En la Ciudad de México, viernes, fin de quincena, a las 18:00 horas, cuando en el Senado de la República cae la tarde y la gente se apresura al disfrute y la disipación, el Auditorio Octavio Paz de la sede legislativa fue abarrotado de chihuahuenses que radican en el Distrito Federal para informarse del Movimiento Unión Ciudadana y la denuncia penal presentada en la PGR en contra del Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por enriquecimiento ilícito, que resulta del caso del Banco Unión Progreso.
Fue un acto extraordinario. Lleno de significados y esperanzas. Viejas caras compañeras se volvieron a encontrar. Chihuahuenses que tienen un lugar ganado en la capital del país, desarrollan trabajos diversos y han asentado allá su domicilio, pero que su alma y corazón permanecen pegados a la tierra que los vio nacer, escucharon con atención los relatos de una de la épocas más oscuras y corruptas en la historia de su entidad norteña. La decisión no se hizo esperar, la gran mayoría de los asistentes confirmaron su deseo de conformar un capítulo del movimiento chihuahuense en el Distrito Federal para llevar acabo las acciones necesarias que obliguen a la autoridad a actuar ante los señalamientos y las evidencias de este escandaloso caso que marca el saqueo y la corrupción política que vive Chihuahua a manos de un tirano.
El Canal del Congreso transmitió las casi dos horas de duración de la reunión informativa. Jaime García Chávez, el promovente de la denuncia penal que ha echado andar a cientos de chihuahuenses con el ejemplo de su valor civil, dio una explicación técnica de los hechos, los señalamientos y los elementos probatorios que componen la denuncia penal que interpuso el 23 de septiembre y ratificó el 24 de noviembre del año pasado en contra de César Duarte. Anunció que el expediente fue atraído por la oficina central de la PGR en la Ciudad de México, bajo la subprocuraduría de delitos federales. Por ello Unión Ciudadana conformó un grupo de abogados coadyuvantes en la Ciudad de México con distintas especialidades, en materia fiscal, administrativa, penal y constitucional. Destacan por cierto en el grupo de abogados, tres chihuahuenses radicados en la ciudad de México, para el seguimiento puntual del expediente.
Víctor Quintana hizo un interesante recuento del surgimiento y la pluralidad del movimiento que se ha propuesto combatir la corrupción y la impunidad en Chihuahua, y que busca la separación del Gobernador para que enfrente las consecuencias de sus actos. Rememoró Quintana los antecedentes de confluencia social en el contexto también de una pluralidad ideológica y política en nuestro Estado.
Francisco Barrio habló del sentido y trascendencia de la singular participación chihuahuense en una causa como lo es la lucha contra la corrupción. Cuando lo escuchaba fue inevitable ponerme a pensar cuántos ex-gobernadores de sus entidades podrían hablar con la fuerza moral y la congruencia con la que el ex-mandatario chihuahuense se dirigió a la concurrencia. "Las instituciones públicas de nuestra entidad, atrapadas en esa tupida red de corrupción política que se ha adueñado de Chihuahua, son claramente incapaces de lograr combatirla", dijo en el acto.
También participaron los senadores Gabriela Cuevas Barrón y Alejandro Encinas, espléndidas participaciones. Ella puso el acento en la enorme complicidad social que se produce al lado de la corrupción política. Encinas llamó al caso de corrupción política de César Duarte como "paradójico" y "paradigmático", resaltando un flanco indiscutible del asunto, la corrupción del sistema financiero nacional y las otras formas de lavado de dinero que se producen como el caso del Banco Unión Progreso.
El acto mostró la pluralidad que concita la causa no sólo en las participaciones de los miembros directivos de Unión Ciudadana, sino en la inusitada convergencia que se ha logrado entre senadores de toda la oposición. Porque la gran noticia de esta reunión es que la propuesta con punto de acuerdo que busca exhortar a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones para castigar a los responsables, cuenta en los hechos con mayoría de 66 legisladores, toda vez que los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PT han respaldado en su conjunto que el asunto se dictamine y se vote en el próximo periodo ordinario de sesiones que empiece dentro de quince días. Así lo confirmaron durante sus participaciones la senadora Gabriela Cuevas Barrón de Acción Nacional y el senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. El senador Manuel Bartlett, quien coordina al PT es uno de los suscriptores de la propuesta y una y otra vez ha confirmado que la causa chihuahuense que suscita tal unidad en la diversidad será respaldada "sin regateos" por su bancada.
