Nadie puede negar el nivel de legitimidad que posee el presidente de la República que, además, no sólo proviene de un gran número de votos sino de su creciente aceptación entre la sociedad. Eso debería ser positivo para la construcción de un consenso democrático en torno de la cuestión de un proyecto nacional verdaderamente representativo.
En este contexto, el presidente apuesta a desarticular toda red de intermediación entre él y la gente. Entre su gobierno y los beneficiarios de cualquiera de sus acciones. A reducir lo más posible los espacios de representación política, incluso dentro de su propio gobierno y sus legisladores. Para explicar esto, apunta a que toda intermediación ha fomentado la corrupción (sin duda, hay que concederle que muchas de estas han sido falsas representaciones políticas enmarcadas por el abuso) y, por eso, su solución son las transferencias masivas de recursos a personas físicas.
Minorías
No obstante, esto presenta problemas importantes pues, la otra cara de la democracia, aquella que no se refiere a la decisión de las mayorías, es la que se relaciona con la protección y representación de las minorías. No me refiero con esto a los partidos políticos sino a aquellos grupos sociales cuyas voces defienden causas específicas, que no aspiran al poder político (no van a competir por cargos públicos) pero que en efecto representan a fracciones de una sociedad y lo hacen desde la legitimidad que les da la confianza de esos grupos sociales a los que apoyan, desde su conocimiento especializado en ciertos temas o desde los resultados que han dado para impulsar cambios relevantes y positivos en la sociedad.
Muchas de estas minorías están organizadas en la llamada sociedad civil que, en efecto, no interactúa desde un espacio de representación política pero que ayudan a visibilizar temas que, al no ser parte de la agenda de cualquier gobierno en turno, pueden ser importantes para la defensa de derechos de personas vulnerables o para la ampliación de derechos (podemos tomar como ejemplo las organizaciones que han logrado poner en la agenda pública a las trabajadoras del hogar).
Es cierto que el crecimiento la sociedad civil organizada ha estado relacionada con el achicamiento del Estado y sus funciones (producto de recortes permanentes al gasto social, por ejemplo, en las últimas décadas). Pero también es cierto que esa ampliación se ha dado por la cada vez más compleja red de derechos reconocidos de los que las personas debemos gozar y respecto a los cuales los Estados ponen pretextos e ignoran sus obligaciones. En ese sentido, no es del todo cierto que la mayor presencia del Estado que está promoviendo López Obrador, implica que ya no haya necesidad de una sociedad civil fuerte, pues, como lo hemos notado, la visión del presidente y su gobierno en ciertos derechos es particularmente estrecha: los ambientales, los de igualdad de género, los de niñas y niños, etc.
Representación
Hoy, estos espacios parecen estar en duda por el amplísimo apoyo social de Andrés Manuel López Obrador. El presidente lo sabe y, en ese sentido, ha dejado claro que no cederá espacio a otra representación que no provenga del electorado. Lo hace, sabiendo que su oposición política está sumamente desacreditada y con poco margen para reconstruirse en el corto plazo; sabiendo que es sólo desde otros espacios de lucha desde donde podría surgir alguna causa legítima que le dispute el discurso público.
López Obrador es un líder social, sabe que la construcción de bases toma tiempo, toma mucho esfuerzo y muchos recursos. Sabe que ninguna de las organizaciones de la sociedad ni ningún liderazgo visible, hoy por hoy, pueden poner en riesgo lo que construyó los últimos 18 años, ni su proyecto de gobierno, salvo sus propios errores o circunstancias ajenas a su control (como las económicas de las que ya escribí anteriormente). En ese sentido, todo lo que tiene que hacer para mantener el apoyo que hasta hoy recibe es cerrar la mayor cantidad de espacios no controlados por él para hacer los cambios que tiene en mente. Así se entiende su insistencia en meter a todas las organizaciones bajo la etiqueta de “fifís” y no darle ningún “juego” público a ninguna, aún si su trabajo las respalda, si sus causas son positivas o si, incluso, si están en línea con sus promesas de transformación. Hoy por hoy, la representación política democrática es únicamente él.