Opinión

Las batallas que vienen

El presidente, lejos de querer mejorar la situación, quiere desaparecer los órganos autónomos. | Fernanda Salazar

  • 15/01/2021
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La batalla del presidente por hacerse de más control se hace cada vez más frontal conforme avanza el tiempo de su gobierno. Un ejemplo de ello es la discusión sobre la desaparición de órganos autónomos. Un tema planteado en un tono que, como suele pasar con el actual gobierno, no encuentra medios términos (probablemente porque la forma de plantearlos no siempre busca las mejores respuestas sino las que más sirvan a la definición político-electoral).

Es cierto que México se convirtió, en menos de tres sexenios, en algo como la República de los órganos autónomos. Eso sucedió, en buena medida, como resultado de la permanente desconfianza política en la que vivimos. Depositar en órganos autónomos tareas fundamentales del Estado no es excepcional en las democracias. Lo que sí es excepcional es que estos órganos no tengan controles efectivos. Como bien lo afirma el Dr. Valadez, una cosa es la autonomía y otra es la soberanía. En ese sentido, la falta de rendición de cuentas política que existe en México se extiende también a los órganos autónomos. Hoy como antes, el Congreso que está a cargo de esos controles se subordina a quienes, de origen, no se quería que esos órganos estuvieran subordinados: al poder ejecutivo o a los partidos políticos.

El tema es que el presidente, lejos de querer mejorar esa situación, quiere desaparecerlos y regresar al control total de todos esos temas, en medio de una precarización del servicio público.

La amenaza de regresar a fórmulas que ya conocemos es que estas actividades de los órganos autónomos se relacionan, por ejemplo, con la protección de derechos humanos (como la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos, el acceso a internet, las concesiones de radio y televisión) y con otros asuntos como la competencia económica que se podría vincular con la política industrial de un país, la producción de alimentos como la tortilla o de energías limpias, entre muchas otras cosas. Estos temas involucran muchos intereses políticos y económicos a los que el poder ejecutivo no permanece inmune (o frente a los cuales es incluso sujeto de obligaciones) y, en ese sentido, se considera que la integración diversa con nombramientos de personas independientes y especializadas ayuda a garantizar que las decisiones estén guiadas por el interés público y no por intereses privados. Hay que admitir que esto no siempre es cierto, pero en muchos países funciona si existe la voluntad y visión política para ello.

Lo cierto es que nada de eso está garantizado porque ni los gobiernos anteriores ni este han priorizado políticas de Estado en estas materias, centradas en el interés público y no en los del gobierno en turno.

Los resultados de estas batallas dependerán, en buena medida, de las elecciones de este año en las que se votará, entre otras cosas, a diputados federales y 30 congresos locales.

Son suficientes cargos para orientar la capacidad que tendrán el presidente de la República y su gobierno para decidir libremente la ruta, no sólo del gobierno sino del Estado, o las dificultades políticas que tendrá que sortear para avanzar lo que sea su proyecto. Elecciones que, por cierto, se llevarán a cabo en medio de una pandemia que tiene a la gente con miedo, rodeada de pérdidas y en crisis económica.

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