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La responsabilidad de la Corte

Parece que a la Corte le toca demostrar la lealtad a que se refiere el General Cienfuegos | Rodolfo Aceves Jiménez

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Escrito en OPINIÓN el

La controversia constitucional sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no solo tiene de fondo la seguridad del país.

El trasfondo alcanza al tema de seguridad en la relación bilateral de México con Estados Unidos, así como al desarrollo de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (NAFTA, por sus siglas en inglés) y, por tal razón, los actores políticos se encuentran a la expectativa de la resolución de la Corte.

El texto de la LSI que aprobó el Congreso contiene deficiencias que la SCJN no puede omitir.

Uno de ellos es, que el legislador tomó el concepto de seguridad interior que se encuentra contenido en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2013 – 2018 y lo elevó a rango de ley; es decir, utiliza un concepto de consumo interno en los planes y programas de las Fuerzas Armadas para subsanar una deficiencia conceptual, cuando lo correcto debió haber sido que las comisiones del Congreso incorporaran en la Carta Magna la función de seguridad interior en el texto del artículo 21, en una oportunidad para reordenar la descuidada seguridad como función de Estado, ausente en la Constitución.

Hay otras consideraciones tácticas y operativas que se estiman que la Corte difícilmente podría subsanar, debido a que no caben en la esfera eminentemente legal, sino de operación.

TLCAN y seguridad

El contexto de la seguridad en el marco de la negociación de NAFTA en la década de los 90 se encontraba en que Estados Unidos llevaba mano, bajo la presión que hizo al gobierno mexicano, a propósito del asesinato del agente de la Drugs Enforcement Agency (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, que presionó los temas de seguridad de la agenda bilateral, incluyendo la precipitación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el nacimiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), poco tiempo después de la caída del muro de Berlín, evento significativo con la reconfiguración de la seguridad en el mundo.

Hoy, la Casa Blanca podría considerar que la seguridad de su país se encuentra en riesgo, en virtud del estado de inseguridad mexicano sumado a la corrupción, que convierte a las fronteras en un foco rojo de consideración y permeabilidad de grupos subversivos a los intereses norteamericanos, como la yihad de Oriente Medio. Razones no le sobran.

TLCAN y elecciones 2018

Por otra parte, coincidió que el proceso electoral mexicano haya postergado las negociaciones del NAFTA, es decir, se conjuntaron la controversia de la LSI y podría ser que se politizara el tema de seguridad de la agenda bilateral, que vino a presionar las negociaciones del TLCAN.

Luego entonces, el tema de la LSI en la Corte vino a ser factor de decisión de la renegociación del TLCAN y la seguridad en la relación bilateral, que no es poca cosa.

La Corte tiene un doble delicado papel. Por un lado, pronunciarse respecto de la constitucionalidad de una norma necesaria para el país, pero que su contenido no satisface las necesidades de seguridad; por otro lado, del resultado de su sentencia podría depender el posicionamiento del gobierno norteamericano en la fase definitiva de las nuevas negociaciones del TLCAN.

No solo eso, sino que el Consejo de la Judicatura Federal que dirige el ministro presidente de la SCJN, debe demostrar que también tiene voluntad para erradicar la corrupción, a propósito del descubrimiento de la venta de exámenes para el concurso de jueces que se acaba de descubrir y, con ello, combatir la probabilidad del establecimiento de un cartel de la toga, al interior del Poder Judicial Federal.

Parece que a la Corte le toca demostrar la lealtad a que se refiere el General secretario Cienfuegos.

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