El informe del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió hace unos días y abrió de nuevo la duda sobre lo que pasó realmente en Iguala un año atrás. Hay que reconocer que el gobierno mexicano tuvo la sensatez de aceptar y colaborar con el Grupo de Expertos y de indicar que revisarían el expediente de la investigación con base en las determinaciones de su informe.
Sin embargo, lo que encontraron los expertos al revisar el caso es una serie de discrepancias y omisiones significativas, dentro de los cuales hay tres que ponen en tela de juicio la investigación inicial y minan la confianza en sus resultados.
El primero tiene que ver con el paradero de los jóvenes presuntamente asesinados. Según el informe, para el cual se realizó una investigación especial en el tema, no hay forma de que los incineraran a todos en el basurero de Cocula, lo cual abre otra vez incógnitas sobre dónde se encuentran sus cuerpos. Esto genera dudas y abre incertidumbre para las familias de nuevo.
Segundo, el informe argumenta que había un quinto autobús tomado por los jóvenes que podría haber sido usado por los criminales para comerciar heroína a Chicago y regresar dinero a Guerrero, que podría haber sido el motivo de la matanza. Si bien el Grupo de Expertos no llegó a una conclusión definitiva, pone en duda los motivos expuestos en la investigación oficial.
Finalmente, el informe encontró que había mucho más contacto entre los jóvenes, quienes iban en el camino hacia la muerte, y las agencias policiacas federales y estatales de lo que se reveló en la investigación oficial. Esto no sugiere que necesariamente hubo complicidad en su ejecución, pero quizás omisiones en reportar los hechos, aportar evidencias y quizás en intervenir durante los sucesos terribles de ese día.
El informe no cambia el panorama general de lo que pasó, pero sí indica que hubo errores en la investigación oficial e información que no se incluyó, preocupante en un caso que era de tan alto perfil y monitoreado por la sociedad en su conjunto. Una encuesta reciente de Parametría encontró que había un escepticismo generalizado en México sobre la versión oficial de los hechos en el caso de Ayotzinapa, y el Grupo de Experto da evidencias que sustentan ese escepticismo.
En un país que quiere fortalecer el Estado de derecho, es esencial superar el escepticismo de los ciudadanos hacia su sistema judicial, pero muy difícil de hacerlo cuando sus dudas resultan ser justificadas por los errores y omisiones cometidos en las investigaciones criminales.