Las redes sociales se han convertido en la nueva arena de la contienda electoral. Este fenómeno ha atraído la atención y las sentencias de las autoridades jurisdiccionales.
La semana pasada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que 76 personas conocidas como influencers vulneraron la equidad en la contienda y también la veda electoral -en el marco de los comicios concurrentes de 2021-, al emitir mensajes de apoyo al PVEM en sus cuentas de Instagram.
Según la conclusión del Pleno, se trató de una campaña sistemática, concatenada y conjunta, cuya finalidad fue llamar al voto en favor de dicho partido y, si bien, las personas involucradas justificaron su actuar en el derecho a la libertad de expresión y espontaneidad en la emisión de ideas y opiniones, las frases que se utilizaron contenían elementos y referencias electorales sobre la fuerza política mencionada, cuyo propósito era persuadir al electorado para apoyar al PVEM en época de veda.
En este punto debo destacar que, desde mi perspectiva, se tuvo que analizar el subelemento de ‘expresión reiterada de la voluntad’, es decir, la confección de un grupo que, en términos llanos, constituyó momentáneamente una persona ficticia, que de manera coordinada y concertada promovió el voto en favor del partido un día antes y durante la jornada electoral.
Por estas razones, el PVEM fue multado con más de 118 millones de pesos (25 por ciento de su financiamiento anual para actividades ordinarias) por su responsabilidad directa como orquestador de la campaña propagandística.
A las y los influencers responsables, la Sala Especializada les impuso multas a partir de sus capacidades económicas que, de forma global, equivalen a casi un millón de pesos.
En la sentencia también se establecieron medidas de no repetición como la emisión de una disculpa pública a través de Instagram por parte de las y los influencers y la toma de un curso relacionado con la contienda electoral y el empleo responsable de las redes sociales.
Desde mi posición (expuesta en un voto concurrente), las sanciones debieron ser mayores al calcularse a partir del valor asignado por el INE a cada publicación en su dictamen de fiscalización, cuya validez ya fue confirmada por la Sala Superior.
Adicionalmente, considero, se debió dar vista al propio instituto para que, en el ámbito de sus atribuciones, iniciara un procedimiento para determinar si el Verde debía o no perder su registro como partido político ante la realización de conductas graves, sistemáticas y reiteradas.
Esta sentencia aún puede ser impugnada ante la Sala Superior del tribunal y nosotros estaremos atentos a su dictado.
Lo que es un hecho es que este no será el último asunto relacionado con las redes sociales y las elecciones que resolveremos. La ventaja es que, hoy, las autoridades contamos con más y mejores herramientas para detectar posibles fraudes a la ley, incluso, en las plataformas digitales, las cuales no son ni serán territorio de nadie.
Hasta nuestra próxima entrega.