El PAN cuenta con 38 senadores, el PRD con 22 y el PT 6. Exactamente la mitad más dos de los integrantes de la Cámara Alta, que se compone de 128. Ello también tiene su relevancia pues desde que se instaló la actual legislatura han sido muy pocas ocasiones, fundamentalmente al principio del primer año legislativo, en el que se ha formado la mayoría opositora. El caso de César Duarte - por la dimensión del abuso, el saqueo insultante al patrimonio del Estado y la contundencia de los hechos señalados en la denuncia penal con relación al Banco-, parece reinstalar ese bloque para iniciar lo que será una agenda amplia de discusión sobre los escándalos de corrupción que han sacudido al país y al mundo, particularmente el evidente conflicto de interés del presidente de la República y el secretario de Hacienda en su relación inmobiliaria con el contratista favorito de los Gobiernos encabezados por Peña Nieto, tanto en el Estado de México, como ahora en la República.
El problema central de México es la corrupción, la impunidad. La debilidad institucional para llegar hasta las últimas consecuencias en el castigo a conductas desviadas, actos de corrupción, omisiones o violaciones a la ley, y para sentar precedentes ejemplares de sanciones administrativas, políticas y penales. Los actos de persecución a la corrupción política son selectivos en un sexenio, con propósitos de afianzamiento del poder al inicio de una administración, estrictamente mediáticos o para justificar acciones de mayor control autoritario. No hay un verdadero sistema de responsabilidades públicas, carecemos de un ejercicio institucionalizado de rendición de cuentas, falta una acción regular, imparcial y decidida de los ministerios públicos. Por el contrario, persisten vastas zonas de opacidad, ocultamiento y protección. En ello radica no sólo el descrédito de la cuestión partidista y el concepto de lo político, sino el derrumbe del principal recurso en el que se finca un auténtico sistema democrático: su legitimidad.
Los principales centros de decisión en el país están corrompidos. Las componendas y los disimulos en los poderes y los niveles de gobierno están a la orden del día. Ese es el problema de fondo, el Pacto de Impunidad y conveniencias mutuas que trastoca la verdadera institucionalidad por manejos facciosos, aprovechamientos personales, intereses estrictos sobre el interés general. El ratereaje y el cinismo con el que se maneja el Gobernador de Chihuahua, es una provocación a la rebelión social.
Se podrán acometer importantes reformas legislativas y anunciar obras de infraestructura importantes, inversiones millonarias, pero el país no se transformará en serio, ni conocerá el verdadero desarrollo, mientras no se desmonte el pacto de impunidad entre la clase política; no se arreglará la seguridad pública en el país, y vendrán otros casos cargados de tragedia como Tlatlaya y Ayotzinapa, escándalos de corrupción y cinismo como la Casa Blanca, la segunda casa de las lomas y la casa de Malinalco, si no tomamos la decisión definitiva de perseguir y castigar hasta donde tope la corrupción; porque en un sistema de complicidades tan extendido y en los fríos cálculos de un poder sin límites ni sanciones, eliminar personas, como corromper funcionarios son actos aceptados. Por eso mismo la cantidad de mentiras del Gobernador de Chihuahua en la entrevista que difundió la periodista Denisse Maerker, después de robar, mentir es lo de menos.
La trascendencia pues, de lo sucedido en el Senado con la reunión de Unión Ciudadana, es que impactará definitivamente el debate que viene sobre las características de las instituciones que deberán crearse para combatir el mal endémico de la corrupción que se busca legislar desde la Constitución y con la creación de nuevas leyes, así como la reforma de otras existentes. EL PAN dio un primer paso en noviembre pasado, cuando presentó iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción que contiene seis ejes fundamentales: Un Consejo Nacional para la Ética pública que asegure una amplia representación del sector público y de la sociedad civil organizada; un Comité de Participación Ciudadana, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos; fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación, para efectos de control interno; ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el control externo; retirar la facultad de sanción a las contralorías municipales, estatales y federal, y ampliar facultades a tribunales y reproducir todo el sistema anticorrupción en el ámbito local de los Estados.
Sin duda que es importante el primer paso que se ha dado, pera hay que orear más el asunto y generar un debate público resulta fundamental, pues considero que la propuesta de AN debe fortalecerse y por lo pronto deben ser revalorados aspectos como que sea el Presidente de la República el que encabece el Consejo Nacional de Ética Pública, y los gobernadores sean los miembros distinguidos de esa instancia. Imagínense por favor Presidiendo a Peña Nieto los esfuerzos éticos en el país, flanqueado de César Duarte. Un horror.