La atípica elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vimos el pasado 2 de enero, nos muestra el grado tan profundo en el que están divididos los integrantes del Máximo Tribunal de la República.
La muerte del Ministro Sergio Valls hace unas semanas dejó al Tribunal Pleno integrado solamente por 10 Ministros. La división por mitades (cinco contra cinco) en el voto para elegir al nuevo presidente obligó a que se tuvieran que realizar decenas de rondas de votación, sin que ninguna de las partes cediera.
Quienes apoyaban a los principales contendientes, los Ministros Luis María Aguilar Morales (que a la postre fue el electo) y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, estuvieron muy seguros de su postura como para haber alargado más de seis horas una votación que en el pasado no solía durar más que unos pocos minutos. ¿Qué es lo que estaba en juego, en el fondo de esas interminables rondas de votación?
Al parecer se trata de una pugna entre “externos” e “internos”, es decir, entre quienes se han formado a lo largo de su carrera dentro de las filas del Poder Judicial de la Federación y quienes provienen de ámbitos profesionales distintos, como la academia, el litigio, el gobierno, etcétera.
Pero eso es nada más la superficie. Lo que en realidad divide a los Ministros es la concepción de lo que debe hacer la Corte en el México del siglo XXI. Se trata de una forma de ver el futuro y no el pasado.
Quienes apoyaban al Ministro Zaldívar estaban pugnando por la continuidad de lo alcanzado bajo la presidencia del Ministro Juan Silva Meza, que acaba de dejar de ser Presidente y quien habrá de abandonar la Corte dentro de unos meses junto a la Ministra Olga Sánchez Cordero. Silva Meza tuvo como eje de su gestión la defensa de los derechos humanos, tema por el que fue reconocido por las Naciones Unidas y por la OEA. Zaldívar es considerado como el Ministro más garantista y mejor preparado de la Corte. Su llegada a la Presidencia hubiera significado un salto cualitativo de primera magnitud en la historia de nuestro poder judicial.
Por su parte, quienes apoyaron al Ministro Aguilar Morales tienen una concepción de la Corte de más bajo perfil, más centrada en los tecnicismos jurídicos y menos en los grandes temas del debate público nacional. No les gusta la injerencia de los tribunales internacionales ni son proclives a la aplicación en México de los tratados de derechos humanos.
Si de ellos dependiera, la Corte conocería de asuntos de pura legalidad interna, asuntos de poca relevancia que mantuvieran a sus jueces alejados de la mirada pública. Ojalá me equivoque, pero creo que no es descartable que bajo la nueva Presidencia de la Corte veamos pasos atrás en materia de transparencia judicial, pues el estilo de quienes se han formado durante décadas en la carrera judicial no es muy compatible con las cámaras de televisión.
Ahora bien, lo cierto es que con independencia de lo que quieran los Ministros, será inevitable que la Corte siga teniendo que jugar un papel central dentro del sistema político mexicano en los próximos meses y años. Por un lado, está en curso la puesta en práctica de la mayor reforma penal de nuestra historia, la cual deberá estar funcionando en todo el país y para todo tipo de procesos penales a más tardar el 18 de junio de 2016.
Por otra parte, las llamadas “reformas estructurales” darán lugar a nuevas formas de litigios, muchos de los cuales van a terminar en la mesa de los Ministros de la Suprema Corte, quienes tendrán que dar el visto bueno a los profundos cambios que se han realizado en los últimos años al ordenamiento jurídico mexicano.
Por si lo anterior no fuera suficiente, antes de que termine el 2015 tendrán que ser nombrados tres nuevos integrantes de nuestra Suprema Corte. Serán ellos los que permitan superar la tan profunda división mostrada al elegir a su nuevo presidente. Ojalá que sean personajes que estén a la altura del reto, ya que México necesita una Suprema Corte bien equipada para seguir haciendo frente a los retos del presente y del futuro. Lo sabremos muy pronto.