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La resiliencia en la administración innovadora de riesgos

México está clasificado como uno de los 30 países más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales.

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Escrito en OPINIÓN el

En su informe Impulsando la resiliencia a través de la Administración Innovadora de los Riesgos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en los últimos diez años, el costo económico por siniestros a nivel mundial fue de mil 500 millones de dólares; destacando los terremotos en Chile y Nueva Zelanda, en 2010 y 2011, respectivamente, que costaron 10 y 20 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). http://bit.ly/1pjFtBL

 

Además, el reporte también recuerda el tsunami y el desastre nuclear en Japón (2011), el cuál impactó en la economía mundial debido a la interrupción de sus cadenas de suministro industrial.

 

Andrew Maskrey, coordinador del informe Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explica que “los desastres afectan directamente el rendimiento de los negocios y socavan a largo plazo su sostenibilidad”. Añadiendo que “los terremotos, inundaciones, sequías o erupciones volcánicas pueden paralizar la producción y dañar las redes de transporte, energía, puertos y aeropuertos”.http://bit.ly/1gXatIs

 

En este contexto y debido a su ubicación geográfica, México está expuesto a una amplia variedad de peligros geológicos e hidrometeorológicos; según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales en el país.

 

Mientras que datos de la OCDE indican que entre 1970 y 2011 las tormentas fueron el fenómeno natural de mayor ocurrencia (38 por ciento), seguido por inundaciones (28 por ciento) y sismos (12 por ciento). Incluso, nuestro país está clasificado como uno de los 30 países en el mundo más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales.

 

Al respecto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que el 41 por ciento del territorio corre el riesgo de verse afectado por tormentas, huracanes e inundaciones; el 37 por ciento, por incendios forestales; el 29 por ciento por sequías; y el 27 por ciento por sismos.

 

Durante la pasada administración federal se destinaron un total de 94 mil 406 millones de pesos para enfrentar los efectos de los fenómenos naturales; sin embargo, aunque estos fueron superiores a los del sexenio que le precedió, no fueron suficientes para mitigar los gastos generados por las afectaciones. Por ejemplo, en 2010, los costos por lluvias severas que afectaron gran parte del territorio ese año fueron de 54 mil 770 millones de pesos, y solamente se erogaron 14 mil 838 millones de pesos, según una estimación realizada por el INEGI.

 

Por otra parte, no podemos olvidar los desastres ocasionados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”, las cuáles afectaron a casi dos terceras partes del territorio nacional, aunado a que 534 mil hectáreas resultaron dañadas, esto de acuerdo con un reporte de daños de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicado a finales de septiembre de 2013.   

 

En tanto que el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señala que en 2013, el 40 por ciento de la República Mexicana padeció de la sequía en distintos grados de intensidad, y aunque –generalmente- es mayor en los estados del norte, se ha ido intensificando en la zona central del país y actualmente afecta labores importantes en la conformación de la canasta básica alimentaria.

 

Y es que, entre las causas que explican el incremento en el costo y la frecuencia de los desastres, se encuentran los efectos del cambio climático y los fenómenos sociales como la pobreza.

 

Norlang García Arróliga, subdirector de estudios económicos y sociales del Cenapred subraya que los desastres no son naturales, sino que son socialmente construidos por familias que por precariedad económica se asientan en zonas irregulares o desarrollos que se autorizan sin diagnóstico previo.

 

De hecho, refiere que alrededor del 71 por ciento de los municipios con declaratorias de desastre en los últimos meses tienen índices de marginación entre alto y muy alto. Los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco son los que presentan más declaratorias de desastre en los últimos años. 

 

Bajo este escenario, en su tercer Informe de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto, manifestó que dos de sus diez medidas, buscan impulsar el desarrollo de las regiones con mayor rezago, para combatir la pobreza y la desigualdad, así como apoyar las actividades productivas de las zonas rurales de mayor marginación. Con estas acciones en las regiones más vulnerables se podrían contar con mayores herramientas para prevenir y mitigar los desastres naturales.

 

Sin embargo, es urgente que el Gobierno Federal comience también a tomar medidas para aumentar la conciencia pública, ya que la prevención es parte sustantiva de la gestión integral de riesgos, la cual –cada día– cobra una mayor relevancia estratégica en el esfuerzo por disminuir el creciente impacto social y económico que provocan los desastres naturales, mismos que inciden desfavorablemente en la sustentabilidad y desarrollo de México.

 

Es tiempo de establecer políticas y estrategias efectivas de prevención y mitigación; así como educar en materia de protección civil y mejorar la toma de decisiones con relación a los planes de desarrollo urbano y reordenamiento del territorio. Todo esto con el objetivo de reducir los efectos de los fenómenos antes de su ocurrencia, ya que de lo contrario podrían convertirse en un riesgo para la seguridad nacional y, en particular para el desarrollo económico y social del país.

 

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