Con frecuencia no entiendo a los economistas del poder porque eluden la realidad de los de abajo y para ellos casi nada pasa en la economía nacional a pesar de los terremotos sociales que vivimos. Ellos tienen una visión diferente: la dorada, la de una mejoría que ya viene y que ya viene y no aparece por ningún lado. Parece que les pagan para mentir.
Lo que acaba de decir el ilustre Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, de que la violencia relacionada con el narcotráfico de drogas está “amortiguando el crecimiento”, pareciera una broma, pero esa afirmación suena a burla. Los salarios simplemente no mejoran y el desempleo no para, ¿cuál crecimiento? El poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos está siempre “amortiguado” haya violencia o no.
Sí, desde luego me responderán los que no están de acuerdo, que la economía no tiene una varita mágica para que se recupere la situación del país, pero nuestros gobernantes han puesto a la Nación en “venta de garaje” para alentar la inversión extranjera, a precio de barata, hasta de regalado con nuestros recursos naturales y mano de obra, pero nada surte efectos.
La gravedad de lo ocurrido en Guerrero y la masacre contra 22 personas en Tlatlaya por soldados mexicanos, como ha reconocido la PGR, aleja toda posibilidad de inversiones de largo plazo. La inseguridad que azota al país por la simbiosis de autoridades con delincuencia pone entredicho cualquier posibilidad de mejora económica.
Las mejores inversiones empresariales están relacionadas con la industria de la violencia: incremento de compañías de seguridad privada que proporcionan escoltas y elementos de seguridad, venta de armas, aparatos de intercepción, autos y cristales blindados, alarmas, chalecos antibalas entro otros enseres. Los empleos que abundan son de policías públicos y privados y hasta del Ejército, claro, de soldado raso.
Hay estudios que revelan que esa “economía de la seguridad” crece anualmente a ritmos de 15 a 20% mientras que la economía nacional apenas si rasga el 2.4 por ciento. Hay empresas que han aumentado en más del 300% sus gastos de seguridad y ni así se detiene la violencia.
Gran parte de esas empresas de “seguridad” operan en forma irregular y muchas de ellas tienen dentro de sus filas el cimiento de grupos delincuenciales. Sus elementos llegan a saber dónde viven sus patrones, sus costumbres, dónde estudian sus hijos, circunstancia que detona los secuestros y más violencia.
La visión que tiene del país Agustín Carstens es del mundo fantástico, para él, la violencia tiene graves consecuencias únicamente para las personas en las comunidades afectadas, “mientras que no es un problema significativo para los inversionistas en el sistema financiero”. ¡Vaya manera de ver las cosas! Según este funcionario, el secuestro de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y los asesinatos cometidos el 26 de septiembre pasado y que tiene en vilo al país, es problema de las víctimas nada más.
Sin embargo, está percepción de apolillados economistas como Carstens de que México es el país del “no pasa nada”, se contradice con la encuesta dada a conocer el pasado 3 de octubre por un grupo de empresarios en donde se reconoce que los problemas de inseguridad son el principal obstáculo para el crecimiento económico, seguida de la política fiscal, la débil demanda interna y la inestabilidad financiera internacional.
Esta crisis que viven los de abajo, de la que ni remotamente visualizan economistas de gafas cortas (los que no ven más allá de sus narices), que obliga a prolongar jornadas de trabajo sin pago, a laborar en condiciones insalubres, trato indigno, sobrecargas de trabajo sin límite, despidos constantes y salarios miserables. Una crisis que conviene a unos cuantos, que viven otra realidad social.
Esa crisis que viven los “sin trabajo” que como estrato social crece sin que haya alternativas para ellos, los enfrenta a dos caminos: La informalidad o la delincuencia, no hay de otra.
Una escalada de violencia que no se detiene porque también la miseria es creciente.
Mientras tanto se está a la espera de la respuesta gubernamental de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que por lo prolongado de la investigación mueve a sospecha.
¿Se maquina una respuesta, previa consulta con los economistas de gafas cortas, para que cause el menor impacto económico? ¿Secuestrados o asesinados? ¿Qué conviene más a eso que llaman: Economía nacional?
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM