Opinión

La Suprema Corte en la Era Trump

El Poder Judicial no debe actuar por intereses de partido y los jueces no deben responder a quien los nombra. | Alfonso Vera Sánchez *

  • 16/08/2020
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La Suprema Corte de los Estados Unidos ha adquirido una relevancia enorme en las últimas décadas. Varios casos que afectan profundamente la situación de los derechos humanos en aquél país, han terminado por definirse en el máximo tribunal. 

La llegada de Donald Trump a la Presidencia le brindó a los grupos conservadores la oportunidad de influir en la conformación de la Suprema Corte y de este modo buscar que jueces conservadores propicien decisiones que frenen o reviertan tendencias que dichos grupos consideran extremas. Esta idea responde a la visión de que los jueces, más que decidir los casos que se les presentan con una visión técnica jurídica en una auténtica búsqueda de justicia, en realidad son personas que responden a una agenda partidista y en último término, responden a la ideología del presidente que propuso su nominación. Visión por cierto, que comparte el común de la gente, no sólo en Estados Unidos sino en muchos otros países respecto de la judicatura. 

Una promesa de campaña del candidato Trump fue la de nombrar más jueces conservadores en el poder judicial federal y los grupos que lo apoyan comenzaron inmediatamente un proceso de búsqueda de abogados que pudieran ser propuestos como jueces federales de todos los niveles y cuya visión de la sociedad fuera similar a la suya. La oportunidad de colocar un juez conservador en el máximo tribunal se presentó el mismo día que comenzó la administración actual, ya que el juez Antonin Scalia había fallecido durante los últimos meses de la presidencia de Obama y su asiento se encontraba aún vacante. Tras un cuidadoso proceso de selección, la administración Trump propuso a Neil Gorsuch para ocupar el puesto; y éste fue finalmente aprobado por el Senado no sin cierta controversia en el proceso.

Pero la oportunidad más valiosa para los grupos conservadores se presentó cuando el juez Anthony Kennedy, un juez nominado por el presidente Reagan anunció su retiro en julio de 2018. El juez Kennedy fungió durante años como un juez “bisagra”, que en determinados casos controvertidos adoptaba posturas progresistas y en otros se alineaba con posturas más conservadoras. Los grupos conservadores vieron la oportunidad de nombrar un juez que les asegurara analizar los casos con una interpretación más acorde con su visión del derecho. Para cumplir esa tarea presentaron la candidatura de Brett Kavanaugh, quien fue ampliamente repudiado por varios congresistas demócratas, por grupos de activistas feministas y por defensores de los derechos humanos, en general. No obstante, los republicanos contaban con los votos necesarios para empujar el nombramiento de Kavanaugh en el Senado y así lo hicieron.

De esta suerte, el presidente Trump consiguió nombrar dos jueces conservadores, jóvenes, lo cual resulta muy relevante tratándose de nombramientos vitalicios. Estos nombramientos aseguran a la derecha estadounidense, en teoría, décadas de defensa de sus posturas en el máximo tribunal. Sumados a los jueces conservadores que ya ocupaban un sitio en la Suprema Corte, se prevé una época difícil para quienes acuden ante ella para defender sus derechos humanos.

En cumplimiento a otras de sus promesas de campaña, el presidente Trump inició su mandato emitiendo varias órdenes ejecutivas que restringían la migración y los beneficios que se pueden otorgar en los procesos migratorios. Las organizaciones de defensa de derechos humanos como ACLU (la más relevante de ellas) no perdieron tiempo en acudir ante los tribunales para la revisión de la constitucionalidad de tales órdenes ejecutivas. Los tribunales federales suspendieron las órdenes ejecutivas y rápidamente se identificó que las controversias llegarían hasta el máximo tribunal. El mismo presidente no tardó en quejarse del poder judicial, insinuando que un juez de origen mexicano había tomado una decisión en materia migratoria para favorecer al país de origen de sus padres y llamando a otros jueces, “jueces de Obama”.

Pero la verdadera prueba para esta nueva Suprema Corte “conservadora”, era el conjunto de casos que se resolvieron durante este año 2020. El tribunal tendría que decidir sobre casos muy relevantes en diversas materias: desde la terminación o no del programa DACA (que brinda cierta protección a los migrantes que llegaron muy jóvenes al país, los llamados dreamers) con consecuencias cruciales para cientos de miles de migrantes indocumentados, hasta un caso relativo a la imposición de obstáculos administrativos en un estado para que las mujeres ejerzan su derecho al aborto. Se esperaba que la mayoría conservadora alcanzada con los nuevos jueces, garantizara una interpretación conservadora del derecho.

Para sorpresa de muchos, la mayoría conservadora no entregó los resultados esperados; los jueces nombrados por Trump incluso votaron, en un par de casos, alineados con el ala progresista del tribunal. El presidente de la Suprema Corte, el “Chief Justice” John Roberts, a quien se veía como un sólido conservador, asumió en este periodo de sesiones el papel de bisagra que antes ejerciera el juez Kennedy, lo que permitió que se adoptaran decisiones más progresistas de lo esperado.

El juez Roberts había expresado en una entrevista en noviembre de 2018 su desacuerdo ante las declaraciones del presidente Trump en las que hablaba de “jueces de Obama”, lo que constituye un gesto inusitado. El presidente del máximo tribunal fue muy claro al afirmar que los jueces federales no responden a intereses partidistas; son sólo “jueces”. Esa defensa de la independencia de los jueces explica su visión sobre la judicatura y sin duda, puede haber influido en la visión que sobre su labor tienen sus colegas de la Suprema Corte. 

Entre los casos más relevantes que la Suprema Corte decidió este año, como señalé, se encuentra la demanda que presentaron varios individuos y organizaciones de defensa de los derechos humanos contra la orden ejecutiva del presidente Trump que daba por terminado el programa DACA. En este caso, el máximo tribunal ordenó que dicha orden quedara sin efectos por no haber seguido el procedimiento administrativo correcto. Si bien el fallo no fue una victoria total para los demandantes, sí brinda un respiro a los más de seis cientos mil migrantes que cuentan con el alivio migratorio que ese programa otorga1. Esta sentencia es de particular relevancia para México, dado que medio millón de los beneficiarios de DACA nacieron en nuestro país2.

Otro caso de gran relevancia por sus implicaciones para los derechos sexuales y reproductivos fue resuelto por la Suprema Corte con la invalidación de una ley del estado de Luisiana que erigía obstáculos para las mujeres que decidieran abortar. En materia de discriminación a minorías por su identidad o preferencia sexual, declaró que las personas de la comunidad LGBTQ también se encuentran protegidas contra la discriminación en sus lugares de trabajo, por lo que los empleadores no pueden despedirlos por ese motivo. 

Las decisiones del máximo tribunal, con los jueces nombrados por el presidente Trump incluidos, no fueron los esperados por los grupos conservadores; al grado de que el propio presidente expresó su descontento por medio de Twitter, su medio de comunicación preferido, diciendo: “Estas decisiones horribles y políticamente motivadas, emitidas por la Suprema Corte, son como disparos de fusil en el rostro de la gente orgullosa de llamarse a sí mismos conservadores o republicanos”. Esta declaración se emitió con posterioridad al fallo relativo al programa DACA y fue seguida por una invitación a votar por él en 2020.

No obstante, no todo fueron victorias para los liberales; la Suprema Corte también emitió decisiones que interpretan la ley de forma muy restrictiva. En el caso Hernandez vs Mesa, que resulta muy relevante para México, el máximo tribunal decidió que un oficial de la Patrulla Fronteriza que disparó y mató a un menor de edad mexicano, estando éste en territorio mexicano, no puede ser sometido a juicio por contar con inmunidad soberana. Este caso sienta un precedente muy negativo para otros casos similares, como Rodriguez vs Swartz. En otro triunfo para los conservadores, el tribunal también aceptó que se ejecute nuevamente la pena de muerte por delitos de competencia federal.

La lección que nos arroja la actuación de la Suprema Corte en la era Trump; concretamente en el año 2020, es que el Poder Judicial no debe actuar por intereses de partido y los jueces no deben responder a quien los nombra. El hecho de que un juez (o un ministro en el caso de la Suprema Corte mexicana) sea propuesto por el presidente, no implica que su actuación deba responder a los intereses de quien lo propuso. El máximo tribunal estadunidense contribuye al fortalecimiento de la democracia al ejercer un contrapeso y un poder revisor frente a la actuación del Poder Ejecutivo.

*Alfonso Vera Sánchez. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Maestro en Cooperación Internacional para el desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Diplomado en estudios de Integración Europea por el ITAM. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 2010.

1. Datos de Migration Policy Institute, actualizados a marzo de 2020. Disponible en: https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles  En total, desde su inicio, el programa DACA ha beneficiado a más de 800 mil personas.

2. Ídem.

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