El 16 de marzo de 2013 al salir de una discoteca, Héctor Manuel Casique Fernández nunca en sus peores pesadillas se pudo haber imaginado como le cambiaría la vida de un día para otro. Fue detenido junto con Maximiliano Ezequiel Millán González en Cancún, Quintana Roo.

 

Bajo el cargo por ultrajes a la autoridad fueron trasladados a las Instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Se les realizó un dictamen médico antes de que transcurrieran dos horas de ser detenidos y se les expidió un certificado médico, a Héctor y Maximiliano, que los señalaba sin lesiones.

 

“Sabes qué viejo, ya valió madre” le dijo el comandante Manuel Borges Ricalde, comandante de homicidios, a quien conocía. Al día de ser detenido, Héctor fue presentado a los medios de comunicación como “El Diablo”, un supuesto líder de los Zetas. Le imputaban el delito de homicidio en agravio de siete personas. En la foto se veía claramente el ojo izquierdo totalmente cerrado y moretones en el brazo derecho, esto certificado por un perito judicial.

 

Sufrió golpes, asfixia, abuso sexual, toques eléctricos y aislamiento. El mismo 17 le dictaron auto de formal prisión y lo enviaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún.

 

Ese mismo día la familia de Héctor promovió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, que al día siguiente envió personal al reclusorio de Cancún, donde constató el estado en el que se encontraba y lo describió como: “Pésimas condiciones de salud y múltiples ultrajes a su persona”.

 

Héctor cumple 28 años este mes. Fue campeón de Tae Kwon Do y se especializó en artes marciales, defensa personal y manejo de armas. Fue policía municipal en la alcaldía de Benito Juárez y después se aventuró a abrir su negocio en el tema de protección a personas. Trabajó en la Policía Municipal algunos años e impartió cursos de defensa personal y manejo de armas a policías judiciales del Estado, en ocasiones lo contrataban como auxiliar del Estado Mayor Presidencial en algunos eventos públicos del gobernador Roberto Borge.

 

Así conoció a Arturo Olivares Mendiola, entonces director de la Policía Judicial del estado y ahora  secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito quien le ofreció una plaza en la institución si pagaba 150 mil pesos, mismo que ha recibido varias acusaciones por corrupción al respecto. Héctor le pagó la mitad, pero nunca obtuvo el puesto por lo que le pidió a Olivares su dinero, por lo que respondió con un: “Ni puesto, ni dinero y hazle como quieras”. Casique lo amenazó con ir con el procurador Gaspar Armando García Torres y decirle que estaba vendiendo plazas, una semana después, es detenido, torturado y acusado de siete homicidios.

 

La tortura afecta de manera irreparable tanto a la persona que la sufre, como también a la gente cercana y sobre todo a la familia. La propia madre de Héctor, Yaskade Fernádez así lo narra: “Tanto dolor acumulado a lo largo de estos 22 meses y tanta soledad que hicieron más dura esta pesadilla, en la que unos infelices nos cambiaron la vida, dañaron física, moral y psicológicamente a mi hijo el cual nunca podrá ser el mismo, y a nosotros como familia moral, psicológicamente y económicamente…”.

 

El 23 de mayo de 2013 denunció penalmente a 40 judiciales por la tortura física y psicológica que sufrió después de su detención. Se presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ordenó se le practicara el Protocolo de Estambul. El Ministerio Público adscrito a la Procuraduría declaró improcedente el ejercicio de la acción penal en contra de los torturadores y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQR), el ombudsman Harley Sosa emitió una recomendación que no tomó en cuenta los resultados de dicho examen especializado para determinar si hubo tortura. Negó la tortura y sólo pidió sanciones administrativas por abuso de autoridad.

 

En noviembre de ese mismo año la segunda visitadora de la comisión local María José López Canto, le realiza el Protocolo de Estambul, el cual arroja que había sido víctima de “tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes”. Les dio copia del expediente que se les había negado, lo que le costó el trabajo.

 

El 10 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito dejó sin efecto el auto de formal prisión que le dictó el Juzgado Primero Penal de Chetumal por “falta de elementos para procesar”. Ese mismo día, cuando iba a abandonar el reclusorio de Chetumal, fue reaprehendido por policías judiciales que lo trasladaron a la cárcel de Cancún sin orden de aprehensión, violando un amparo federal y sin explicación alguna.

 

La Procuraduría alegó que existían nuevas imputaciones de supuestos testigos en los asesinatos y abrió la causa penal 98/2014 y le dictaron el nuevo auto de formal prisión.

 

Debido a las irregularidades en el orden local, se esperaría una actuación contundente de organismos especializados en materia de víctimas de violaciones a derechos humanos para tratar de resarcir el daño realizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en sus manos el seguimiento a la queja CNDH/DGQO/2014/90/S para que solicité a las autoridades competentes la aplicación de medidas precautorias o cautelares para que se restituya a Héctor el goce de sus derechos.

 

A su vez, el 10 de diciembre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas decide reconocer a Héctor la calidad de víctima según el acuerdo CEAV/PLENO/2014/062/06 e "inició un proceso para garantizarle la restitución de su nombre y honor, su rehabilitación física y psicológica, la compensación económica, restablecer su dignidad a su satisfacción y exigir a las autoridades de Quintana Roo tomar medidas de no repetición”.

 

El caso era atendido por el ahora ex Comisionado Carlos Ríos encargado del tema de tortura dentro de la institución. Se espera que la Comisión investigue de forma pronta y eficaz para enjuiciar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, reparación integral del daño, promueva garantías de no repetición y que brinde trato especializado para su rehabilitación física y psicológica.

 

No podemos olvidar que tanto las declaraciones y confesiones que se obtengan a partir de tratos crueles e inhumanos no tienen valor, por tanto no sufren efecto alguno en procedimientos  judiciales. Por lo que no hay elementos que motiven que Héctorsiga en proceso y tras las rejas, dejando la sospecha sobre cuestiones más allá de las judiciales sobre el caso.

 

No permitamos los casos de tortura en México. No podemos exigir menos que el respeto al Estado de derecho en armonía con los derechos humanos para combatir la impunidad.

 

@omar_rabago



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