Tal y como lo comentamos en este mismo espacio, ante la derrota de su partido y el inminente arribo de la posición, los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua pretendieron aprovechar el control que todavía mantienen en sus respectivos congresos para impulsar reformas legales al vapor así como nombramientos de fiscales, magistrados y titulares de los órganos de auditoría estatales con los que buscaban obtener protección una vez que concluyeran sus mandatos.
Esto provocó fuertes críticas de la sociedad y una enérgica demanda principalmente del PAN, para que desde el gobierno federal se frenará la aprobación de los llamados “paquetes de impunidad”. La tensión llegó a tal grado que el dirigente nacional de dicho partido, Ricardo Anaya, junto con Santiago Creel y el gobernador electo, fueron víctimas de una agresión por parte de integrantes del “movimiento de los 400 pueblos” durante una visita al congreso local de Veracruz para reunirse con los diputados panistas, con lo que una vez más se evidenció la calidad de Duarte a quien se responsabiliza de estos hechos.
Como si no bastara con los graves problemas que enfrenta el gobierno y el alto costo que le generaron al PRI los señalamientos de corrupción, abusos y pésimo gobierno sobre todo de Javier Duarte y Roberto Borge, estuvieron a punto de ocasionarles un nuevo conflicto político de dimensiones mayores, lo que obligó a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a tomar distancia e incluso el candidato perdedor en Veracruz de plano pidió a su correligionario que “por vergüenza renuncie” calificándolo como el peor gobernador en la historia de la entidad.
Lo previsible era que mediante una negociación se buscarán salidas políticas al conflicto, pero no se esperaba que el Gobierno Federal fijara una posición tan clara y mucho menos que optara por la vía jurídica para combatir las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo en ambos estados.
El pasado martes la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de Veracruz y Quintana Roo -a las que el día de ayer se sumó la de Chihuahua- por la aprobación de diversas reformas “que no son acordes a la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 que tuvo como objetivo crear un Sistema Nacional Anticorrupción”.
Entre los argumentos esgrimidos destacan que dichas entidades federativas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes para que estos se ajusten al Sistema Nacional, y tampoco pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias porque se generaría inseguridad jurídica.
Independientemente de la resolución de la Corte -que esperamos sea en el mismo sentido-, el sólo hecho de que el presidente de la República ordenara a la PGR la presentación de las acciones de inconstitucionalidad manda una señal muy importante a los gobernadores de cualquier origen partidario -que se han convertido en virreyes-, pues como lo señaló el vocero del gobierno “no debe haber cabida para legislaciones locales a modo” y por lo pronto en Veracruz ya dieron marcha atrás.
Por supuesto caben distintas interpretaciones. Habrá quien afirme que esto representa una nueva victoria para el PAN y para Ricardo Anaya, en tanto que para otros se trata de una rectificación del gobierno con lo que demuestra que finalmente comienza a asumir el mensaje que emitió la ciudadanía en las urnas, pero lo verdaderamente significativo es que, por las razones que sean, se está dando un paso más en el combate a la impunidad.