Opinión

La sucesión en la SCJN

La persona que presida la SCJN debe dar pasos claros hacia una administración de justicia sustancial que responda a las demandas de la sociedad.

  • 23/12/2014
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El 2 de enero se elegirá a quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2015 a 2018. Esta elección tiene una importancia política trascendental en un contexto nacional complejo en el que por un lado hay una crisis de Estado, del derecho y de las instituciones públicas; y, por otro, reformas constitucionales pendientes de implementarse cabalmente y que son determinantes para el curso de la administración de justicia.

 

En este contexto político resulta indispensable conocer la situación actual del Poder Judicial de la Federación (PJF). En la sesión del 11 de diciembre de la SCJN, se presentó el informe de labores del presidente Juan Silva Meza. El análisis del discurso pronunciado en la sesión –además de las estadísticas presentadas en el Informe- permite tener una visión general del PJF y analizar las propuestas de quienes aspiran a presidir el máximo órgano jurisdiccional.

 

El mensaje de Silva Meza señala que la SCJN es actor principal para resolver problemas políticos y sociales en el país. Para responder de manera efectiva a ese papel que hoy tiene la Corte, según se desprende del mensaje del Ministro, es necesario atender en los próximos años la realización efectiva de las reformas de derechos humanos y de justicia penal, así como a la construcción de un nuevo perfil de jueces -los de la 10ª época- que desarrollen nuevos criterios para transformar culturalmente al Poder Judicial y ajustar todo su comportamiento a la tutela de derechos humanos.

 

Silva Meza ubica al PJF en un contexto en el que se han producido violaciones graves a los derechos humanos. Propone reconocer y hacer frente a los problemas pues “no será el transcurso del tiempo ni el silencio de las instituciones” lo que lo solucione. Por lo tanto, no puede haber pasividad del PJF.

 

Ante este diagnóstico, resulta relevante que en los proyectos de los aspirantes a la presidencia de la SCJN solamente algunos hagan mención del contexto nacional y cómo se ubica al PJF en ese contexto. Esto es fundamental para conocer el punto de partida de quienes aspiran a gobernar el Poder Judicial. La referencia a la situación del país no es una mera referencia discursiva, es una lectura a partir de la cual el Poder Judicial debe actuar. En el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena se señala la crisis social del país y la necesidad de atacar la impunidad desde el Poder Judicial.

 

Por su parte, el proyecto de Zaldívar ubica el momento especialmente difícil que está pasando la administración de justicia y la falta de confianza en las instituciones que no han dado respuesta a las demandas de desarrollo, justicia y democracia. Fernando Franco habla de un ambiente político y social convulso en que las autoridades están siendo fuertemente cuestionadas. Los demás proyectos hacen una lectura diferente del contexto nacional. Pardo Rebolledo menciona que la situación actual es una de consolidación de funciones y cambios internos en el Poder Judicial. Luna Ramos señala que el país vive un momento de transformaciones políticas y sociales. Luis María Aguilar no hace mención alguna al contexto político o social del país.

 

Un elemento fundamental que reitera Silva Meza es la consolidación de todas las estructuras jurisdiccionales como órganos protectores de derechos humanos. En consecuencia, casi todos los proyectos de los aspirantes a la Presidencia de la SCJN reconocen en los derechos humanos el eje medular de la actuación del Poder Judicial, con excepción del proyecto de Luna Ramos, en el que solamente se habla de fortalecer la cultura de los derechos humanos a través de la difusión y divulgación de los criterios jurisprudenciales en esta materia.

 

Otro tema fundamental de acuerdo con Silva Meza sería la necesidad de crear un nuevo perfil de juez que piense el derecho de forma distinta y que es necesario para la 10ª Época, marcada por nuevos métodos interpretativos de control constitucional. Esto es mencionado sólo en dos proyectos: en el de Gutiérrez Ortiz Mena, que lo señala; y en el de Arturo Zaldívar, que desarrolla de forma amplia las técnicas, conocimientos, compromiso y visión del Derecho que debe cumplir el perfil de juez para lograr la transformación cultural en la administración de justicia en México.

 

Otros temas abordados por Silva Meza se consideran en mayor o menor medida en todos los proyectos: la importancia de concretar las reformas constitucionales (Zaldívar se refiere también a las reformas estructurales y la importancia de la SCJN para alcanzar el desarrollo); combate a la corrupción; fortalecer la independencia y la autonomía; repensar el uso y alcances del Canal Judicial y de las casas de cultura jurídica; utilización de las TIC’s para facilitar el acceso a la justicia, la economía procesal y la transparencia; mantener relaciones interinstitucionales y actualizar los órganos auxiliares en la impartición de justicia (particularmente insiste en ello Pardo Rebolledo). En estos casos, al parecer, el desacuerdo no es el tema sino cómo o quién debe llevar a cabo estas líneas de trabajo.

 

El año 2014 ha sido de cambios importantes para el Poder Judicial y 2015 será decisivo. En 2014, se designaron a 5 consejeros del CJF y con el cambio de Presidente serán 6 de 7 consejeros de ese órgano designados en menos de un año. En 2015 se designarán a 3 ministros de la SCJN (por el lamentable fallecimiento de Sergio Valls y por la conclusión del periodo de Silva Meza y de Sánchez Cordero) que determinarán una nueva composición de la Corte.

 

En el contexto actual de crisis del “Estado de derecho”, la persona que presida la SCJN -como cabeza de un Poder del Estado- debe dar pasos claros hacia una administración de justicia sustancial que responda a las demandas de la sociedad así como a las expectativas creadas por las reformas constitucionales recientes; debe dar pasos claros hacia la transparencia judicial y una justicia abierta que permita a la ciudadanía observar y confiar en la labor jurisdiccional. Esperemos que los ministros y ministras estén a la altura de la decisión.

 

@BordeJuridico

 

Iván García Gárate @IvanGGarate

Profesor en la FCPyS-UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Consultor especializado en derechos humanos. Investigador en temas de Derecho constitucional y Sociología jurídica, en particular, el Poder Judicial y los jueces. Actualmente es investigador asociado de Borde Jurídico. ivan@bordejuridico.com

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