Naciones Unidas publicó este lunes el informe sobre tortura, en el que arroja que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", así lo dijo Juan E. Méndez, relator especial de la organización.
Resaltó que la finalidad de dicho procedimiento es castigar o extraer confesiones o información, con evidencia de la participación activa de fuerzas policiales y ministeriales, en cuyas prácticas prevalece la indiferencia o complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.
No sólo eso, sino que el informe de Naciones Unidas viene a corroborar el informe de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por su siglas en inglés), quien afirma que durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción.
Ante los señalamientos de Naciones Unidas, el gobierno mexicano por conducto de Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Suiza, dijo en sesión del Consejo de Derechos Humanos, que nuestro país reconoce una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte “una aseveración como la que propone el relator” de Naciones Unidas.
En el triste desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha ejercido un papel de audacia y valentía política ante las aseveraciones que sobre nuestro país hizo el expresidente de Uruguay, José Mujica así como el Papa Francisco, para reclamar con toda energía y la debida representación lo dicho por esos actores políticos; mientras tanto, cuando en los Estados Unidos han asesinado a tres mexicanos, la misma cancillería ha procedido con simples notas diplomáticas que sólo demuestran la pobreza y mediocridad de la política de relaciones exteriores.
No obstante lo anterior, lo cierto es que hay unos 22 mil muertos contabilizados en la inseguridad de los cuales, es probable que la autoridad haya participado con un número indeterminado, difícil de cuantificar y cuya cifra es la que no puede ocultar la cancillería.
Por eso es que ahora que el relator de Naciones Unidas asocia la indiferencia o complicidad de autoridades, -como la de algunos jueces-, la ciudadana con 50 mil firmas le reclamó al Senado, que no se ratifique a Eduardo Medina Mora en el cargo de ministro de la Corte a propuesta del presidente de la República, porque con sus actos como servidor público, lejos de engrandecer las instituciones de procuración de justicia e inteligencia del estado mexicano, vino a desvirtuar el espíritu de dichas funciones.
Al elegir a Medina Mora, la Cámara Alta manda el mensaje a la opinión pública de insensibilidad e indiferencia a las demandas ciudadanas, en un momento en el que se acerca la dictaminación del sistema anticorrupción y las reformas de transparencia, ambas en ese órgano legislativo, y por tanto, podría interpretarse que aprobarán dichos temas sin escuchar las opiniones ciudadanas; a menos que la verdadera razón para haber votado a favor lo sea a manera de protesta, en virtud de que sus bolsillos hayan resentido sensiblemente los 100 pesos que anunciaron como descuento de su dieta como una medida de austeridad.
Pero no sólo la tortura es física. Los ciudadanos padecemos también la tortura política, cuando algunos regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales o senadores, por supuesto, no son sensibles a las demandas o peticiones ciudadanas y violentan la voluntad popular, como lo dijo el senador Javier Corral y el PRD, señalando que se negoció el ingreso de dos ministros a la Corte para el PRI y uno para el PAN.
Padecemos la tortura política, cuando en el desempeño de sus funciones sobreponen intereses de grupo a intereses ciudadanos, o bien, cuando sin empacho o pudor alguno, toman el dinero que no les corresponde, ignorando olímpicamente a propios y extraños, como si se tratara de su patrimonio y pasando a la historia como un servidor público del montón, sin criterio propio y esperanzado a que su jefe político o su partido les arrojen unas migajas políticas para su triste e indiferente subsistencia política.
Una tortura histórica. La perversidad, crueldad y ruindad de la Santa Inquisición mexicana, a los que algunos en estos tiempos les encantarían revivir tan dignos status, como Manuel Abad y Queipo, quien decretó la degradación eclesiástica de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el que “te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos y los dedos”, mientras eran raspadas su manos y yemas de los dedos, daban inicio al ritual de degradación eclesiástica, para posteriormente, y “como hijo ingrato, borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta”, al tiempo que le raspaban la cabeza para borrar simbólicamente la unción obispal para ordenar. Poco antes vino la terrible excomunión.