Opinión

Las cuentas ocultas de la SEDENA

La prensa nacional, a partir de documentos oficiales, certifica el funcionamiento discrecional del FPAPEM. | Jorge Alejandro Medellín

  • 12/02/2021
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Nuevamente la prensa nacional, a partir de documentos oficiales, certifica un secreto a voces más o menos conocido, más o menos explorado desde hace años: el funcionamiento discrecional del Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), instrumento para el ingreso de recursos creado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para cubrir, primero, la guerra al narco ordenada por Felipe Calderón y luego, las necesidades de la SEDENA, los faltantes de la SEDENA, los proyectos truncos de la SEDENA, los proyectos no aprobados a la SEDENA, los huecos financieros de otras dependencias, lo que surja, lo que haya que justificar sin mayor supervisión externa

El FPAPEM se creó en 2007, a inicios del gobierno de Felipe Calderón, como una solución inmediata para darle liquidez a un Ejército y Fuerza Aérea que ya libraban una guerra interna contra los cárteles de la droga poco o nada adiestrados en el combate, con nulo espíritu de cuerpo, pero con muchas y mejores armas ligeras y muchos recursos financieros para sostener uno, dos, diez, veinte enfrentamientos, perder a muchos hombres, abandonar armas, equipo, dinero, camionetas y casas, y recuperarse, reagruparse y volver a la defensa de territorios, zonas, estados completos en un reto constante y sin fin a las fuerzas del Estado 

Para enfrentar esa tremenda dinámica de desgaste ante una fuerza irregular cuyos jefes y líderes reales pueden lavar anualmente en bancos y empresas mexicanas alrededor de 150 mil millones de dólares, la SEDENA decidió blindarse y enfrentar lo que viniera sin esperar que el gobierno en turno le concediera o autorizara el presupuesto mínimo necesario para operar contra la delincuencia organizada. 

De los oscuros manejos del FPAPEM han dado cuenta en distintos momentos la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al pronunciarse para que la SEDENA se comportara de forma transparente y explicara algunas cosas a legisladores y autoridades que así lo requerían. 

En la Gaceta Parlamentaria del 16 de octubre de 2014, por ejemplo, se le exhortaba al celebérrimo general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda “a difundir en el portal oficial de internet las acciones realizadas para atender las observaciones de la ASF relativas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD”. 

El texto de la gaceta recordaba la creación del FPAPEM y sus motivos: “El 22 de agosto del 2007, se constituyó el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), mediante contrato suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como única fideicomitente de la administración pública y como fiduciario el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército), con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional como coordinadora del fideicomiso, el cual tiene como objeto administrar los recursos que forman su patrimonio y cubrir las erogaciones por las adquisiciones de equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones; así como, la contratación de obra pública y servicios de mantenimiento necesarios para dichos bienes y obras, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente”. 

Los dineros de la SEDENA en el FPAPEM manejado en el sexenio anterior muestran discrecionalidad, desapego a lo ordenado en distintos cuerpos legales, incluida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras disposiciones de la Administración Pública Federal. 

La auditoría del 2014, por ejemplo, señaló cosas como esta: “Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones normativas, excepto por los resultados que se refieren principalmente a que las adquisiciones relacionadas con el contrato de obra núm. 394/I/2011, por 450.0 millones de pesos, no se registraron por la Sedena en la cartera de inversión a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tampoco se elaboró el análisis de costo-beneficio del programa de inversión. 

“La adjudicación formalizada a través del contrato número FAM-F/304/I/2011 fue exceptuada de la Licitación Pública; sin embargo, no se proporcionó la documentación que sustente que la adquisición se ajustó al supuesto que establece la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asimismo, no se realizó el correspondiente estudio de mercado con todos los elementos establecidos por la normativa. 

“El procedimiento de adjudicación número FAM-049/I/2011 que originó la formalización del contrato núm. 394/I/2011 se sustentó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos realizados debió aplicarse la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”. 

Compras injustificadas, sobreprecios, nulidad en reportes de gasto, operaciones no reportadas o sin aclarar, obras que no correspondían a la naturaleza y los fines del fideicomiso, así como adquisiciones hechas sin haber comparado mejores precios u oportunidades en el mercado –como ocurrió con el avión presidencial que AMLO no logró venderle a nadie–. 

Hoy sabemos, gracias a la “prensa inmunda”, que el FPAPEM comenzó a operar con 5 mil 040 millones de pesos y ha alcanzado a la fecha, en el gobierno de López Obrador, la nada despreciable cantidad de 48 mil 779 millones de pesos auditables solo, a veces, por la ASF, a la cual la SEDENA ha ignorado una y otra vez en sus peticiones de transparencia y manejos claros. 

A saber: “Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, C. Salvador Cienfuegos Zepeda, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-07100-02-0333, relativa al “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, que refieren principalmente a los 30.2 millones de pesos detectados como recuperaciones probables, correspondientes a penas convencionales, de las cuales no se proporcionó evidencia del entero a la Tesorería de la Federación, por lo que se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; asimismo, el uso, destino, generación de intereses y saldo o disponibilidad de los recursos de dicho fideicomiso

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, C. Salvador Cienfuegos Zepeda, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, el uso, destino, generación de intereses y saldo o disponibilidad de los recursos del “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”. 

El FPAPEM no admite otros ojos para revisarlo, juzgarlo y sancionarlo que no sean los de la propia SEDENA, que es juez y parte de lo que se hace o no se hace con esos recursos, hoy los más cuantiosos en su historia y de los que nadie sabe qué ha sucedido, sobre todo en los tiempos del cambio y la guerra total a la corrupción. 

¿Alguien sabe cuándo, dónde y cómo ha informado y aclarado la SEDENA los puntos oscuros, incompletos, confusos o abiertamente extralegales de los manejos del FPAPEM? Misterio total. 

Este año la SEDENA presenta en su Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021) 23 Programas y Proyectos de Inversión (PPIs) de los cuales 14 cuentan con recursos aprobados y el restante quedará en espera para ser concretados. Es predecible que esta espera no durará mucho tiempo, toda vez que el FPAPEM ha crecido de manera importante y podría ser empleado para realizar compras de material bélico y equipo necesarios. 

De los 14 proyectos aprobados para este año, 13 son de la Fuerza Aérea Mexicana, pero en realidad implican pagos por equipo adquirido en años anteriores. 

No habría que recurrir ya al PEF en el que, de todas formas, se contemplan compras militares a partir de la figura de Arrendamiento Financiero, figura surgida también en el sexenio calderonista para brindarle a la SEDENA y a la Marina otras vías de adquisición de materiales más de las limitaciones de un presupuesto que nunca alcanza para cubrir las necesidades de las fuerzas armadas. 

Por cierto, bajo el esquema de Arrendamiento Financiero se siguen pagando dos proyectos: la adquisición de un sistema de radares para vigilancia y control del espacio aéreo (3 mil 772 millones 186 mil 130 pesos) y la compra de seis helicópteros EC-725 Cougar para operaciones especiales (10 mil 147 millones 856 mil 110 pesos). 

En el primer caso la deuda se terminará de pagar este año con el pago de 200 millones 278 mil 088 pesos, y en el segundo caso lo adquirido se seguirá pagando más allá del sexenio de López Obrador, con el pago de 530 millones de pesos por año en promedio hasta saldar la deuda de la que ya se han cubierto 5 mil millones de pesos. 

Estos gastos generados en el sexenio de Enrique Peña Nieto tienen en un impasse a la Fuerza Aérea Mexicana, pero no por mucho tiempo. 

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