Tras un periodo de estabilidad y aparente bonanza, las condiciones económicas de este país sudamericano cambiaron sustancialmente acompañadas de una serie de escándalos de corrupción -principalmente por desvió de fondos de la empresa petrolera estatal (Petrobras)- que dañaron severamente al grupo gobernante y en particular al otrora popular ex presidente Lula Da Silva y a su sucesora Dilma Rousseff, quien hoy enfrenta un difícil proceso en el Congreso.
Hasta el momento el panorama para Dilma es bastante sombrío pues dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados votaron a favor de que inicie el juicio político o impeachment, y ahora toca el turno al Senado en el que es probable que también el voto sea a favor, lo que implicaría que la presidenta sea suspendida del cargo hasta por 180 días y asuma el vicepresidente.
Es importante hacer mención que la petición de juicio político, que fue firmada entre otros por un fundador del Partido de los Trabajadores al que pertenecen tanto Dilma como Lula, no fue por actos de corrupción sino por violar la legislación afectando la salud fiscal del país al transferir recursos del Banco Agrario para fondear al Gobierno Federal, así como por no informar de gastos que excedían el déficit público autorizado.
Es decir, a pesar de los diversos señalamientos que se le han hecho como recibir donaciones ilegales para su campaña de reelección en 2014, la acusación formal contra Rousseff no es por enriquecimiento inexplicable o por haber recibido beneficios personales, sino por haber tomado decisiones contrarias a la norma lo que me parece en sí relevante, pues estamos acostumbrados a que en muchos países de Latinoamérica, incluyendo al nuestro, los funcionarios públicos no respondan pos sus actos.
Por supuesto se puede discutir si la decisión de la Cámara de Diputadosresponde a una preocupación real por defender el estado de derecho o a otro tipo de motivaciones político-electorales, también se cuestiona si la destitución de Dilma sería un castigo excesivo para una falta administrativa e incluso se advierte del impacto que puede tener en la estabilidad de Brasil, pero más allá de consideraciones o intereses políticos, el mensaje es que transgredir la ley en dicho país ya está teniendo consecuencias.
Parece que se está generando una tendencia mundial para poner un límite a la corrupción y a los abusos de los políticos, ejemplos de ello los vemos todos los días -como fue el caso cercano de Guatemala- pero hasta el momento México sigue siendo la excepción.
Ahora que se discute el paquete de leyes anticorrupción en el Senado, se hace evidente la miopía de buena parte de nuestra clase política y en particular del partido en el gobierno y sus aliados, quienes se resisten a renunciar a los múltiples privilegios y muy rentables negocios que se pueden obtener al amparo del cargo.
Los argumentos, la metodología propuesta para la discusión y las tácticas dilatorias resultan ofensivas, pero en esta ocasión hay un frente de oposición y organizaciones de la sociedad civil que están dispuestas a dar ésta, que puede ser una de sus batallas más importantes pues está en juego la verdadera transformación del sistema político. En México, la corrupción y la transgresión a la ley también deben tener consecuencias.