Opinión

La urgencia del ingreso mínimo vital

Algunos de los pretextos por los que ni siquiera se ha discutido la propuesta es que no hay recursos para poder llevarla a cabo. | Leonardo Bastida

  • 22/08/2020
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La oferta de alimentos a través de WhatsApp, la venta de múltiples artefactos y alimentos en las puertas de las casas o en autos con las cajuelas abiertas son escenarios comunes. Las pláticas cotidianas se centran en el desempleo, la reducción de sueldos, en dar gracias que aún se conserva un empleo a pesar de la existencia de condiciones laborales irregulares, en la necesidad de buscar un complemento económico haciendo repartos a través de las diferentes plataformas existentes de distribución de alimentos o de surtimiento de listas de supermercado o vendiendo algo los fines de semana.

El escenario responde a una realidad en la que si bien la tasa de desocupación en junio fue de 10.3 por ciento (5.5 millones de personas económicamente activas) y en julio de 8.3 por ciento (4.4 millones de personas), siendo una notable disminución con respecto al 14.6 por ciento alcanzado en mayo, el pico más alto desde el inicio de la pandemia por covid19, la activación económica de las personas ha derivado de una actividad informal y no un empleo formal, según datos de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19).

El ejercicio realizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana reveló que dos de cada tres hogares declaran que han visto reducidos sus ingresos desde el inicio de la cuarentena: 65 por ciento en junio y 63.4 por ciento en julio. La reducción promedio en el ingreso entre los hogares que reportaron tener un menor ingreso fue de 47.7 por ciento en junio y 48.5 por ciento en julio

Otros datos retomados de la encuesta indican que alrededor de 73 por ciento de los hogares mexicanos externaron su preocupación por contar con alimentos suficientes en el hogar y alrededor de 30 por ciento de estos cuentan con una menor cantidad y calidad de alimentos por falta de recursos económicos en comparación con el contexto previo a la emergencia sanitaria.

A principios de este mes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en junio se reactivaron 5.7 millones de empleos, 4.8 millones de personas que ya estaban laboralmente ocupadas y retomaron su actividad, y 901 mil plazas ocupadas por personas en condición de desocupación. Es decir, se pudieron colocar menos de un millón de las personas que estaban desempleadas. 

Datos del propio Instituto refieren que los índices de desempleo alcanzaron a casi 16 millones durante los meses álgidos del confinamiento, abril y mayo. El reciente ejercicio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró que más de tres millones de personas se incorporaron a la economía de manera informal, siendo casi 26 millones que se encuentran dentro de este marco.

A diferencia de muchos otros países del mundo, en México no se ha activado una medida económica emergente de apoyo a quienes han perdido su empleo o han visto disminuidos sus ingresos. Desde hace meses, está detenida en el Congreso de la Unión la iniciativa del ingreso mínimo vital, que logró un consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas del país a fin de poder brindar a la ciudadanía que lo requiera un monto de tres mil 696 pesos durante tres meses, con posibilidad de ampliarlo por dos meses más. 

La medida ha sido recomendada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como un mecanismo para evitar que las economías latinoamericanas enfrenten aún más problemas de inacción y el impacto de la recesión y la reducción de comercio internacional sea menor en los hogares de la región.

Algunos de los pretextos por los que ni siquiera se ha discutido la propuesta es que no hay recursos para poder llevarla a cabo. Un argumento muy común cuando se habla de los derechos del bienestar, incluidos en la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, y que refieren a la garantía de un nivel de vida adecuado, salud, alimentación, vestido, vivienda, y servicios sociales necesarios; derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

En la colonia Polanco se han confiscado más de 140 triciclos en los que se solían vender alimentos. Según el alcalde de Miguel Hidalgo, demarcación donde ocurrió el decomiso, quienes hacían esta actividad eran una mafia. En el corazón de la capital mexicana, al menos seis elementos policíacos participaron en el decomiso de una canasta de tacos, hecho que fue filmado por la afectada, ahora conocida como “Lady Tacos de Canasta”. Estas escenas han ocurrido en otras demarcaciones.

Antes de la pandemia, la informalidad de la economía mexicana ya era una realidad, más de 30 millones de personas estaban enmarcadas dentro de esa categoría. En medio de la crisis sanitaria más grande de lo que va del siglo, las cifras reales de empleo informal pueden ser mucho más altas, pues las trabajadoras del hogar, las cuidadoras, muchos empleados de la construcción, de la mecánica automotriz, vendedores, comerciantes, choferes, jardineros, meseros, entre muchos otros oficios, han sido invisibilizados de los grandes estudios y quedaron sin ingresos económicos y fuentes de empleo de manera súbita. 

Un escenario desafiante para una administración gubernamental cuyo lema ha sido el bienestar para todas las personas y requiere analizar su postura de no brindar apoyo a millones de personas cuyas vidas se han precarizado en los últimos meses. 

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