Durante todo el proceso de discusión de la llamada reforma política, académicos, activistas y organizaciones señalaron la crisis de representatividad que enfrentan los partidos políticos e insistieron en la necesidad de terminar con el monopolio que detentaban de la participación electoral.
Sin embargo, y a pesar de que diputados y senadores de prácticamente todos los grupos parlamentarios votaron a favor y celebraron dicha reforma, no pasó mucho tiempo en que se evidenciaran las resistencias que esta figura ya reconocida en nuestra Constitución provoca en la clase política.
Para empezar, hicieron caso omiso de la obligación de regular las candidaturas independientes en el plazo que ellos mismos se habían impuesto en el artículo segundo transitorio, y que venció el 9 de agosto de 2013.
Por su parte, en algunas entidades como Nuevo León y el Distrito Federal se han hecho diversos intentos por dificultar la postulación de los ciudadanos sin partido en los procesos electorales locales, y en el ámbito federal la tónica no es muy distinta.
En el proyecto de dictamen de las leyes generales en materia electoral derivadas de la más reciente reforma constitucional que se discute en el Senado de la República, se pretende imponer requisitos sumamente altos a los aspirantes (firmas equivalentes al 1% del padrón para Presidente y del 2% para legisladores, siendo la propuesta del PAN bastante más moderada), además de limitar a tres el número de candidatos independientes que podrán registrarse para participar en una elección aún cuando un número mayor cumpla con los requisitos, lo que a mi juicio violentaría sus derechos político-electorales.
Por más que se le dé vueltas simplemente no se entiende que el PRI y su gobierno se empeñen en pedir alrededor de 800 mil firmas en más de la mitad de las entidades federativas a un aspirante independiente a la presidencia de la república en un corto periodo de tiempo y sin acceso a medios masivos de comunicación, cuando es una cantidad mucho mayor de lo que se pide a un partido para obtener su registro y sobre todo cuando las condiciones de la competencia serán necesariamente inequitativas pues los institutos políticos cuentan con un cuantioso financiamiento permanente otorgado por el Estado, tiempo gratuito en radio y televisión y una estructura enorme.
Se vale que no estén de acuerdo con las candidaturas independientes y por supuesto están en su derecho de debatir y de presentar argumentos, pero lo que no es permisible es que sigan tratando de engañarnos con este doble discurso que se contradice en los hechos, y lamentablemente lo único que denotan algunos es el miedo que le tienen a los ciudadanos y que es directamente proporcional al tamaño de los requisitos que pretenden imponer.
@agus_castilla