La violencia contra la mujer no cesa, las instituciones encargadas de crear programas de prevención no llegan a consolidar dinámicas sociales que reduzcan este grave problema. Tenemos como evidencia la carencia de diagnósticos; la falta de atención a las víctimas; la falta de sensibilidad de las autoridades encargadas de prevenir, combatir o castigar estos fenómenos; la negligencia de los funcionarios en asumir e implementar los acuerdos y protocolos pertinentes en la materia; así como la complicidad de la sociedad al revictimizar a las víctimas o incluso, atacarlas cuando buscan justicia.
No importa el cristal a partir del cual se observe el fenómeno, es un hecho que las violencias ejercidas contra las mujeres no han cesado. Este escenario se torna aún más preocupante si se considera que paralelamente, la autoridad insiste en presumir la reducción de la incidencia del feminicidio, un delito sobre el cual no se lleva registro y que comúnmente no se reconoce como tal.
Precisamente por esta razón, la semana pasada intentamos hacer llegar una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con miras a que exista un cumplimiento de las normas y tratados internacionales que obligan a la federación y a las autoridades locales a trabajar apegados a protocolos de actuación con perspectiva de género. También se insta a que se ponga en marcha un programa de capacitación dirigido a las autoridades para identificar adecuadamente el delito, para que de esta manera se dé acceso a la justicia a las víctimas. Asimismo solicitamos que se promueva un mecanismo de supervisión de la sociedad civil en la construcción de bases estadísticas fidedignas que sirvan como diagnóstico y sean un ejercicio de rendición de cuentas para la sociedad. Además destacamos que es fundamental la revisión de la implementación de políticas públicas que cuentan con apoyo federal, que éstas se encuentren sustentadas en diagnósticos, que cuenten con indicadores de impacto y sea posible evaluarlos para identificar el alcance de sus resultados.
La carta que enviamos desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) fue recibida por la autoridad después de insistirles varias veces. No obstante, al momento del envío de esta columna no hemos obtenido respuesta alguna que nos permita decir que la voz de la sociedad civil ha sido escuchada.
A continuación, les presento el texto completo para su análisis y la invitación abierta a la sociedad a rechazar cualquier forma de discriminación, violencia e injusticia. De igual manera, invito y hago un llamado a que promovamos el pleno respeto de la persona y su libre desarrollo de lo contrario difícilmente podremos remediar la profunda crisis de seguridad humana que enfrentamos en México.
Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
P r e s e n t e
Señor Secretario, como bien sabe la violencia contra la mujer es algo cotidiano, normalizado y socialmente aceptado. Las evidencias están a la luz del día y van desde el acoso en la calle hasta las expresiones denigrantes de autoridades o personajes públicos sobre la mujer.
Por si esto no fuera suficiente, cada vez que una mujer es víctima de violencia y se atreve a alzar la voz, inmediatamente es callada y señalada como culpable por el simple hecho de ser mujer. En otras palabras, diariamente atestiguamos la victimización y revictimización de las mujeres. Lamentablemente, la violencia que diariamente padecen las mujeres no es un secreto a voces ni una novedad sino que es un problema de todos conocido.
Señor Secretario, como usted sabe ser mujer en nuestro país es sumamente peligroso, no sólo por los riesgos que implica sino por la falta de acceso a la justicia, la simulación en la investigación de los casos y en la atención a las víctimas debido a que no se siguen los protocolos y normas que sirven para ello. Es peligroso ser mujer porque hay una sociedad que está dispuesta a proteger al agresor, culpar a la víctima, juzgarla y mofarse de ella. Debido a estos factores las agresiones, violaciones, feminicidios, terminan siendo ejecutados impunemente bajo el resguardo de nuestras instituciones de procuración de justicia que terminan calificando las faltas como menores.
Justamente por cada uno de estos aspectos no es posible afirmar una disminución de 25% del feminicidio como lo ha referido en días pasados durante la presentación de la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, Acciones y Compromisos. Si el sustento de dicha información son estadísticas provenientes de las instituciones de procuración de justicia, éstas no reflejan lo que deberían representar debido a que se derivan de las denuncias interpuestas ante autoridades que no sólo no saben cómo atender a las víctimas sino que muy probablemente no están sensibilizados sobre los elementos constitutivos básicos del feminicidio. Las repercusiones de esta situación son muy claras pues no sólo se trata de la revictimización de la víctima y sus familiares, sino que afecta irremediablemente la clasificación e investigación de los hechos. Por esta razón, hemos tenido conocimiento de que claros casos de feminicidios han sido clasificados y considerados como suicidios u homicidios culposos. Esto sucedió en los casos de Mariana Lima o de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ambas asesinadas en el Estado de México. Por lo tanto, podemos afirmar que no tenemos certeza alguna sobre la disminución de la incidencia de feminicidios.
En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) nos dimos a la tarea de analizar este delito en nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México. Los resultados de la investigación efectuada evidencian que faltan muchas cosas por hacer para atender el problema del feminicidio en nuestro país pues encontramos que:
1. Aunque desde 2007 contemos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se dispone que el Estado mexicano debe desarrollar e implementar una serie de protocolos de actuación para atender este tema desde la procuración de justicia, sólo 20 entidades federativas cuentan con dichos protocolos sin que esto implique todos ellos cuenten con una visión de género.
