y no participaciones iguales como se había estipulado en los convenios firmados con sus socios originalmente.

 

Ante ese escenario, las multinacionales advirtieron que enviarían el caso a arbitraje internacional, y se negaron a pagar el nuevo porcentaje de regalías. En 2007 el gobierno de Hugo Chávez retiró los contratos de concesión otorgados a Exxon Mobil, Petrocanadá, Conoco Phillips y Opic.

 

Argentina fue el primer país que tuvo un gran número de casos, llegaron a tener 30 demandas en contra al mismo tiempo a finales de los noventas, cuando empresas como Exxon Mobil, Gas Natural, Enersis y Repsol, entre otras, demandaron al gobierno ante el CIADI por incumplimiento de contrato, cambio de las reglas y cambios de la economía de ese país. En el momento que iniciaron las querella, el gobierno tenía firmados 50 tratados comerciales, la mayoría firmados en la administración de Carlos Saúl Menem.

 

Las empresas en su momento demandaron tanto al gobierno venezolano como al argentino por más de 20 mil millones de dólares y aunque en algunos casos no fructificaron sus requerimientos, sí lograron sacudir los cimientos de los gobiernos y les demandaron recursos que pudieron haber sido ocupados en otros proyectos.

 

La experiencia de estos países, hace suponer que el gobierno mexicano se encamina hacia un escenario de innumerables demandas en los siguientes años, pues con la llegada de más empresas e inversiones al sector energético, muchas de las corporaciones que ya estuvieron en Venezuela y Argentina, estarán llegando a México.

 

Un informe elaborado por el CIADI en 2015 revela que durante ese año, se registraron 52 nuevos casos de controversias entre países e inversionistas a nivel mundial, de éstos el 25% fueron registrados en Europa Oriental y Asia Central, 24% en América del Sur, 16% en la región de África Sub-Sahariana, 10% en África del Norte y Oriente Medio, 8% en Asia del Sur y el Pacífico, 7% en Europa Occidental, 6% en Centroamérica y 4% en la región del Tratado Comercial de América del Norte.

 

El informe revela que la mayor cantidad de controversias se concentra en los sectores energéticos como petróleo, gas y minería con el 26% y proyectos de generación de energía eléctrica en cualquiera de sus modalidades con el 17% del total de los casos atendidos por el CIADI.

 

Reza el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino recortar, se deben poner las propias a remojar, la pregunta es qué tanto podrá evitar el estado mexicano reducir los embates de los inversionistas extranjeros en materia energética, si de entrada, le han tirado ya seis contratos que habían sido otorgados en concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos.

 

La historia apenas comienza y el futuro, no es muy promisorio para el estado mexicano en materia de controversias energéticas.

 

@ijm14

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