En marzo de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein emitió 14 recomendaciones al Estado mexicano para su cabal cumplimiento, es decir para que acepte sin artificios y simulaciones las obligaciones contraídas internacionalmente en materia de derechos humanos.
Sin embargo, nuevamente el discurso de las apariencias y buenos propósitos define la retórica oficial de la élite política en nuestro país; poco o casi nada hacen por la aceptación formal del pronunciamiento del representante de la ONU en materia de derechos humanos. En Derecho Internacional, si el Estado no acepta expresamente las recomendaciones, estas no son de obligado cumplimiento, es decir, se trata de una facultad potestativa del Estado el aceptar o no los pronunciamientos. Por tanto, la respuesta del Estado mexicano es, por decir lo menos, una vacua forma de decir que no se compromete jurídicamente ante la comunidad internacional y menos ante los ciudadanos a cumplir con dichas encomiendas. En todo caso, el pronunciamiento de Zeid Ra’ad Al Hussein es para el gobierno mexicano una serie de cuestiones, aparentemente menores, pero atendibles, coincidentes, irrealizables, concordantes, analizables, interesantes, consultables, compartibles y preocupantes.
Más allá de la profunda crisis de derechos humanos en la que nos encontramos inmersos, misma que es señalada por diversos gobiernos, quienes incluso alertan a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a nuestro país, debido a la extrema peligrosidad e inseguridad en distintas zonas del territorio nacional; también es advertida por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y por supuesto es evidenciada a través de los pronunciamientos de organismos internacionales, como el que nos ocupa. Todo ello muestra una realidad muy distinta a la apariencia de que en México no pasa nada. Es todo lo contrario, pasa mucho y es muy grave, de ahí que la aceptación expresa a todas y cada una de las recomendaciones debió ser inmediata y efectiva, pero no fue así.
El comunicado de respuesta gubernamental a las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos, lamentablemente, no tiene carácter vinculatorio, pues no se aceptaron expresamente, restándole así, consciente y abiertamente su valor jurídico como instrumento de obligado cumplimiento, para realizar los cambios necesarios que requieren la seguridad y la justicia en México. La falta de voluntad política para actuar conforme a los estándares internacionales es evidente, principalmente en los casos donde las fuerzas de seguridad se ven implicadas como victimarios.
La apariencia del buen derecho en detrimento de una congruente, sólida y efectiva política criminal en materias tan atroces como los crímenes de lesa humanidad es un fenómeno terriblemente arraigado en nuestro país. Debido a lo anterior es de suma trascendencia conocer, reflexionar y actuar sin reparos en torno a esas 14 líneas de acción propuestas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
La preocupación por el número desmedido de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales que se cometen en México, y su impunidad, ocupa un espacio central en las directrices señaladas por Ra’ad Al Hussein. De tal manera que en concordancia con lo que hemos venido reiterando en este espacio, se precisan como puntos fundamentales: la autonomía y fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar justicia; la instauración de una centro nacional forense realmente competente; una ley nacional que establezca un registro unificado de todo tipo de detenciones, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones; la profesionalización y especialización de la policía junto con la adopción y debida implementación de una ley nacional sobre el uso de la fuerza; leyes generales sobre tortura y desapariciones, asegurando su debida efectividad; reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares, además insta a las autoridades civiles a que cumplan plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando.
Nuevamente queda evidenciado el mal crónico del que adolecen nuestras instituciones, pero también se proporciona el revulsivo, entonces qué esperamos para empezar a cambiar nuestra realidad, qué están esperando nuestras autoridades para actuar en congruencia. Las recomendaciones son, sin duda, una oportunidad de reconocer lo que se ha hecho mal y en este sentido, enmendar los yerros, para de esta manera, avanzar seriamente y sin corta pisas en la dirección indicada para el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Si las recomendaciones de un organismo internacional se aceptan, se convierten en un instrumento jurídico vinculatorio y de obligado cumplimiento que el Estado no podría recusar ante sus ciudadanos ni ante la comunidad internacional.
En fin, el documento-respuesta una vez más deja claro la férrea posición de una clase política indiferente y reacia a realizar los esfuerzos necesarios para acabar con las fatídicas trasgresiones a los derechos humanos. En tanto se nota su plena disposición a seguir trabajando arduamente en una apariencia del buen derecho, definitivamente, la simulación es su fuerte y la evasiva es su blindaje.