2. A pesar de la gravedad del ejercicio de violencia feminicida contra las mujeres, aún hay entidades federativas como Chihuahua y Nayarit que no cuentan con el tipo penal específico de este delito en sus respectivos códigos penales.
3. Existe una profunda incertidumbre sobre las estadísticas de feminicidios en ciertas entidades federativas como es el caso de Quintana Roo y el Estado de México. Esto se debe a que las autoridades estatales refieren estadísticas distintas ya sea en respuestas a solicitudes de información pública, en discursos oficiales o en información entregada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el caso de Quintana Roo encontramos que tras una serie de feminicidios ocurridos hace unos meses, el titular de la de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que durante 2014 se habían cometido trece feminicidios y de enero a octubre de 2015 se tenía el registro de siete casos. Estas cifras son un tanto cuestionables dada la respuesta a una solicitud de información pública realizada por el ONC pues fue la siguiente:
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que no se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero. (sic).
1. En el caso del Estado de México, las autoridades de procuración de justicia respondieron nuestra solicitud de información que durante 2014 se habían iniciado 48 averiguaciones previas, mientras que a la CNDH le reportó que inició 86 averiguaciones previas tan sólo durante el primer semestre de 2014.
2. Existen criterios y procesos disímiles para la sistematización y registro estadístico de los feminicidios en las instituciones de procuración de justicia. Respecto a ello, basta retomar el caso de Oaxaca, entidad que reportó la mayor cantidad de feminicidios durante 2014 pues se iniciaron 129 averiguaciones previas. Sin embargo, esta cifra no representa sólo los feminicidios ocurridos pues a partir de la incorporación del tipo penal de este delito en su respectivo código penal, se optó por determinar que todas las averiguaciones previas y legajos de investigación que se inicien con motivo de la muerte violenta de una mujer se inicien como feminicidios, determinando durante la investigación si se trata de dicho ilícito o si más bien es un homicidio doloso de mujer.
3. Al tratarse de datos provenientes de las instituciones de procuración de justicia estamos refiriéndonos exclusivamente a aquellos casos que fueron atendidos y reconocidos como feminicidios por los funcionarios. Si contrastamos dichas cifras con aquellas proporcionadas por las secretarías de salud pública encontraremos claras diferencias, las cuales no sólo se explican por la unidad de análisis que cada una de ellas mide sino por lo que sucede en la investigación y registro de este delito.
Debido a lo que mencionado previamente, carecemos de estadísticas oficiales que sean objetivas y de calidad que nos permitan entender, dimensionar y atender el problema del feminicidio mediante políticas públicas focalizadas. Esta es sólo la pequeña punta del iceberg pues si carecemos de este tipo de indicadores sobre esta violencia física y letal, qué podemos conocer sobre otras violencias ejercidas contra las mujeres. Es cierto que a partir de la información disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podemos llevar a cabo un seguimiento de la incidencia de violaciones. Es cierto que a partir de dicha información sabemos que el año con más averiguaciones previas por violación fue 2011 con un total de 15 751 casos registrados. Es cierto que además conocemos que desde 2012 se había mantenido una tendencia anual decreciente y que si comparamos los primeros 3 meses de 2016 con el mismo periodo de 2015 se observa un aumento de 4.18% de este tipo de casos. Sin embargo, estas cifras quizás reflejan una mínima fracción de las violaciones que han sido cometidas debido a que sólo representan los casos denunciados y en los cuales se procedió a iniciar una averiguación previa.
Señor Secretario Osorio Chong, usted mostró sensibilidad ante el tema al presentar la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, por eso me permito solicitarle:
1. La vigilancia del cumplimiento de normas y tratados internacionales que obligan a la federación y a las autoridades locales a trabajar según protocolos de actuación con visión de género.
2. Relanzar un programa de capacitación para las autoridades para identificar adecuadamente el delito, dando así acceso a la justicia a las víctima.
3. Promover una supervisión de la sociedad civil en la construcción de bases estadísticas fidedignas que sirvan como diagnóstico y sean un ejercicio de rendición de cuentas para la sociedad.
4. Revisar que la implementación de políticas públicas que cuentan con apoyo federal, estén sustentadas en diagnósticos, que cuenten con indicadores de impacto y que eventualmente se evalúe si han producido resultados.
5. Promover una política educativa y social de respeto a la persona y a lo diverso.
Señor Secretario, el discurso que ha pronunciado sobre la violencia ejercida contra la mujer es de suma importancia, por eso sé que entenderá que dar datos imprecisos de bajas optimistas es un ejemplo de revictimización que fomenta la desconfianza hacia la autoridad, minimiza el problema y permite la impunidad.
Señor Secretario, debido al discurso que ha pronunciado sé que usted es sensible a los peligros que enfrentan las mujeres diariamente y que tiene el compromiso de trabajar para tratar de disminuirlos. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano queremos colaborar constructiva y corresponsablemente frente a este problema de seguridad humana y de derechos humanos, por ello queremos hacer de su conocimiento nuestra disponibilidad para trabajar en la construcción de una política más eficaz.