Dentro del escenario nacional, observamos día a día el desarrollo de las campañas electorales, en donde las promesas están quedando muy cortas junto con sus alcances. México sigue con sed de justicia y requiere líderes que logren estabilizar la economía, el empleo y la seguridad. Lamentablemente se siguen presentando descalificaciones y zancadillas que provocan un efecto negativo en la opinión pública. Sin embargo, la traición y fuego amigo dentro de los mismos partidos políticos está latente en la lucha por el poder.
Hemos escuchado a muchos candidatos ofrecer soluciones fantasiosas a la inseguridad, tratando de culpar a la federación de la ola de crímenes, que en su mayoría son del fuero común (76%); pero además ofrecen soluciones tontas, burdas y fuera de cualquier contexto. Valdría la pena que se asesoren por quienes conocen del tema, alguien que tenga los mínimos conocimientos sobre seguridad, ya que la gente no es tonta, ya no se les puede convencer con discursos vacíos y soluciones mágicas. Se debe entender que la seguridad es una responsabilidad compartida por los tres órganos del gobierno: municipal, estatal y federal, empezando por el de más bajo nivel hasta llegar al más alto, ya que sin trabajo de capacitación y coordinación no habrá resultados.
Incluso, como hemos podido observar en las mañaneras, la información que se le entrega al Ejecutivo –como ya lo he expuesto en otras columnas– no es fidedigna, ágil y oportuna. Son datos maquillados que ponen en entredicho el propio informe. Cabe mencionar que debemos comenzar a diferenciar quiénes son los que no permiten el avance, y quiénes sí proponen resultados. Es necesario que se coloque personal calificado, porque los compadres, amigos e ignorantes designados han dejado mucho que desear en sus cargos. Muchos funcionarios sólo disfrutan de las mieles del poder, mientras el país se está cayendo a pedazos, lo cual quedará evidenciado en cuestión de tiempo, ya que no han atendido de manera responsable las directrices del ejecutivo.
Caso de los marinos
Por otro lado, continuamos observando que únicamente el personal operativo, integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) son quienes están siendo vinculados a proceso, pero no sabemos hasta qué punto se ejercerá la acción penal de quienes ordenaron los operativos, la designación de blancos y sobre todo la orden para utilizar el grado de letalidad.
Sabemos que es de dominio público, que todas las unidades de fuerzas especiales de cualquier Ejército en el mundo tienen estas peculiaridades:
a) Están bajo el mando directo de la fuerza armada que corresponda.
b) Sus operaciones se consideran de alto riesgo en todo tipo de terreno, clima y área geográfica.
c) Se le designan blancos generales o específicos.
d) La planeación determina los resultados que se desean alcanzar y se calcula las bajas o efectos negativos que producirán ante la opinión pública.
e) Se realiza la preparación con tiempo de antelación.
f) Se establece la red de comunicación, el cómo se irán rindiendo los partes e informes detallados desde que inicia hasta que finaliza la operación.
g) Cuando existen bajas, heridos y muertos, se establece la coordinación con las autoridades civiles para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine la mecánica de los hechos, (principalmente que esté apegada a derecho y la justificación de los niveles de fuerza).
h) La atención médico-psicológica para el personal que participa en las operaciones para atender posibles secuelas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), la cual es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar situaciones de alto riesgo combinado con estrés.
En consecuencia, la fiscalía tiene mucho trabajo pericial, mucho trabajo en dictámenes y sobre todo, establecer la mecánica de hechos para fincar o deslindar responsabilidades en cada escalón de mando, ya que los marinos no se mandan solos. La falta de supervisión y acciones de mando fueron primordiales.
Si se comprueba que desarrollaron operaciones especiales y no solo fueron de disuasión y vigilancia, el marco jurídico limita este tipo de coadyuvancia al desarrollar tareas de seguridad pública. Existe un mar de diferencia entre las actividades de seguridad pública y el desarrollo de operaciones de alto riesgo para detener a capos o miembros de la delincuencia organizada.
En el Ejército Mexicano pudimos observar un caso similar en el operativo conjunto Chihuahua, donde el encargado y verdadero responsable del mal manejo y violaciones a los derechos humanos no fue el personal militar subalterno, sino el encargado directo de llevar a cabo el operativo. Este general que ha sido tan cuestionado, acusado de torturas y violaciones a los derechos humanos cuando era el comandante de la V Zona Militar el General, es Felipe de Jesús Espitia. Para quienes no lo sepan, ya andaba secuestrando y torturando a civiles y militares desde 1997 como encargado del GAFE del Alto Mando, tal y como consta en la Causa Penal 15/97 iniciada contra mi señor Padre el General de División DEM, Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo (anexo fotografía). Además ya acumula 24 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fue protegido por la cofradía del poder militar desde el sexenio de Felipe Calderón, y posteriormente del expresidente Enrique Peña Nieto. Prefirieron sacrificar a 31 elementos militares, entre ellos un general, dos jefes, tres oficiales y personal de tropa, para cuidar y proteger al general Espitia, al grado de acusar al General Manuel Moreno Aviña de comandar un pelotón de la muerte, siendo que, como todos sabemos en el medio militar, el encargado de las operaciones es el comandante de la Zona Militar. Es ilógico e irrisorio que el comandante de la guarnición pudiera ordenarle al comandante de zona y encargado del Operativo Conjunto Chihuahua qué hacer. Recordemos que las órdenes de aquellos días las daba el mismo presidente de México y el general secretario, y cito lo declarado por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador “Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos”.
Lamentablemente en México, se ha dejado de lado el trabajo de inteligencia documentado, ya que parecería que entre menos información se tenga, la posibilidad de problemas es menor. Con el fundamento de repeler agresiones y detenciones en flagrancias, se trató de simular operaciones específicas. Cuando se llevan a cabo las detenciones de objetivos primordiales, al ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales, no se tiene una investigación sólida: con datos relevantes que sirvan como antecedente ante las autoridades judiciales. Esto lo hemos visto en cientos de casos. Se puede detener a un objetivo primordial, líder de un grupo criminal o Cártel de la droga, y únicamente veremos que se le vinculará a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo. Eso, si se cuenta con un agente del Ministerio Público judicializador competente y aguerrido. Como hemos visto en muchas ocasiones, los presuntos delincuentes han perfeccionado no solo su modo de operar, sino de defenderse ante las imputaciones de la autoridad que lamentablemente no ha podido superar sus propias limitantes e incompetencias. Ya sea por falta de capacidad, contubernios o simple falta de interés.
