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Las candidaturas y la pensión alimentaria

Quien no cumpla la 3 de 3 no podrá aspirar a competir por un cargo de elección. Si no hay pensión, no hay candidatura. | Agustín Castilla

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Escrito en OPINIÓN el

En tiempos en que las buenas noticias no abundan, es de  reconocer la decisión que tomó el INE hace unos días al aprobar los lineamientos que deben acatar los partidos políticos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres, que es producto de una larga lucha en la que poco a poco -y aún en forma insuficiente- se empiezan a ver los frutos. 

A partir de la emisión de estos lineamientos, con los cuales se busca dar cumplimiento a las reformas más recientes en materia de violencia política por razones de género emitidas por el Congreso, los partidos políticos tendrán la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, a participar en igualdad de condiciones y por tanto en el acceso a prerrogativas (financiamiento, propaganda, espacios en radio y televisión etc.). De igual forma, están obligados a crear instancias y procedimientos internos para atender las quejas y denuncias que se presenten así como para investigarlas, resolverlas y, en su caso, sancionarlas, además de establecer medidas cautelares, de protección, no repetición y reparación. 

Sin duda se trata de avances muy importantes -junto con la creación del registro nacional de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres por razones de género-, pero que seguramente todavía habrá de enfrentar muchas resistencias en el proceso de implementación, por lo que debemos estar muy atentos empezando por el Instituto Nacional Electoral pero también desde la sociedad, para que no se permitan simulaciones al interior de ningún instituto político.

A todo esto se suma una propuesta muy pertinente que hicieron al INE un grupo plural de legisladoras federales y locales, regidoras, organizaciones y activistas que se recogió en los Lineamientos, para que los partidos soliciten a los y las aspirantes a una candidatura -supongo que también aplicará para las candidaturas independientes- firmar bajo protesta de decir verdad la denominada 3 de 3 que consiste en el compromiso de que no han sido sentenciados por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado, por delitos sexuales, o como deudor alimentario. 

Sin demerito de la violencia doméstica o de los delitos sexuales que son de suyo sumamente graves y lamentablemente con una alta incidencia, me parece particularmente destacable que se incluya el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por ser una forma de violencia contra las mujeres muy común y que pocas veces se visibiliza atentando contra los derechos más elementales de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2017 y lo que va de 2020 se han abierto más de 80 mil carpetas de investigación por incumplimiento de las obligaciones alimentarias, pero calcula que en 65% de los casos no se presentan denuncias, en tanto que el INEGI señala que 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimentaria por las argucias de los deudores para evadir su responsabilidad. 

Incluso no son excepcionales los casos de papás que cuentan con gran solvencia económica y llevan una vida muy desahogada, pero encuentran la forma de maquillar sus ingresos y bienes para que se determine una pensión alimentaria que dista mucho de corresponder a la realidad, y ni así cumplen por ser una manera de ejercer control sobre la que fuera su pareja y sus hijos (as). En este contexto, no es posible confiar una responsabilidad pública a quien no es capaz de cumplir siquiera con sus obligaciones básicas desde el punto de vista jurídico y moral. Por ello, es de lo más relevante que se vayan generando las condiciones para que quien no cumpla no pueda aspirar a competir por un cargo de elección. Si no hay pensión, no hay candidatura.