La tormenta perfecta se avecina, un conjunto de situaciones negativas nacionales e internacionales van a jugar en contra de las condiciones de seguridad y justicia del país en los próximos meses.
Para empezar, debemos recordar que México ya vive una crisis de violencia sin precedentes, si comparamos los años más violentos de los últimos tres sexenios, el año con la mayor tasa de homicidios doloso de la presidencia de Calderón fue de 19.37 por cada 100 mil habitantes; la de la presidencia de Peña fue de 24.04 y el año pasado con López fue de 24.14, la mayor de la historia.
En este 2020 los homicidios siguen creciendo, según datos de la misma presidencia, este marzo fue el mes más violento de la historia y en los primeros 5 días del mes de abril se sumaron 429 víctimas más, un promedio de 84.8 víctimas, que llevaría a pensar que abril rebasará a marzo.
En este contexto son varios los retos que deben preverse y solventarse para que la crisis de violencia no siga aumentando:
(1) Ausencia de estrategia. Por más que el gobierno federal insista en que tiene una ruta trazada para resolver los delitos, ni en documentos, ni en los hechos vemos un rumbo. No vemos decisiones prioritarias, no construcción de procesos, no evaluación objetiva para corregir los yerros.
(2) Una posible pax narca. En un contexto donde la delincuencia organizada mata a más de 70 personas por día, los mensajes de “abrazos y no balazos”, “los narcos también son pueblo bueno”, “los narcos son víctimas del modelo económico neoliberal” y las deferencias a la mamá de El Chapo -mismas que no ha tenido el presidente ni siquiera con las víctimas de los narcos-, llevan a inferir que el presidente busca convencer a un grupo delictivo en particular a que sigan con su negocio pero no maten a más personas, la denominada pax narca.
Sin embargo, para que esta estrategia pudiese -medio- funcionar, se requeriría que todos los grupos delincuenciales trabajen en armonía y no estén buscando el control preponderante del mercado criminal.
Dicho de otra manera, ante las luchas incesantes de los grupos criminales, los apapachos a la delincuencia organizada sólo generan mensajes contrapuestos a la aplicación de la ley, errores en la definición de acciones, al tiempo que fortalece el poder de los grupos delictivos.
(3) Debilidad institucional. En México el número de policías por cada 10 mil habitantes es aproximadamente la mitad de la tasa de policías de los países de la OCDE -mientras que ninguno de estos enfrenta la crisis de seguridad que tenemos-, de manera similar sucede con peritos, ministerios públicos, defensores de oficio, jueces y custodios.
Además, su formación y profesionalización es sumamente defectuosa; el perfil muchas veces inadecuado; cargas de trabajo imposibles de realizar; malos salarios y prestaciones; deficiente tecnología e insumos; ausencia de protocolos, procesos, supervisión y evaluación. En resumen, un aparato insuficiente para atender los retos del país.
(4) Recortes presupuestales. La debilidad institucional de nuestro país se puede entender a partir de la baja cantidad de recursos que México destina a esta materia.
El sexenio donde más recursos se otorgaron fue en el de Calderón, con un promedio de 1.2% del PIB, mismo que a lo largo del sexenio de Peña fue bajando y que con López cayó al 0.89%, generando problemas principalmente para estados y municipios, que son los encargados de atender el 90% del total de delitos.
México debería gastar por lo menos un 3% de su PIB para empezar a sanar las deficiencias y aspirar a destinar el mismo porcentaje de Colombia, que gasta más del 5% en seguridad y justicia.
Dicho sea de paso, en este contexto la decisión de desaparecer Policía Federal y crear una Guardia Nacional fue un error estratégico significativo ya que debilitó el aparato de seguridad, distrajo enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero para crear una nueva institución que será plenamente funcional hasta dentro de muchos años más.
(5) Crisis económica. La actual crisis económica, que inició a partir de malas decisiones del gobierno federal -frenar la construcción del NAIM, un mal plan de rescate de PEMEX, la construcción de la refinería en Dos Bocas, la cancelación de una cervecera en Mexicali, de los contratos en ductos, el mal uso del fondo de estabilización, la venta de activos del Estado-, y fue acentuada por la pandemia del covid-19 y la caída del precio del petróleo, mermarán de manera significativa la recaudación de impuestos y por ende la posibilidad de destinar lo necesario a la seguridad del país.
Así mismo, es importante recordar que toda vez que hay una crisis económica que empobrece a la población, es común que se desate una crisis de delitos patrimoniales -robos y extorsiones- cuando ya tenemos una muy alta incidencia de estos delitos.
(6) Intervención de Estados Unidos en Venezuela. Cuando EU intervino en Colombia y el Caribe, la ruta de salida de las drogas a través de México para su país fue el recurso natural para los grupos delictivos, fortaleciendo así a los cárteles mexicanos.
Con base en esa experiencia, es posible que los grupos de delincuencia organizada mexicanos se vean favorecidos por un nuevo operativo de EU en contra de otros narcotraficantes del hemisferio.
(7) Contagio del covid-19 en las fuerzas de seguridad. Si los expertos en salud advierten que el 80% de la población podría llegar a contagiarse de Coronavirus -con o sin padecer los síntomas de éste-, es obvio pensar que un gran grupo de servidores públicos que siguen en las calles u oficinas, dando servicio al público, también habrán de contagiarse.
En el caso que el contagio entre policías, mps, custodios sea muy bajo, digamos del 30% ¿qué podría suceder con 30% menos de estas autoridades ejerciendo su trabajo?
La tormenta perfecta se avecina y atender sus consecuencias requiere de estrategia; recursos humanos y económicos; instituciones sólidas; conciencia de los retos internos y que desde afuera amenazan a nuestro país; todos aspectos que parecen no estar ni en la agenda ni en la cabeza de este gobierno.