Cada semana conocemos peores noticias de cara a las elecciones del próximo 7 de junio. El precio del petróleo baja, se reduce la calificación de la deuda en diversas entidades federativas del país, la situación en Guerrero y Michoacán constituyen focos rojos para la correcta organización del proceso electoral en esas entidades, los escándalos de corrupción, uno por semana, entre otros.
La declaración del martes de la Procuraduría Federal de la República respecto de los normalistas de Ayotzinapa es, sin duda, el capítulo más vergonzoso y preocupante de la historia reciente de nuestro país.
La actuación del gobierno federal anunciando la ejecución e incineración en el basurero municipal de Cocula de los 43 normalistas que, hasta el martes, se tenían por desaparecidos, fue desastrosa. A más de cuatro meses de este acontecimiento el gobierno de la República decide, en conferencia de prensa, a raíz de la detención el 15 de enero de Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", dar a conocer esta noticia.
Desafortunadamente, no creo que el anuncio sorprenda a nadie. Lo que sorprende a los ciudadanos es la incapacidad de un gobierno de actuar y hacer cumplir el Estado de Derecho, de cumplir con su mínima responsabilidad de actuar en favor de los ciudadanos, de mantener el orden y de castigar a los que violan nuestras leyes. Lo preocupante es que nunca fue transparente la información proporcionada por el gobierno y las contradicciones evidentes generando un tufo de colisión, complicidad y corrupción imposible de borrar.
Ocultar y no transparentar parecía la encomienda.
Equivocación tras equivocación, mentira tras mentira, así se resume la actuación de las autoridades en el caso Ayotzinapa. Es lamentable la poca seriedad, profesionalismo y cuidado que se tuvo en esta investigación pero, más preocupante aún, es que no se ha tomado una sola medida para que esto no vuelva a ocurrir.
Ante los indignantes e inadmisibles hechos, las responsabilidades en el gobierno federal, brillan por su ausencia. Como ciudadano, lo que resulta inaceptable es vivir en un país en el que Ayotzinapa puede repetirse una y otra vez con un gobierno ineficaz para impedirlo y para salvaguardar la seguridad de sus habitantes.
Las movilizaciones y manifestaciones de repudio contra lo sucedido en Ayotzinapa han venido de la sociedad. Son los ciudadanos los que han tomado en sus manos diversas actividades para presionar, denunciar y exigir la actuación de las autoridades.
Los partidos políticos, todos, han sido tibios en sus respuestas. Han sido tibios o cómplices también en los casos de corrupción que surgen cada semana. La corrupción es transversal y no depende de colores o banderas.
Cuando en un sistema los actores, o la mayor parte de éstos, tienen incentivos para ocultar sus propias conductas y actividades del escrutinio público, resulta en extremo difícil que se asuman conductas en las que se cuestione o reclame duramente algo o se exijan responsabilidades.
Cuando buena parte de los actores políticos cuentan con un expediente abierto con información que, en lugar de que sirva para sancionar a los responsables, se utiliza para comprar votos, silencios y que no se generen consecuencias por las actuaciones ilegales de los responsables, la única salida que queda es la acción de los ciudadanos.
Con este panorama, es fácil entender que los ciudadanos no estén interesados en votar, en elegir funcionarios o partidos que, a la postre, se insertarán en el contexto de corrupción, negligencia e irresponsabilidad en el que vive nuestro país. El llamado a no votar es válido.
Es cierto que una de las opciones que tienen los ciudadanos es no votar. Sin embargo, dos cosas deben tomarse en cuenta antes de decidir sumarse a la iniciativa de no votar. En primer lugar, el voto es el instrumento por excelencia -no el único- para que los ciudadanos podamos participar en la conformación de los Órganos del Estado y de las decisiones públicas, pero también, es la herramienta que posibilita castigar o premiar a partidos, candidatos y funcionarios por el desempeño de sus funciones.
Refrendar el voto o negarlo es la vía ciudadana para manifestar el descontento por el rumbo del país, por la actuación de las autoridades, por el desempeño de los funcionarios públicos. La evaluación de las opciones políticas y los candidatos es un paso necesario antes de emitir un voto.
El ciudadano debe ser consciente de la importancia de su voto y por tanto, emitirlo de forma informada y razonada. El voto es la oportunidad de los ciudadanos de incidir en el rumbo del país, de manifestar lo que no les gusta y de sacar a los que no tienen cabida ya como funcionarios públicos. Tenemos que defender el valor de nuestro voto y el derecho a emitirlo en condiciones óptimas.
En segundo lugar, un asunto más pragmático y jurídico. Las elecciones se ganan con votos. Los Órganos del estado, particularmente los ejecutivos y legislativos que se renuevan este año, lo harán en función de los votos que obtenga cada candidato u opción política. Lo anterior quiere decir que, aún sin que vote la mayor parte de la población, el candidato que obtenga la mayoría de votos, así sea uno o tres, integrará los órganos o tomará posesión de los cargos que se eligen este año.
La consecuencia de no votar, en sentido práctico, es nula. Así sólo sea el candidato y su familia el que voten por él, será este candidato el que se convierta en gobernador, legislador, presidente municipal o delegado. Frente a este análisis, me parece que el deber ciudadano debe ir por la ruta de proteger y cuidar los procesos electorales y de defender nuestro derecho (y obligación) a votar.
Ahora más que nunca no debemos escatimar en exigir verdaderos ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, en abrir esas cajas negras en que se convierten las arcas de los poderes legislativos y ejecutivos y de obtener respuesta a los cuestionamientos de la ciudadanía. Exigir responsabilidades y resultados, que haya consecuencias por las conductas ilegales y los actos de corrupción.
Debemos defender el valor de nuestro voto y no regalarlo. Los candidatos e institutos políticos deben saber que, en caso de no cumplir, dejarán de ser gobierno o mayoría en las cámaras, para unirse a la oposición, en el mejor de los casos o quizá, hasta perder el registro como partido político.
Consecuencias previstas en la leyes existen y es momento en que nuestros políticos entiendan que los ciudadanos no permitiremos más actuaciones corruptas, ilegales, negligentes e irresponsables. Los procesos electorales y en concreto las elecciones, pertenecen a los ciudadanos. No podemos permitir que nadie nos arrebate el derecho a participar y decidir.