La violencia contra las mujeres avanza de un modo alarmante en nuestro país. El último mes ha sido la evidencia más clara de que no es un fenómeno aislado que se pueda tapar con un dedo, como han pretendido hacer diversas autoridades por años y que claramente no se han tomado las medidas administrativas, jurisdiccionales ni legales para combatirla.
Las brutales agresiones en contra de la senadora Ana Gabriela Guevara que encaró valientemente los hechos, denunciando a los agresores por la vía legal y en los medios de comunicación; las terribles y vergonzosas declaraciones del gobernador de Hidalgo que en los últimos eventos públicos se ha encargado de denostar y violentar a las mujeres y, hace un par de días, la explosión de un artefacto en las instalaciones del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México, son ejemplo de ello.
Miles de mujeres sufren actos de violencia todos los días en México. Violencia física, sexual, económica, laboral, psicológica, emocional, política esas son las condiciones en las que las mujeres debemos vivir en México sin que las autoridades tomen las medidas correctas y oportunas para detectar, prevenir, atender, erradicar y sancionar los hechos violentos en contra las de mujeres.
Las declaraciones del titular de un poder ejecutivo estatal son, además de lamentables, preocupantes. ¿Cómo es posible que ese tipo de personajes ganen una elección? ¿cómo gobiernan un estado con ese tipo de ideas en el cerebro? ¿cómo es posible que las y los ciudadanos votemos a una persona con este comportamiento para que nos represente o nos gobierne? Y lo más grave, cómo un personaje que se atreve a decir y a actuar así públicamente diseña, aprueba o implementa una política pública, un programa de gobierno o una ley que proteja los derechos humanos de las mujeres. A cargo de personas como éstas se encuentra la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres.
Los funcionarios públicos, sin importar el cargo que ocupen, que no enfrenten, atiendan y combatan la violencia contra las mujeres, deben renunciar. Más aún deben hacerlo aquellos que no solamente no actúen y combatan la violencia contra las mujeres sino los que la inciten, la agraven o la minimicen como ocurre en el Estado de Hidalgo.
Resulta inadmisible que contemos con autoridades que intenten impedir las alertas de género en sus estados, que sigan ocultando las cifras de violencia y feminicidios, acompañados por legisladores que no se comprometen con el tema y siguen sin aprobar la legislación adecuada para combatirla y sancionarla y, además, que las autoridades de procuración de justicia solamente actúen cuando los hechos tienen cobertura en redes sociales o mediática.
A la vergonzosa actuación del gobernador de Hidalgo se suma la de todos aquellos servidoras y servidores públicos que no cumplen con su obligación constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. Las declaraciones del gobernador de Hidalgo no sólo humillan, vulneran y discriminan a las mujeres de ese estado sino a más de la mitad de la población de nuestro país que somos mujeres. A cargo de ese mismo personaje estuvo la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República de 2012 a 2015, seguramente es con esa misma visión protectora y garantista de los derechos humanos de la que ha hecho gala en el estado que ahora gobierna con la que se revisaban y aprobaban proyectos e iniciativas en esa Comisión, a cargo de la que también estaba la ahora tan anunciada ley de seguridad interna que desde 2012 debía haberse aprobado y que, en 2016, sigue sin aprobarse.