En medio de la emergencia sanitaria derivada del covid-19, dos de las máximas autoridades electorales, tanto la jurisdiccional como la administrativa, han tomado decisiones importantes para seguir garantizando los derechos de la ciudadanía.
Por una parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el mes pasado un acuerdo para comenzar el desarrollo de los juicios electorales en línea. Este acuerdo establece los lineamientos para implementar la tecnología de la información en la presentación y sustanciación de los recursos de reconsideración y de revisión del Procedimiento Especial Sancionador en línea. Con esta medida, la Sala Superior proporciona otro mecanismo para que las y los ciudadanos defiendan sus derechos político electorales y se agilice la impartición de justicia en materia electoral.
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral, aprobó la emisión de constancias digitales para la identificación de las personas para hacer frente a la emergencia sanitaria mediante una solicitud en línea, que tiene vigencia por tres meses y, a fines del mes de mayo, puso a disposición de las y los electores una aplicación que permite que los que necesitan comprobar la veracidad de estas constancias como medio de identificación puedan validarlas con el uso de esta aplicación. Las constancias digitales del INE únicamente son válidas si los datos que contienen son verificados mediante la lectura de los códigos QR, o bien, mediante la aplicación diseñada por la autoridad de electoral.
Ambos mecanismos que utilizan las tecnologías de la información dan cuenta de que las autoridades electorales buscan y habilitan las herramientas necesarias para que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, identificarse, presentar y tramitar juicios y, en general, dar continuidad en medio de la contingencia sanitaria a las actividades que deben desarrollar para salvaguardar sus derechos.
La misión de cualquier autoridad consiste en ofrecer los canales adecuados y suficientes para que la ciudadanía cuente con los elementos para ejercer sus derechos y cumplir con el plan de vida que se ha trazado. Acercar a las autoridades con las y los ciudadanos es la primer meta que debe tener cualquier instancia pública. Los instrumentos informáticos y digitales son grandes aliados para que las instituciones públicas cumplan con los fines que tienen encomendados. El INE y la Sala Superior del TEPJF no podían quedarse rezagadas y mucho menos dejar de lado las necesidades de la ciudadanía que, durante esta pandemia, debe limitar el acceso y la interacción en los espacios públicos con la finalidad de conservar la salud y, en casos extremos, la vida.
Las y los electores no tienen que ver limitada su esfera de derechos por el hecho de que físicamente, con la finalidad de frenar contagios, no se ofrezcan determinados servicios; por el contrario, las autoridades públicas de cualquier nivel de gobierno deben garantizar que cada ciudadano de este país esté en posibilidad de ejercer o defender sus derechos de manera presencial o de cualquier otra forma que sea segura y eficaz para cumplir con ambos objetivos. Las autoridades electorales, en la ruta correcta, están apostando por la tecnología para acercar a la ciudadanía los medios adecuados para garantizar sus derechos.