Históricamente, la salud y el bienestar de los ciudadanos han sido activos políticos de gran calado que han sido utilizados por los políticos para obtener posiciones de poder a través de cargos elección popular. Sin embargo, es importante subrayar que el “servicio público” es uno de los actos de mayor nobleza y es ambivalente que éste se utilice para conseguir la aspiración más egoísta que es “la de ejercer el poder, por el poder en sí mismo” si no existe una verdadera vocación, congruencia y pasión por México.
Es una realidad que los políticos de diversos partidos han utilizado los programas públicos de salud en distinta proporción y el partido en el poder no es la excepción, ya que se ha enfocado en construir de manera velada estrategias de manipulación ofreciendo algún tipo de beneficio y/o servicio a cambio del respaldo ciudadano en las elecciones.
Los ciudadanos hemos sido testigos como en las últimas semanas el gobierno federal ha echado mano de su poder y de los recursos públicos que administra para manipular a la población en beneficio del partido Morena en los próximos comicios del 6 de junio a través de la vacunación contra la covid-19, principalmente. Ante una creciente molestia nacional, muchos de nosotros nos hemos convertido en observadores, en contralores sociales y cada vez somos más los que alzamos la voz en contra de posibles delitos electorales y arbitrariedades que se generan por la toma de decisiones del poder ejecutivo en funciones.
También hemos sido críticos con respecto a la calidad de las y los candidatos que contienden actualmente por un cargo de elección popular, sin embargo, debemos enfocarnos en conocer sus propuestas en función de nuestras necesidades reales como nación con la claridad de que cada acción de gobierno, y en específico las acciones de salud y bienestar, son un derecho social por antonomasia y que están inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º. y en la Ley General de Salud. “La salud es un derecho, no un privilegio” “el derecho a la protección de la salud se exige, no se implora” sin olvidar que proteger la salud individual y colectiva es también, un acto de corresponsabilidad.
Todos debemos tener presente que el derecho a votar en libertad no debe estar condicionado a una promesa de campaña, ya que tener agua potable, alumbrado público, acceso a una educación y servicios de salud, entre otros, deben ser acciones gubernamentales que se materialicen gracias a la contribución de todos los mexicanos por el pago de los impuestos y de una correcta gestión gubernamental que de facto eliminaría la posibilidad de que suceda algún acto de corrupción. "Nada es gratis y el que paga manda"
El derecho a la protección de la salud tiene un costo y es altísimo, porque el reto de mantener a una sociedad sana requiere de estrategias inteligentes sin demagogia y trabajar de manera coordinada con los ciudadanos a nivel individual y en colectivo, así como con otros sectores del gobierno, con los distintos órdenes de gobierno, con la iniciativa privada y con la sociedad civil organizada.
La politización de las acciones del ejecutivo limita su capacidad para definir estrategias para la contención real de una pandemia, para atender las problemáticas que se agudizan por el debilitamiento estructural para la atención de otras enfermedades como las crónicas no transmisibles y de alto costo como los cánceres, y reduce su visión y capacidad de prospectiva sobre el impacto económico y estructural que será la atención de las secuelas originadas por la enfermedad covid-19.
Si este gobierno fuera diferente a los demás, estarían trabajando para salvarnos de esta catástrofe, no para salvar sus escaños en la cámara baja tal y como lo están haciendo a cualquier costo, aunque ese costo sea la moneda de cambio que también pagamos todos, a costa de las vidas, la calidad de vida y el bienestar de la población.